La repetición de las elecciones volverá a suponer un desembolso de, al menos, unos 160 millones de euros, si se atiende a los gastos electorales de la campaña del pasado mes de diciembre. Los partidos políticos han manifestado su voluntad de reducir los costes de campaña, pero difieren acerca de qué conceptos son los que hay que rebajar. Las formaciones reciben subvenciones por sus resultados y, pese a ser una repetición, las leyes españolas no prevén reducciones en las asignaciones para los partidos.
La organización de un nuevo proceso electoral a nivel nacional no era una circunstancia prevista hace cuatro meses, cuando se celebraron las elecciones del 20-D, pero lo ajustado de los resultados y el fracaso de las negociaciones de los distintos partidos para formar Gobierno han desembocado en la necesidad de otros comicios generales.
El gasto en la organización de las elecciones de diciembre generó una suma desglosada en los 48 millones de euros de Correos (voto a distancia y envíos de los partidos), los 12,8 millones que recibió la empresa encargada del escrutinio y la difusión de los datos, otros 12,59 millones de euros en concepto de logística (papeletas, locales, campañas de difusión) y 55,1 millones gastados por las administraciones públicas en todo el proceso (por ejemplo, el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado costó casi 13 millones).
A esta cifra hay que añadir una cifra cercana a los 30 millones de euros y que constituyen las subvenciones del Estado por sus resultados electorales. En el siguiente gráfico se muestran las cantidades que los cuatro partidos políticos con más apoyos en las pasadas elecciones recibieron por los escaños que lograron en Congreso y Senado, ya que cada asiento en cada cámara está bonificado con 21,167,64 euros. A esta cantidad hay que añadirle, además, que el Estado abona 0,81 euros por cada voto obtenido siempre que se obtenga escaño.
Los partidos políticos planean sus presupuestos de campaña en función de sus previsiones de escaños y reciben las subvenciones a posteriori, una vez que se constituyen las Cortes, por lo que el desembolso para la campaña parte de sus propias arcas. En todo caso, para las pasadas elecciones, el tope de gasto de cada partido en las elecciones se estableció en unos 13,5 millones de euros (37 céntimos por persona con derecho a voto).
Los partidos no se ponen de acuerdo en qué conceptos hay que poner el acento para ahorrar costes al erario público. El PSOE propone reducir las subvenciones que el Estado paga por ´mailing´ de sobres y papeletas, pero el PP se opone al considerar que supone una vía fundamental de acceso al voto para las zonas rurales. Se ha hablado también de hacer más debates y difundir menos propaganda escrita, así como de reducir la duración de la campaña e incluso, por parte del exdiputado de UPyD, Julio Lleonar, de eliminar las subvenciones. Hasta el momento, sin visos de acuerdo en ninguna de estas vías.
