Iberdrola, Endesa y Naturgy congelan su cumbre sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz hasta reunirse con Aagesen

Las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas han solicitado una reunión de alto nivel con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para estudiar cambios en el calendario de cierres de las plantas, empezando por Almaraz, cuyos dos reactores serán los primeros en desconectarse en 207 y 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en Almaraz, no adoptarán medidas cruciales para la continuidad de la central cacereña hasta que el encuentro con la vicepresidenta se produzca y haya señales del Gobierno de que pueden revisarse las fechas de clausura.

La junta de socios de CNAT -la sociedad que formalmente es la propietaria de la central cacereña- lleva meses valorando la aprobación de un plan inversiones para tener lista la central para una eventual ampliación, pero las compañías no pretenden hacer movimientos estratégicos en ese sentido si el Gobierno no muestra disposición a estudiar con el sector el futuro del parque nuclear nacional, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes al tanto de la situación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a las compañías propietarias de que deben facilitarle antes del próximo noviembre la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del proceso de desmantelamiento del primero de los reactores. Sin señales del Gobierno de que pueda haber cambios en las fechas de cierre, las grandes eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz han colocado la planta en ‘modo cierre’ y remitirán en plazo al CSN toda la información necesaria para progresar hacia el cierre.

Iberdrola (accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) no tienen en el radar aprobar nuevas inversiones necesarias para tener las instalaciones listas para una eventual prolongación de sus años de funcionamiento. “Si no hay una reunión con el Ministerio no se va a mover nada en Almaraz”, apuntan fuentes del sector eléctrico. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial, las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad. Ante el escenario actual de bloqueo en el debate con el Gobierno sobre el futuro nuclear, los socios de momento apuestan por continuar quemando etapas hacia el cierre de Almaraz como estaba previsto.

El cálculo que se maneja es que serían necesarias inversiones por más de 20 millones de euros simplemente para tener lista la planta por si se retrasa el cierre hasta 2030, tanto para asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente) como para la homologación de todo el personal y para garantizar la seguridad de las instalaciones. La eventual aprobación de estas inversiones necesarias para mantener operativa la central de Almaraz está congelada.

Riesgo de ‘garoñización’

Las eléctricas dueñas de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) cuentan con un consenso de mínimos sobre la ampliación de la vida de gran parte de las centrales nucleares españolas y para plantear una revisión de su fiscalidad. El actual calendario de cierres, pactado por las propias compañías hace un lustro, contempla clausuras escalonadas de todas las centrales entre 2027 y 2035. La posición compartida por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP pasa por solicitar “miniprórrogas” para aplazar entre dos y tres años los cierres de las centrales Almaraz I y II, Ascó I y II y Cofrentes, y dejar para más adelante la posibilidad ampliar la vida de las dos centrales que según el calendario vigente serán las dos últimas en cerrar, Vandellós II y Trillo.

Los cierres de los dos reactores de la central de Almaraz, en Cáceres, son los primeros previstos en el calendario vigente, con clausuras programadas para 2027 y 2028. Los accionistas de la planta -Iberdrola, Endesa y Naturgy- comparten defensa de la necesidad de postergar el cierre de ambos reactores al menos hasta 2030 porque, por razones técnicas, ven improbable que se vayan a poder cumplir los plazos para iniciar el desmantelamiento de la planta en fecha.

Las compañías advierten de que Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, aún no dispone de un plan de desmantelamiento para Almaraz (de momento sólo ha iniciado el proceso de licitación para diseñar la ingeniería básica del cierre de la planta cacereña) y ven improbable que el almacén temporal donde han de guardarse los residuos de alta radiactiva de la central vaya a estar operativo en 2027 como está previsto y tampoco que dé tiempo para esa fecha a contar con el casi centenar de contenedores donde se guardarán.

Unos problemas técnicos que, según temen las compañías propietarias, podría derivar en una garoñización del proceso de cierre de Almaraz (en referencia a la situación de retrasos continuos que se han venido produciendo en el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña, en Burgos). Las eléctricas alertan de que, si se produce el cese de la central de Almaraz sin que Enresa tenga los medios necesarios, estarían durante un tiempo asumiendo unos costes millonarios similares a seguir operativa, pero sin los ingresos de producir y vender electricidad.

Además, las energéticas defienden la conveniencia de cerrar de manera simultánea los dos reactores de Almaraz (ahora está programado que se realice con un año de diferencia) por la complejidad operativa e incluso jurídica de realizar los trabajos de cese de actividad y de desmantelamiento en fechas diferentes.

Cuestión de impuestos

Las energéticas también proponen la revisión de algunos impuestos y tasas mediante vías que, según sostienen, no implicará trasladar costes a todos los consumidores a través de una subida del recibo de la luz como exige el Gobierno para estudiar una propuesta de ampliación de la vida de las centrales. Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la carga fiscal que asumen y aseguran que la fiscalidad hace inviable la continuidad rentable de las instalaciones.

Las compañías eléctricas condicionan presentar una propuesta oficial de ampliación de la vida de cada una de las las centrales a que se aplique una rebaja impositiva, porque sin una revisión de la fiscalidad -aseguran- las plantas no son rentables. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha advertido de que no tramitará ninguna propuesta de ampliar la vida de las nucleares si las empresas no garantizan antes que ninguno de los costes que ahora soportan será trasladados a los consumidores a través del recibo de luz.

La ampliación de la vida de gran parte de las centrales nucleares conllevará una rebaja casi automática de la tasa que pagan a la sociedad pública Enresa por gestionar sus residuos radiactivos. La cuantía de la tasa se calcula en función de la electricidad que se calcula que producirán las centrales mientras estén en activo, así que si están operativas más años, la tasa puede recortarse sin cargarse nuevos costes al sistema eléctrico ni a la factura de los consumidores.

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