Hace falta un cambio radical en la economía y el estatus social de la Región», sostienen los portavoces de Intersindical. Los trabajadores, aseguran, soportan desde el año 2007 todo el peso de las «duras» políticas que se han implantado por la crisis que -como así denuncian- se han traducido en datos sociales «alarmantes» para la Región: uno de cada tres murcianos se encuentra en el umbral de pobreza o riesgo de exclusión, hay más de 107.000 parados según la EPA y la Comunidad es la tercera autonomía con las pensiones más bajas del país. Por eso este sindicato ha elaborado un documento de 65 propuestas para el desarrollo económico y social de la Región, que ya ha sido enviado a todos los partidos políticos para que lo estudien y lo apliquen en sus programas con el objetivo de «revertir» la situación tras el 26M. «La recuperación tan esperada no ha llegado a las clases populares», advierte José Manuel Fernández, uno de los portavoces, que pide «otra agenda social» para acabar con la precariedad.

Este documento recoge medidas transversales, que trazan desde la sostenibilidad de las ciudades y la calidad del medio ambiente hasta la potenciación del comercio de cercanías y un transporte público que no contamine. El primer punto exige el rechazo de cualquier política de privatización de servicios públicos; el segundo pide un programa para la rehabilitación de las viviendas y el tercero reclama planes para los espacios urbanos. Otras medidas pasan por garantizar el soterramiento de las vías, por asegurar los planes de igualdad en el trabajo y por la reducción de la jornada laboral a las 35 horas laborales, así como por el incremento del salario mínimo y de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mensuales. «La economía tiene que estar al servicio de las personas», claman.