La reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace un lustro, pesa como una losa sobre la economía regional. La Comunidad no ingresa los recursos necesarios para costear los servicios públicos desde que asumió las competencias de Sanidad y Educación, a finales del pasado siglo. En lo años de crecimiento económico la recaudación de impuestos daba para tapar el agujero provocado por la falta de financiación, pero desde el inicio de la crisis está disparando la deuda de la Administración regional hasta casi los 9.500 millones de euros. Con esta carga financiera, la capacidad inversora del Gobierno regional es mínima e impide poner en marcha cualquier proyecto. Todos los partidos coinciden en la urgencia de la reforma, pero cada uno tiene su propia receta para acabar con los agravios financieros.

Partido Popular. 'Acortar distancias'

El PP sostiene que ha recogido en su programa electoral «el compromiso de reforma del sistema de financiación autonómica, tan perjudicial para la Región. Los diputados y senadores que salgan elegidos en las próximas elecciones tienen claro que es una de las prioridades de la legislatura». Aboga por un cambio «basado en los principios de igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad, que corregirá la asimetría existente en la actualidad», y por «soluciones para las comunidades más pobladas que, como Murcia, han sido hasta ahora las peor financiadas».

Ante la cláusula de 'statu quo' que perpetúa los privilegios adquiridos por las demás comunidades, plantea «una reducción progresiva para recortar la distancia entre las regiones mejor y peor financiadas; si se mantiene tal como está, seguirá existiendo un sistema injusto y perjudicial para regiones como la nuestra».

Para liberar a Murcia del peso de la deuda acumulada, el PP propone que «la Región sea compensada por la infrafinanciación que ha sufrido desde 2009. Nuestra propuesta pasa por la mutualización de la deuda, que en un 80% tiene como origen la mala financiación».

Partido Socialista. Para la mitad de la legislatura

El PSOE admite que la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica «depende de que las diferentes comunidades se pongan de acuerdo. Para ello, lo primero es disponer de un Gobierno en España que crea en el Estado de las autonomías y dé estabilidad. El actual está caducado desde el 1 de enero de 2014, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta en España y en la mayoría de autonomías. Tuvo oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Dar plazos es muy complicado, porque a algunas les va muy bien con el actual. En cualquier caso, hay que hacerlo en la primera mitad de la próxima legislatura». Para el PSOE es prioritario revisar también modelo de financiación local, junto con el reparto autonómico.

Los socialistas piensan que «el criterio de población tiene que ser muy relevante en cualquier modelo de financiación territorial, pero no será el único. Hay que acordar la forma de que el nuevo modelo compense a las comunidades que han sido peor financiadas por el actual, especialmente Murcia, Valencia y Baleares», pero apuntan que «tenemos que ser muy realistas, la cláusula del 'statu quo' va a ser muy difícil de resolver. Hay que buscar formulas alternativas de mejora del sistema para que todas las comunidades salgan beneficiadas. Posiblemente haya que hacer un fondo para redistribuir el incremento de los recursos que genere el sistema hasta conseguir una nivelación efectiva». Recuerda que la Constitución establece el principio de solidaridad entre comunidades. «Cuando se inicie el proceso, el Gobierno regional tendrá que demostrar capacidad e inteligencia para negociar».

Apuntan que el estudio de la firma AFI encargado por el Gobierno regional, que calcula una infrafinanciación de 7.500 millones desde 2009, «lo que mide es el déficit de financiación en la prestación de los servicios de educación, sanidad y sociales. Es decir, la diferencia entre lo que le cuesta a la Comunidad y lo que recibe del Estado, pero no el déficit del actual sistema de financiación autonómica. Son dos cosas muy diferentes. Una vez que conozcamos cuál es déficit real del sistema es cuando habrá que negociar fórmulas, como la condonación del incremento de la deuda debida al sistema o cualquier otro mecanismo de compensación».

