Reformar de manera inmediata la Ley Electoral de la Región para acabar con las cinco circunscripciones y crear una sola. Promover cambios legislativos para establecer nuevas formas de participación directa de la ciudadanía en la actividad política regional. Y, sobre todo, comprometerse a no establecer acuerdos de gobierno ni de investidura con partidos políticos que cuenten entre sus cargos públicos con imputados (o figura legal equivalente) por delitos de corrupción.
Estos son los tres puntos clave del ´pacto del Moneo´ (se ha fraguado en reuniones que tenían lugar en el edificio administrativo del ayuntamiento de Murcia, en el corazón de la ciudad), el acuerdo que cinco formaciones políticas que se presentan a las elecciones autonómicas suscribirán mañana con el objetivo de regenerar la vida política en la Región, donde consideran que se ha producido «un importante deterioro de la calidad democrática» en los últimos años, debido a la aparición de casos de corrupción vinculados a cargos públicos.
Los firmantes del pacto, impulsado por el Foro Ciudadano, serán los candidatos a la presidencia de la Comunidad Rafael González Tovar (PSRM-PSOE), José Antonio Pujante (Ganar la Región de Murcia), César Nebot (UPyD), Óscar Urralburu (Podemos) y Miguel Sánchez (Ciudadanos). La firma oficial del acuerdo se llevará a cabo a las 10.30 horas de mañana sábado en un acto que tendrá lugar en el salón de actos del edificio Rector Sabater de la Universidad de Murcia, situado en Ronda Levante.
Al pacto no se ha invitado al PP, el partido político que gobierna la Región desde hace 20 años. El motivo que alegan las otras formaciones es que no tenía sentido abrir la puerta al PP a un acuerdo cuando incumple uno de los puntos fundamentales, que es el de no tener imputados en las candidaturas y en las instituciones. Los promotores recuerdan que el PP mantiene como delegado del Gobierno a Joaquín Bascuñana, imputado por el caso Novo Carthago, y ha incluido en las listas a personas con cuentas pendientes con la Justicia como la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (aunque el fiscal ha solicitado que se archive su causa) y la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, a la espera de juicio.
El acuerdo sorprendió en el PP regional, que no fue invitado a las negociaciones. Y viene a reforzar una de las ideas que está repitiendo durante la precampaña a su candidato a la presidencia de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el sentido de que si no gobierna el PP lo hará una coalición de partidos con incierto resultado. Sánchez apeló a la estabilidad política que, a su juicio, necesita la Región para confirmar la recuperación económica. «Parece un acuerdo para aliarse contra el PP, como ya pasó en Cataluña. Aquí sería para que gobernara en la Región un ´pentapartito´, lo que merece una reflexión de los ciudadanos. Ahora que nos estamos recuperando, ¿en manos de quién nos vamos a poner?», dijo Sánchez, quien cree que con este pacto «le iría bien a sus firmantes y a unas cuantas personas, pero la Región perdería cuatro años».
El documento que firmarán los cinco partidos comienza con una reflexión sobre la importancia de las elecciones del 24M, «que se realizan en un momento especial en que la sociedad está sufriendo las consecuencias de una grave crisis multidimensional que, junto a su vertiente económica, muestra unas dramáticas repercusiones sociales y se acompaña con una fuerte reclamación de cambios institucionales y políticos».
Respecto a la Ley Electoral, los cinco partidos firmantes proponen «rebajar el porcentaje mínimo para poder obtener representación, que pasaría del 5% actual al 3%, como ocurre en la mayoría de comunidades autónomas uniprovinciales», con el fin de «garantizar la mayor proporcionalidad posible entre el número de votos y los cargos electos que forman parte de la Asamblea Regional».
Otro de los compromisos que se suscriben es el de «no apoyar la elección como senadores de designación autonómica a personas que estén formalmente imputadas (o figura legal equivalente) por estos mismos delitos». Esto imposibilitaría que estos partidos apoyaran la designación de Miguel Ángel Cámara como senador autonómico, en el caso de que el PP decidiera proponerlo.
Otro de los puntos del pacto es establecer fórmulas para que se puedan debatir en la Asamblea propuestas políticas que vengan directamente de la sociedad, de forma que «sean aprobadas por el cuerpo electoral por votación directa, como existe y se practica en otros países democráticos». También se pretende regular la Acción Legislativa Popular, que consiste en una versión más avanzada que la Iniciativa Legislativa Popular.
