Función pública
Luz verde a la subida salarial de casi 80.000 funcionarios de la Región: todas las claves del acuerdo
La Comunidad tendrá que asumir un coste extra de 411,5 millones de euros tras el acuerdo entre Gobierno y sindicatos para revalorizar las nóminas públicas un 11,4% hasta 2028
El Gobierno mejora la subida salarial para los funcionarios hasta el 11 % para 2025-2028
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios en la función pública para subir el salario de los casi 80.000 funcionarios de la Región de Murcia y del resto del país hasta un 11,4% durante los próximos cuatro años (2025-2028).
El Ejecutivo ha cerrado la actualización tanto de las nóminas de este año, como la de años venideros y hasta alcanzarlo ha mantenido varias reuniones con CCOO, UGT y Csif donde el tira y afloja ha sido constante. El acuerdo rubricado afecta directamente al bolsillo de millones de personas en los distintos escalones y ámbitos de la Administración.
En el caso de la Comunidad, la medida favorece a los 60.000 trabajadores de Función Pública (Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales...), a los alrededor de 3.200 que están en oficinas de la Administración General del Estado (AGE) y a los cerca de 14.000 dependientes de los ayuntamientos y administraciones locales.
"Nos asfixia aún más"
"Se ha vuelto a negociar a espaldas de las comunidades autónomas, que somos quienes tenemos que hacer frente a ese gasto extra con los mismos recursos", lamentó este jueves tras conocer el acuerdo el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín. Para la Comunidad es una nueva muestra "de las políticas del ‘yo invito y tú pagas’ a las que nos tiene acostumbrados el presidente Sánchez".
En el caso de la Región de Murcia, ese incremento para los cerca de 60.000 empleados públicos supondrá un coste extra de 411,5 millones de euros. Para el presente 2025, el coste extraordinario es de 89,9 millones de euros, a los que hay que sumar los 37,7 millones de euros del incremento del 0,5 por ciento fijado en el anterior pacto salarial y que se abona con carácter retroactivo desde enero de 2024.
"Solo este año tenemos que hacer frente a 127,7 millones con los mismos recursos", denuncia Marín
“Eso supone que solo este año tenemos que hacer frente a 127,7 millones de euros con los mismos recursos, que en el caso de la Región de Murcia son ya de por si escasos porque somos la comunidad peor financiada de toda España”, denunció Marín.
En este sentido, el titular de Hacienda exigió al presidente Sánchez “que antes de pactar ninguna subida salarial que vamos a pagar las comunidades, al menos nos garantice que va a enviar los recursos necesarios para poder hacerla efectiva sin asfixiarnos aún más, y en especial a comunidades infrafinanciadas como la Región de Murcia”.
“El sistema de financiación no nos da ni siquiera los recursos que necesitamos para sostener el estado del bienestar, pero el presidente Sánchez se dedica a prometer más gasto a nuestra costa en lugar de abordar de una vez la reforma de un modelo injusto que maltrata a los ciudadanos de la Región y multiplica cada año las diferencias entre comunidades”.
En pleno esbozo de los Presupuestos
El consejero Marín recordó además que la negociación y el anuncio del pacto para la subida salarial se han producido cuando las comunidades autónomas están en pleno proceso de elaboración de sus presupuestos para el año 2026.
“La torpeza del Gobierno de Sánchez llega a que se negocie esta subida cuando casi ha terminado el año, y las comunidades hemos tenido que empezar a hacer nuestros presupuestos sin conocer el impacto real que tendría esa subida que se ha negociado tarde y mal”.
“El Gobierno regional, no obstante, es un gobierno serio y responsable y asumiremos ese incremento, pero seguiremos pidiendo mayor respeto y lealtad institucional al presidente Sánchez, así como los recursos necesarios para poder abordarla y, por supuesto, una reforma inmediata y creíble del sistema de financiación autonómica”, concluyó Marín.
Eliminación de las tasas de reposición
Antonio Martínez Peñaranda, secretario general de UGT Servicios Públicos en la Región, señaló este miércoles a La Opinión que es "un gran acuerdo, tanto en materia de subida salarial como la eliminación de las tasas de reposición".
