Óscar Urralburu podrá finalmente ser candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las elecciones del próximo 24 de mayo. La Junta Electoral Provincial, que había puesto pegas a su candidatura y a la de otros cuatro miembros de las listas de la formación (entre ellos Antonio Urbina y María Giménez, cabezas de lista en las circunscripciones de Cartagena y el Guadalentín) por no estar censados en la Región, aceptó finalmente las alegaciones presentadas por Podemos y permitirá finalmente a los candidatos concurrir a los comicios. Sin embargo, ni Urralburu ni los otros candidatos afectados podrán votar en la Región de Murcia, pues el censo regional ya se encuentra cerrado.

El candidato autonómico de Podemos conoció la decisión de la Junta Electoral Provincial sobre las dos de la tarde. La resolución, que todavía no tienen las partes, reconoce el derecho de Urralburu, Giménez y Urbina al sufragio pasivo, a pesar de no estar empadronados en la comunidad autónoma en la que se presentan y en la que los tres llevan viviendo desde hace décadas. Horas después de conocer lo acordado por la Junta Electoral Provincial, el dirigente de Podemos ofreció una rueda de prensa en la sede que ha abierto la formación para las elecciones en la calle Mariano Vergara de Murcia. Las caras de satisfacción y los abrazos que se daban entre ellos los militantes del partido de Pablo Iglesias en la Región -parecía que celebraban la victoria electoral- dejaban bien claro la tensión y la incertidumbre vividas en los últimos días.

Óscar Urralburu señaló que «la ley no podía servir para impedir que se presentaran a las elecciones personas que llevan viviendo en Murcia toda su vida». Valoró que la decisión inicial de la Junta Electoral de anular su candidatura se debió «a un tecnicismo», denunciando también que «miles de murcianos que viven en el extranjero no van a poder ejercer su derecho al voto en las elecciones debido a las restricciones impuestas en el voto por correo».

El líder regional de Podemos procede de Pamplona y permanece allí empadronado, a pesar de residir y trabajar en Murcia desde hace más de 20 años, «por motivos familiares y sentimentales». Nunca ha votado en la Región de Murcia, aunque lleva años participando en los movimientos sociales y sindicales. Asegura que, hasta que surgió Podemos, nunca tuvo previsto afiliarse a un partido político ni presentarse a unas elecciones. Cuando decidió optar a las primarias ser candidato autonómico, inició los trámites para empadronarse en Murcia y ser incluido en el censo electoral. Sin embargo, no le ha dado tiempo, pues el plazo se cerró en enero «y no en febrero, que es lo que hubiera sido más lógico», señaló.

El problema que le ha surgido a Antonio Urbina, «murciano de adopción que lleva toda la vida en la Región», como lo definió Óscar Urralburu, es que por motivos profesionales tuvo que trasladarse a Londres. María Giménez, por su parte, es lorquina de nacimiento, pero se empadronó temporalmente en Sevilla por un trabajo que le surgió allí. Hay otros dos candidatos afectados. Dicen desconocer si la Junta Electoral Provincial actuó de oficio contra ellos o si fue algún partido el que los denunció.

En Podemos aseguran además que, en el caso de que la Junta Electoral Provincial hubiera anulado a los cinco candidatos afectados, el proyecto hubiera seguido adelante. «Podemos no es una persona. Ni dos ni tres. Podemos es un proyecto de la gente. De mucha gente», sentenció el candidato autonómico.

Óscar Urralburu, profesor de enseñanza secundaria y asociado de la Universidad de Murcia, quiso dejar claro ayer que, pese a que ha estado empadronado en Pamplona pese a residir en Murcia desde hace más de veinte años, su domicilio fiscal está en la Región y, por tanto, paga en Murcia sus impuestos, algo que, dice, se puede ver en las respectivas declaraciones de la renta que ha presentado desde el año 1989. El candidato quiere así evitar que se vincule su permanencia en el censo navarro con las ventajes fiscales que pueda ofrecer la comunidad foral de Navarra.

Además, Urralburu aseguró que, a título individual, está en contra de los privilegios fiscales de Navarra, reconocidos por la propia Constitución Española y que se mantuvieron incluso durante la dictadura de Franco. Las ventajes se traducen principalmente en el IRPF (presión fiscal menor) y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.