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La lucha contra el despilfarro

Cuatro claves de la ley contra el desperdicio alimentario en España

La normativa española, en vigor desde el pasado 3 de abril, es una de las pioneras de Europa, junto con la de Francia y la de Italia, ambas de 2016

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Una dependienta tira a la basura unas fresas estropeadas tras romperse la cadena de frío, en un establecimiento del barrio de Sants de Barcelona.

Una dependienta tira a la basura unas fresas estropeadas tras romperse la cadena de frío, en un establecimiento del barrio de Sants de Barcelona.

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Barcelona

La ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, aprobada en 2025 y en vigor en España desde el pasado 3 de abril, ha sido una de las primeras normativas en este ámbito aprobadas en Europa. Le precedieron Italia y Francia, que aprobaron sus respectivas normativas en 2016. Otros países como Alemania no han llegado a formular leyes en sí, pero impulsan repetidamente campañas para reducir a la mitad los desechos de alimentos para el año 2030, tal y como reclama la Unión Europea.

Estas son algunas claves de la ley española.

La ley española, en vigor desde el pasado 3 de abril, prima la prevención del desperdicio, de manera que estimula la adopción de medidas orientadas a evitar que un alimento se pierda, a propiciar la reutilización y a reducir el impacto de las emisiones y la generación de residuos.

Las empresas alimentarias deberán contar con un plan específico para la prevención y la gestión del desperdicio. Quedan exentas el comercio, la distribución alimentaria, la hostelería y restauración desarrolladas en establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados.

El texto, aprobado en el Congreso en marzo de 2025, establece que aquellos alimentos sobrantes en la restauración y el comercio deben tener como destino prioritario la donación para consumo humano y otros tipos de redistribución, por encima dela alimentación animal.

Las empresas agroalimentarias que no dispongan de planes de prevención o que no hayan suscrito acuerdos para donar los excedentes a entidades sociales se exponen a ser sancionadas con multas que pueden llegar a los 500.000 euros.

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