En relación con la subida salarial, la organización recuerda que “las subidas que se pactan con el Gobierno son del 11% al 11,5%, con las variaciones que puedan producirse. Y los empleados públicos vamos a ver incrementadas nuestras retribuciones en un 4% de aquí al 1 de enero de 2026, algo que era impensable antes de empezar la negociación”.
Martínez Peñaranda destaca que la eliminación de las tasas de reposición "permitirá ofertar las plazas necesarias, algo que hasta ahora no era posible debido a la restricción legal existente".
Por su parte, Miguel Ángel López, coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras en la Región, defiende que el sindicato tiene claro que la forma de este acuerdo "no puede venir sin cumplir lo pendiente" del pacto anterior que expiró en el año 2024. En este sentido, López insiste en que aún quedan importantes flecos pendientes como la reclasificación profesional, la jubilación parcial y la aplicación de las 35 horas de los empleados públicos en todo el Estado.
Las claves del acuerdo
Estas son las claves de un acuerdo ya cerrado y que se oficializará próximamente y que, según coinciden Gobierno y centrales, garantiza que los salarios públicos suban durante los próximos años a un nivel similar (o en algunos años concretos por encima) que los precios.
El Gobierno ha pactado subir el salario de los funcionarios un 11% de manera acumulada hasta el año 2028. Es decir, se compromete a acordar los incrementos correspondientes a los ejercicios 2025 -pendiente desde enero-, 2026, 2027 y 2028. Ese 11%, en términos netos por el efecto arrastre, asciende a un 11,4%, según estimaciones sindicales.
Cómo se distribuirá la subida dependerá de una variable, la inflación del año que viene. Si el IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%, la distribución de dichos incrementos quedará de la siguiente manera:
- 2025: +2,5%
- 2026: +2%
- 2027: +4,5%
- 2028: +2%
Si el IPC del año que viene es inferior al 1,5% -las previsiones dan una horquilla de entre el 1,8% y el 2,3%-, la distribución quedaría de la siguiente manera:
- 2025: +2,5%
- 2026: +1,5%
- 2027: +5%
- 2028: +2%
Este 2025 la subida propuesta es del 2,5%, que se abonaría en una 'súper paga' en el mes de diciembre, junto a la paga extra de Navidad. Si se mira hacia el sector privado, este año los convenios colectivos que se están renovando se firman al 4,15% y las pensiones públicas presumiblemente subirán entre un 2,6% y un 2,7%.
Los incrementos que han acordado Gobierno y sindicatos afectarán a más de tres millones de empleados del sector público. Y es que lo que se negocia a nivel estatal luego es de obligado cumplimiento para el resto de entes del sector público, desde las comunidades autónomas, hasta los municipios, pasando por las empresas públicas.
La cifra final de cuánto acaben subiendo los sueldos variaría sustancialmente dependiendo de su categoría, antigüedad y destinación, entre otros.
Por poner un ejemplo, un trabajador de la Generalitat de Catalunya, de la categoría C2 -uno de los más numerosos- y con un trienio cobra hoy un salario de 1.494 euros mensuales (en 14 pagas). Si se le aplica un incremento acumulado del 11% -que no es lo mismo que subir directamente el salario un 11%-, ese rondará los 1.664 euros. Es decir, el acuerdo implicará un aumento final del sueldo de 170 euros mensuales para esa categoría y esa antigüedad.
Desde enero que las nóminas públicas están congeladas y ahora el Gobierno propone corregirlo a efecto retroactivo a 1 de enero de 2025.
Para abonarla, deberá hacerlo a través de una paga extraordinaria que compense los meses de retraso y, según la última oferta puesta encima de la mesa, esta se abonará durante el mes de diciembre.
Los empleados públicos, al menos de la AGE, cobrarían una 'súper paga', ya que los atrasos coincidirán con la paga extra de Navidad. El resto de entidades públicas actualizarán sus nóminas cuando puedan, lo que puede implicar que se demoren más allá de Navidad.
No existe un consenso entre los tres sindicatos más representativos en la Función Pública. El Gobierno ha logrado convencer a los sindicatos Csif y UGT, mientras CCOO se abstiene y meditará si se suma a un acuerdo
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