El Partido Popular ya conoce las condiciones que tendrá que cumplir si quiere que los diputados y concejales electos faciliten la investidura de sus candidatos tanto para el Gobierno de la Comunidad Autónoma como para una docena de ayuntamientos de la Región de Murcia, entre ellos los de Murcia, Lorca y Molina de Segura, en los que el partido de Albert Rivera tiene la llave de la gobernabilidad tras los resultados de las elecciones del pasado 24M.

El Comité Nacional de Pactos Postelectorales de Ciudadanos, que se reunió ayer en Barcelona y que no cuenta con ningún representante de la Región de Murcia, elaboró un documento base que tendrán que seguir sus dirigentes municipales y autonómicos a la hora de establecer acuerdos con otros partidos en ayuntamientos y comunidades autónomas. Además de en la Región, donde el PP necesitaría el apoyo del partido naranja para que Pedro Antonio Sánchez sea presidente de la Comunidad, los populares también dependen de Ciudadanos para seguir controlando los Ejecutivos de Madrid, La Rioja y Castilla y León.

El texto, además de la ya conocida exigencia de que los imputados no pueden permanecer en las instituciones ni en los puestos de responsabilidad de los partidos, Albert Rivera pone como condición de que solo negociarán con formaciones políticas que designen a sus candidatos a través de elecciones primarias. En la Región, el PSRM y Podemos -partidos que también podría formar Gobierno con Ciudadanos, aunque esta opción parece poco probable a tenor de lo que vienen diciendo los dirigentes regionales- cumplen esta premisa, pero no así el PP, que tendría que reformar sus estatutos, o comprometerse a hacerlo en el próximo congreso regional, para poder negociar la investidura de Pedro Antonio Sánchez. Ayer nadie en el PP regional se pronunció sobre la posibilidad de pactos.

El documento de Ciudadanos, elaborado por personas de confianza del líder nacional, señala que la postura inicial de los ediles y diputados autonómicos será la de votar en contra de cualquier investidura. Para que cambien de postura y voten a favor o se abstengan será necesario negociar. No establece por ningún lado que se vaya a dejar gobernar a la candidatura más votada. Solo se descarta hablar con partidos «que quieren dividir nuestra nación y dinamitar la convivencia entre los españoles».

Ciudadanos exige un plan de choque contra la corrupción, que incluiría la exclusión de los imputados de los cargos púlbicos. También proponen prohibir las donaciones a los partidos de empresarios o directivos que tengan contratos con la Administración, acabar con las condonaciones de créditos bancarios a los partidos políticos, exigir transparencia máxima a los partidos en sus cuentas y castigar a aquellos cargos públicos que falsean sus currículums.

En el documento se insta a la reforma de la Ley Electoral para permitir las listas abiertas, así como un compromiso para reducir a la mitad los gastos electorales con medidas como, por ejemplo, el envío conjunto de todas las papeletas de voto a los hogares españoles. Ciudadanos exigirá que se eliminen los aforamientos, que se limiten los cargos de libre designación a los subdirectores generales y endurecer la ley de incompatibilidades para evitar las puertas giratorias. Otras condiciones ya las cumple el PP regional, como la de la limitación a ocho años de los mandatos de los presidentes de las comunidades autónomas. El Gobierno de Garre estableció esta modificación en la Ley del Presidente y Pedro Antonio Sánchez lleva en su programa extender la limitación de mandatos a todos los cargos de la Administración, así que en ese aspecto no deben tener problemas para ponerse de acuerdo.

El Comité Nacional de Pactos Postelectorales contiene asimismo una serie de propuestas económicas como priorizar la investigación y el desarrollo tecnológico, reducir trabas burocráticas a los emprendedores, establecer la ventanilla única, favorecer el acceso al crédito bancario y reducir el tramo autonómico del IRPF, propuesta esta última que figura en el programa económico de Pedro Antonio Sánchez. También dar un giro a las políticas activas de empleo «evitando los oligopolios de sindicatos y patronal».

Defender los servicios públicos e incrementar la dotación presupuestaria para sanidad, educación y dependencia para equipararlas a la media europea son otros de los puntos del documento base para los pactos.

Desde la Región de Murcia, el diputado electo Juan José Molina asume las condiciones fijadas por la dirección nacional y añade que en la Región se exigirán comisiones de investigación parlamentarias sobre asuntos como el aeropuerto de Corvera, el caso Novo Carthago y la desalinizadora de Escombreras, así como auditorías.