¿Qué implican los nuevos objetivos de déficit autonómico propuestos por el Gobierno?

La propuesta del Gobierno

Según el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028 que el Gobierno pactó con la Comisión Europea a finales de 2024, el déficit total del país debe bajar del 2,5% de este año al 2,1% el próximo ejercicio, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. Lo que ha hecho ahora el Ministerio de Hacienda es concretar qué porcentaje corresponde a las comunidades autónomas: 0,1% en cada uno de esos tres años. Frente a ello, el Ejecutivo central se ha fijado reducir su déficit del 2,2% de 2025 al 1,8% el año que viene, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028. De ello parece desprenderse que a las corporaciones locales se les seguirá pidiendo probablemente el equilibrio fiscal (déficit cero) y que a la Seguridad Social se le permitirá un déficit del 0,2% los próximos dos años y del 0,1% en 2028.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes que del 1,8% de déficit de la administración central de 2026, 1,4 puntos porcentuales (más de 23.000 millones de euros) corresponden a las transferencias que tendrá que hacer a la Seguridad Social para cumplir los acuerdos del Pacto de Toledo. En cuanto a los 0,4 puntos restantes, ha destacado que incluyen la previsión de ingreso del impuesto a la banca, pero ha recordado que los 1.500 millones que se prevén recaudar se transferirán a las comunidades y equivalen a 0,1 puntos adicionales. En la práctica, ha defendido, el objetivo de déficit para la Administración Central del Estado sería del 0,3%, frente al 0,2% de las autonomías (0,1% de déficit y otro 0,1% por el ingreso del impuesto a la banca).

La senda vigente

No está muy claro cuál es la senda fiscal vigente para los distintos niveles de la administración con la que comparar la propuesta del Gobierno, ya que la que presentó el año pasado fue rechazada por el Congreso. La Abogacía del Estado entendía en 2024 que la última senda vigente era la incluida en el antiguo Programa de Estabilidad aprobado en abril de 2023, que preveía un déficit conjunto de las administraciones públicas españolas del 2,5% en 2026, con un superávit del 0,1% para las autonomías. Sin embargo, posteriormente y en el marco de las nuevas reglas fiscales europeas, el Gobierno pactó con la Comisión Europea un desfase de las cuentas públicas del 2,1% para el próximo ejercicio, sin desglose por niveles del sector público.

Según ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en caso de que la nueva senda fiscal vuelva a ser tumbada por el Congreso, las autonomías tendrán que presentar equilibrio presupuestario (déficit cero) en el próximo trienio. La también vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que así lo fijan "las leyes". Sin embargo, la ley de estabilidad presupuestaria no establece muy claramente que sea así, con lo cual cabe la duda de si se trata de una nueva interpretación legal que le ha ofrecido la Abogacía del Estado o si se estaba refiriendo a otra norma.

Según ha defendido la ministra, si la senda fiscal es rechazada de nuevo por el Congreso, las comunidades estarán obligadas a realizar un ajuste fiscal de 1.750 millones de euros el año que viene y 5.485 millones entre 2026 y 2028. Es la diferencia entre tener un déficit del 0,1% del PIB y mantener el equilibrio presupuestario, teniendo en cuenta el crecimiento previsto para la economía de los próximos ejercicios.

En esta línea, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha adelantado que elevará este martes la previsión del PIB de este año del 2,7% al 2,9% y mantendrá el 2,2% para el año que viene, pero dejando la puerta abierta a revisar al alza la estimación de 2026: "La Comisión Europea sale con un 2,3% (...) Si terminamos este año en torno al 2,9% de crecimiento, ya tendremos de saque un 1,1% de entrada de efecto arrastre, es decir, con muchas probabilidades de seguir actualizando al alza esas previsiones".

Próximos pasos

Tras el visto bueno de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno tiene mayoría, la senda de objetivos de déficit y deuda 2026-2028 será aprobada este martes por el Consejo de Ministros, junto al límite de gasto no financiero (conocido como 'techo de gasto'). Los objetivos de estabilidad presupuestaria pasarán después al Congreso, donde se tendrán que votar (no así el 'techo de gasto'). Si son rechazados en una primera ocasión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes. Montero ha apuntado que tratará de que esta segunda votación tenga lugar antes de que acabe el año.

En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de Presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes. Es precisamente lo que sucedió el año pasado, cuando Junts sumó sus votos negativos a los de PP y Vox. Y es lo que puede a volver a pasar ahora, ya que el partido catalán ha anticipado que volverá a rechazar la propuesta del Ejecutivo. Estos plazos apuntan a que, si el Gobierno finalmente presenta su proyecto de cuentas para el 2026 como viene afirmando que hará, no podrá realizarlo hasta muy finales de año o, más probablemente, principios del año que viene.

Incumplimientos

El Gobierno no ha logrado aún aprobar ninguna nueva ley de Presupuestos del Estado en la actual legislatura. Los últimos aprobados fueron los del ejercicio 2023 y son los que se han prorrogado ya dos veces, para 2024 y 2025. El reparto de los objetivos de déficit y deuda y la aprobación de la regla de gasto para el año próximo debían haber sido aprobados antes del 30 de junio (según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera). Estos pasos previos son imprescindibles para poder cumplir otro plazo legal: el que obliga a Estado, autonomías y corporaciones locales a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario para el año siguiente antes del 1 de agosto. El Gobierno, además, debería haber remitido a las Cortes el proyecto de cuentas, según fija la ley general presupuestaria, antes del 30 de septiembre.