La Región, junto a Madrid, única comunidad que no hace presupuestos con perspectiva de género

La mayoría de comunidades autónomas incluye la perspectiva de género en el proceso de elaboración de sus presupuestos, a través de informes de impacto de género, a excepción de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, según el Tribunal de Cuentas.

Así se desprende del 'Informe de fiscalización sobre la evaluación de la perspectiva de género en el proceso de elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas', hecho público este viernes por el Tribunal de Cuentas. La principal conclusión es que la presupuestación con enfoque de género es una práctica extendida: salvo la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, el resto de autonomías elaboran un informe de impacto de género durante el proceso presupuestario.

Además, trece comunidades han incorporado en su legislación la obligación de evaluar el impacto de género durante la elaboración de los presupuestos. Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia son las cuatro regiones que no lo han hecho, si bien las dos primeras acompañan sus presupuestos del informe de género.

El Tribunal de Cuentas reconoce en un comunicado que incorporar la perspectiva de género en la planificación presupuestaria constituye un avance, pero ha subrayado que es necesario complementarlo con un análisis para comprobar si eso se traduce en una mejora efectiva de la igualdad.

En 2024, ninguna comunidad realizó auditorías o evaluaciones independientes para medir los resultados de la presupuestación con enfoque de género, aunque Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y La Rioja están desarrollando actuaciones internas de seguimiento.

El Tribunal de Cuentas indica que Andalucía fue pionera en la elaboración de estas auditorías de presupuesto y género y contó hasta 2024 con un proceso continuado en este ámbito, sin embargo, el año pasado suprimió la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de esta Comunidad y estos informes.

En el comunicado, el tribunal fiscalizador recomienda reforzar el marco legal con la obligación de emitir informes de impacto de género en las leyes de hacienda de Asturias, Castilla y León, Madrid y Murcia, desarrollar herramientas metodológicas para garantizar una evaluación homogénea y sistemática e impulsar auditorías para comprobar en qué medida la presupuestación con enfoque de género genera avances reales en materia de igualdad.