Ciudadanos. Unos 2.000 millones perdidos

Ciudadanos también ve difícil calcular los ingresos reales que ha perdido la Región en los últimos diez años por «el déficit de la financiación, aunque tiene sus propios números. «Si comparamos el sistema de financiación vigente (de 2009) con el de 2001, hay una pérdida de 200 millones de euros anuales.

En los últimos años, la Región ha acumulado por déficit de financiación una cantidad aproximada de 2.000 millones de euros. Lo que no compartimos es el cálculo efectuado por el PP, que lo cifra en 7.500 millones en un intento fallido de maquillar su mala gestión que ha llevado a la Comunidad a una deuda actual que ronda los 9.400 millones de euros».

Ante esta situación, considera que la reforma debe aplicarse «de inmediato. La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia no admiten más esperas». La formación naranja reclama una reforma del sistema de financiación económica «bajo el concepto de la igualdad. Debemos establecer un sistema que garantice el acceso efectivo a los servicios públicos esenciales para todos los ciudadanos, eliminado la actual desigualdad existente.

Y en ese sentido, proponemos: armonizar impuestos y que cada comunidad asuma el coste político de sus decisiones, garantizar la lealtad institucional entre autonomías y Estado, establecer estándares mínimos en los servicios públicos esenciales, garantizar la igualdad de acceso de todos los españoles con independencia del territorio en el que vivan, solventar la infrafinanciación de regiones como la Comunidad Valenciana o Murcia, que reciben menos dinero por habitante sin ninguna justificación, y hacer que las comunidades forales contribuyan a la solidaridad».

Ante las servidumbres impuestas por la cláusula de 'statu quo', apela a «la responsabilidad y la lealtad institucional. El Estado debe jugar el papel que le corresponde en este asunto para aplicar criterios de igualdad para todos los ciudadanos en cualquier punto del territorio nacional». Para liberar a la Región de la deuda acumulada propone aplicar la solución recogida en la reforma del Estatuto de Autonomía, que «establece como punto de partida la negociación con el Estado».

Unidos Podemos. El Estado debe recaudar más

Unidas Podemos considera necesario reformar el reparto autonómico en la próxima legislatura con un criterio de distribución que «dé soluciones a las regiones más pobladas, como Murcia, que ha sido hasta ahora una de las peor financiadas. Hace falta una reforma para asegurar una financiación suficiente de los servicios públicos fundamentales».

Añade que para sortear el 'statu quo' «el Estado debe recaudar más para luego poder repartir y garantizar unos servicios públicos de calidad. El problema no está tanto en el supuesto egoísmo de las comunidades autónomas, sino en los ingresos. No hay otra vía que la negociación política y una reforma fiscal solidaria. El acceso a una educación pública de sanidad y a una sanidad pública sin listas de espera tiene que estar garantizado en todos los territorios». Respecto a las compensaciones por la deuda de la Comunidad, dice que también debe haber una solución negociada para establecer «un mecanismo corrector de la infrafinanciación».

Vox. Devolver competencias

Vox aboga por desmantelar «los chiringuitos autonómicos» y establecer criterios de reparto que beneficien a las comunidades más pobladas, como Murcia, «que han sido hasta ahora las peor financiadas. Todos los españoles son iguales y por ello nos opondremos al reparto actual, que premia a las comunidades desleales con España frente a otras, como Murcia, ejemplo de lealtad constitucional». Frente al 'statu quo' plantea «la igualdad de todos los españoles, devolviendo competencias al Estado que generan los abusos y las desigualdades».

Somos Región. Reducir el fraude fiscal

Somos Región calcula que Murcia ha acumulado un déficit de 800 millones desde 2009 imputable a los perjuicios originados por el sistema de reparto de la financiación vigente y defiende la urgencia de la reforma para introducir una fórmula que garantice «la solidaridad y la equidad» entre comunidades autónomas. También considera necesario acabar con las condiciones que establecen «beneficios para unas comunidades autónomas y penalizaciones para otras». Ve necesario además reducir el fraude fiscal como una forma de aumentar los ingresos, al entender que aportaría una elevada cantidad al sistema, aunque da por hecho que también es preciso «controlar el gasto público».