Competencia multa a Repsol con 20,5 millones por vender diésel con descuento a sus clientes y encarecerlo para sus rivales

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado con 20,5 millones de euros a Repsol por "aprovechar su posición de dominio" durante la crisis energética de 2022 para vender diésel barato a sus clientes y caro a sus rivales. El 'superregulador' también le ha prohibido participar en contratos públicos de suministro de diésel durante seis meses.

En concreto, la CNMC acusa a la petrolera de ofrecer descuentos por el gasóleo profesional a los transportistas en su red de estaciones de servicio, mientras encarecía el precio que cobraba a otras gasolineras por adquirir el gasóleo en el mercado mayorista, lo que impedía a las compañías de bajo coste competir.

Repsol ha anunciado que recurrirá la sanción y ha mostrado su rechazo "tajante" a la decisión de Competencia. La compañía afirma que la resolución --que todavía no ha sido publicada-- se apoya "en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022, y no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado". "Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón", sentencia la compañía.

El argumento de la CNMC

Los hechos sucedieron entre abril y diciembre de 2022, coincidiendo con un momento en el que el precio de los carburantes se disparó por la invasión rusa de Ucrania y afectan especialmente al diésel, cuyo precio, durante seis meses de 2022 superó por primera vez al de la gasolina en España. En marzo de ese año, el Gobierno puso en marcha una bonificación de 20 céntimos el litro de carburante. Pero en el caso de los grandes operadores, como Repsol, el descuento era mayor al añadir rebajas adicionales con cargo a sus cuentas (la compañía cuantifica el gasto en 450 millones de euros y en su día lo defendió como una forma de fidelizar clientes). Aunque los descuentos fueron generalizados, la CNMC circunscribe la 'mala praxis' a la rebaja a transportistas y autónomos por el gasóleo profesional.

El Gobierno animó a la compañía a realizar esos descuentos, según reveló la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en Radio Nacional: "Agradecemos este movimiento por parte de Repsol y confiamos que haya movimientos parecidos por parte de otras compañías. Han hecho algo que es clave. Primero, mantener ese descuento para cualquier usuario que utilice su app y sumar un descuento adicional a los profesionales del sector a través de la tarjeta que tienen".

Pero el problema para la CNMC no es solo el abaratamiento de los precios a sus clientes, sino que durante este tiempo la petrolera aumentó "de forma generalizada el precio de venta a sus rivales --estaciones de servicio independientes o de bajo coste-- del gasóleo A". Repsol produce diésel en sus refinerías que suministra en sus propias gasolineras a los clientes finales o vende a sus competidores. Ese 'efecto pinza' entre el alto precio al que las compañías independientes compraban el combustible suministrado por Repsol y las dificultades que tenían de realizar ofertas que se asemejasen a las de la petrolera en sus estaciones de servicio, expulsaba 'de facto' a los operadores más pequeños del mercado, según la CNMC.

La defensa de Repsol

La petrolera defiende que "es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos". Y explica que con esta práctica "no hubo exclusión de competidores ni dependencia real"- "La decisión de la CNMC identifica tan solo doce estaciones de servicio de tres competidores en cuatro entornos locales seleccionados arbitrariaente por la CNMC", explica la compañía en un comunicado, en el que añade que esos operadores —Andamur, Arria y AS24— "aumentaron sus ventas y resultados en el periodo, operaron con márgenes positivos y dispusieron de numerosas alternativas de suministro". 

La empresa insiste, además, en que el 'superregulador' tampoco acredita en su resolución "ninguna salida del mercado de ningún competidor por la supuesta conducta ni a nivel nacional ni en los propios entornos seleccionados" y que de las tres empresas afectadas, una de ellas (AS24) ha reconocido expresamente que "no ha sufrido ningún pinzamiento mediante un escrito aportado a la CNMC, que el organismo regulador ha ignorado". Además, recuerda que, según datos de la propia CNMC, la cuota de mercado de los operadores independientes crece frente a los operadores tradicionales --a finales de 2024 suponían el 45% de las estaciones de servicio (5.736 gasolineras)-- y lamenta que no haya "ninguna referencia al fraude en el expediente, pese a las dos denuncias presentadas por Repsol".

Larga investigación

Fue a finales de 2022 cuando la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos --además de Repsol, también registró las sedes de Cepsa y BP-- tras haber recibido diversas la denuncia de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos. Y en diciembre del año siguiente abrió un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado. Ni de Cepsa ni de BP ha trascendido que hubiera abierto ningún expediente de este tipo.

En los tres años que han pasado desde que se inició el sancionador, el organismo que dirige Cani Fernández afirma haber acreditado que varias sociedades del grupo Repsol (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Campsa y Solred) "desplegaron una estrategia incompatible con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores (estaciones de servicio independientes o de bajo coste), y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019". Esto, siempre según la CNMC, derivó en una práctica de estrechamiento de márgenes comerciales, que es una conducta prohibida para las empresas en posición de dominio según la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y ha valido al 'superregulador' para imponer la multa y prohibir a las tres empresas presentarse a licitaciones públicas para el suministro de diésel por un periodo de seis meses.

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