El nuevo contrato para la gestión del canal autonómico 7TV, que el Gobierno en funciones de Fernando López Miras se dispone a sacar a licitación contrarreloj, es una de las primeras actuaciones que deberá acometer el nuevo Gobierno en cuanto tome posesión. La pretensión del Ejecutivo saliente ha sido ajustar los plazos del proceso de licitación de tal forma que no quede tiempo material para poner en cuestión el actual modelo de gestión indirecta, que consiste en que la Comunidad ofrece una subvención a la concesionaria para que asuma la producción de las emisiones ajustándose a los requisitos del pliego de condiciones.

Cualquier interferencia pondría en peligro la posibilidad de que la nueva concesionaria llegue a tiempo de empezar a emitir el próximo mes de abril, cuando expira el contrato vigente, lo que se traduciría en un duro castigo para el partido que en ese momento ocupe el palacio de San Esteban. El candidato del PSOE a la Presidencia, Diego Conesa, ya ha anunciado su intención de presentar alegaciones al estudio de viabilidad publicado en el BORM hace un par de semanas, que fija en 64 millones el coste del nuevo contrato para el periodo comprendido entre 2020 y 2025. Conesa rechaza el sistema que López Miras pretende dejar resuelto y piensa proponer una fórmula distinta.