El Gobierno propone dar 21.000 millones más a las comunidades con el nuevo modelo de financiación autonómica

El proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica elaborado por el Gobierno tras pactarlo con ERC contempla incrementar los recursos anuales que recibirán las comunidades en 20.975 millones de euros en 2027, el primer ejercicio en que el Ejecutivo dice aspirar a que esté en vigor, respecto a lo que percibirían con el sistema actual. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha presentado la propuesta del Ejecutivo para reformar un sistema que fue aprobado en 2009 y que debería haber sido actualizado en 2014, 2019 y 2024.

Propuesta del Ministerio

La nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Así se desprende de la presentación que ha realizado este viernes Montero en una rueda de prensa, donde ha detallado que Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones.

Según la propuesta de Hacienda, la siguiente en la lista sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 respecto al modelo vigente. Luego está Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas, que recibiría 1.248 millones, y la Región de Murcia, también en ese listado, con 1.188 millones de euros más el año que viene en base a este nuevo sistema de financiación autonómica.

Tras estas comunidades se sitúan Aragón (629 millones); Canarias (611 millones); Galicia (587 millones); Baleares (412 millones); CyL (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).

En otro lado están Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Ambas comunidades también son beneficiadas porque el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del 'statu quo' están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.

El proyecto será ahora presentado a los consejeros autonómicos en la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el miércoles que viene. Posteriormente, recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros como anteproyecto de ley en un plazo de unos dos meses, pasará el trámite de audiencia pública para recibir comentarios, y tendrá después que recibir la luz verde del CPFF y el Gobierno como proyecto de ley. El objetivo de Hacienda es enviarlo a las Cortes antes del verano para su tramitación y potencial aprobación definitiva. Sin embargo, dada la oposición actual de Junts y el PP, resulta hoy por hoy improbable que la reciba, aunque nada pueda darse por seguro.

La ministra ha apuntado que una de las principales novedades es que el proyecto plantea elevar el porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades, del actual 50% al 55% en el impuesto de la renta y al 56,5% en el del valor añadido. Estas medidas fiscales, entre otras de menor importancia, harían que solo por la vía tributaria los recursos de las comunidades aumentara en 15.756 millones de euros en 2027.

Más tarta, distinto reparto

Montero ya había anunciado hace unas semanas que "ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada", porque el sistema "contará con más recursos". En la práctica, quería decir que la tarta a repartir entre todas las comunidades sería más grande y que todas recibirían más dinero que con el sistema actual. Se trata, eso sí, de una mejora en términos absolutos (más dinero) destinada a que la reforma sea 'vendible' en todos los territorios, pero todo parece indicar que no ocurrirá lo mismo en términos relativos (peso de cada comunidad en la tarta común), donde sí habrá ganadores y perdedores.

La ministra, así, apuntó en su día que "se reducirán las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado" entre las distintas comunidades (hasta 1.000 euros entre Cantabria y Murcia), ya que las actuales "no estaban justificadas". En el mismo sentido puede interpretarse que el Gobierno y ERC hayan alcanzado, según anunció Junqueras, un "acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad" (es decir, que cada comunidad ocupe el mismo puesto en el 'ranking' por recursos aportados y recibidos).

La ministra apuntó que el modelo "recogerá la solidaridad territorial de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos", con lo que seguirá habiendo algún tipo de nivelación entre comunidades, pero está por ver si será menor o si el Estado aumentará los recursos que aporta para mantenerla.

Multilateral y bilateral

Otro de los principios anunciados hace unas semanas por Montero es que el sistema "será aplicable a todas las comunidades autónomas de régimen común, lo que no impedirá tener en cuenta y respetar singularidades y particularidades territoriales". Se trata de un elemento con el que se quiere cumplir los compromisos de tratamiento especial alcanzados con ERC y al tiempo tener argumentos frente a las quejas del resto de comunidades. "Contemplará un debate multilateral con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral sin que compita con los recursos del resto de comunidades. Ya existe una cierta bilateralidad en el modelo actual: las competencias no homogéneas se discuten en el marco bilateral", justificó la ministra.

Asimismo, añadió Montero, el nuevo modelo "reforzará y aumentará la capacidad normativa de las comunidades en un marco de corresponsabilidad fiscal pero también de respecto a su autonomía", al tiempo que incluirá "avanzar en un nuevo modelo de gestión en red del sistema tributario", entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal. De nuevo, una fórmula para tratar de cubrir el acuerdo con ERC de que Catalunya recaude paulatinamente todos sus impuestos, si bien en el IRPF, el primero previsto, todavía no hay acuerdo entre el partido y el Gobierno. "Significa que las comunidades de forma progresiva puedan asumir mayores competencias en la gestión sin que ello impida la aplicación conjunta de la política fiscal en el conjunto del territorio", aseguró la vicepresidenta.

Modelo caducado y complejo

El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) fue aprobado a finales de 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e incluía la previsión de que se revisase cada cinco años. Sin embargo, ni el Ejecutivo de Rajoy ni el de Sánchez, hasta ahora, lo cumplieron. Se trata de un modelo complejo, en el que los ingresos de las comunidades provienen de la recaudación de impuestos cedidos total o parcialmente por la Administración General del Estado a las autonomías y de cuatro fondos que canalizan recursos del Ejecutivo central hacia los Gobiernos autonómicos y de estos entre sí para reducir las diferencias entre territorios.

Uno de los elementos que ha provocado tradicionalmente más disputas es la definición de la variable de la población ajustada, que se utiliza para realizar muchos de los cálculos que exige el sistema de financiación. Esta magnitud corrige la población real de cada territorio en función de distintos parámetros (como el grado de envejecimiento, la dispersión de la población o la extensión geográfica) para calcular el coste unitario de proveer los servicios públicos en cada comunidad.

Todo ello provoca que la diferencia en la financiación por habitante ajustado entre las comunidades mejor (Cantabria) y peor (Murcia) dotadas ronde los 1.000 euros, de algo más de 4.000 euros a algo más de 3.000. También que solo haya tres comunidades (Madrid, Catalunya y Baleares) que, junto al Estado, contribuyan a la solidaridad (reciben menos recursos del sistema de los que les correspondería por recaudación tributaria porque parte de la misma se destina a otras comunidades). Y, asimismo, que no haya una correspondencia en el 'ranking' entre lo que se aporta y se recibe por habitante: Catalunya, por ejemplo, es la tercera por contribución y la novena por percepción.

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