Las grandes eléctricas reclaman una reunión al máximo nivel con Aagesen para aplazar el cierre de las nucleares

Las grandes eléctricas se movilizan para conseguir que el Gobierno acepte retrasar el cierre de las centrales nucleares. Las compañías propietarias de los reactores españoles (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en unas u otras centrales, y Naturgy y EDP como accionistas minoritarios en algunas de ellas) quieren sentarse ya con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para abordar las razones técnicas y operativas que justificarían aplazar las clausuras de las plantas y para plantear algunos cambios en la carga fiscal de las centrales para garantizar su viabilidad económica.

Las compañías han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica su interés por mantener cuanto antes una reunión al más alto nivel, con la intención de convocar un encuentro entre la vicepresidenta y los máximos ejecutivos de cada una de las eléctricas españolas, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes al tanto de los movimientos. Las compañías aún no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo para poner fecha a una reunión que consideran imprescindible para avanzar hacia una revisión pactada de los cierres.

Las cuatro grandes eléctricas propietarias de centrales nucleares en España cuentan con un consenso de mínimos sobre la ampliación de la vida de gran parte de las centrales nucleares españolas y para plantear una revisión de su fiscalidad. Una posición compartida que evita algunos de los puntos sobre los que existen diferentes sensibilidades entre las compañías o sobre los que algunas empresas prefieren no entrar de momento por considerar que no son del todo urgentes.

El actual calendario de cierres, pactado por las propias compañías hace un lustro, contempla clausuras escalonadas de todas las centrales entre 2027 y 2035. La posición compartida por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP pasa por solicitar “miniprórrogas” para aplazar entre dos y tres años los cierres de las centrales Almaraz I y II, Ascó I y II y Cofrentes, y dejar para más adelante la posibilidad ampliar la vida de las dos centrales que según el calendario vigente serán las dos últimas en cerrar, Vandellós II y Trillo.

La propuesta implica mantener la fecha del apagón nuclear en España en 2035 como hasta ahora. Endesa ha venido defendiendo aplazar el cierre de todas las centrales, también Vandellós II y Trillo, y retrasar el apagón de 2038, pero estaría dispuesta a posponer este debate para garantizar un consenso entre las cuatro compañías. Fuentes oficiales de las eléctricas han preferido no hacer comentarios sobre los movimientos en marcha.

Iberdrola y Endesa ya enviaron el pasado junio al Ministerio para la Transición Ecológica una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. Pero esa carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, no por Naturgy ni por EDP. Una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales nucleares han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno. Por esta razón, el Gobierno ha venido advirtiendo desde entonces que para estudiar cualquier propuesta sobre el futuro de la nuclear es imprescindible un consenso entre las cuatro compañías eléctricas.

Aplazar los razones por razones técnicas

Los cierres de los dos reactores de la central de Almaraz, en Cáceres, son los primeros previstos en el calendario vigente, con clausuras programadas para 2027 y 2028. En esta central comparten accionariado Iberdrola (con el 52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%). Y las tres compañías comparten la defensa de la necesidad de postergar el cierre de ambos reactores al menos hasta 2030 porque, por razones técnicas, ven improbable que se vayan a poder cumplir los plazos para iniciar el desmantelamiento de la planta en fecha.

Las compañías advierten de que Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, aún no dispone de un plan de desmantelamiento para Almaraz (de momento sólo ha iniciado el proceso de licitación para diseñar la ingeniería básica del cierre de la planta cacereña) y ven improbable que el almacén temporal donde han de guardarse los residuos de alta radiactiva de la central vaya a estar operativo en 2027 como está previsto y tampoco que dé tiempo para esa fecha a contar con el casi centenar de contenedores donde se guardarán.

Unos problemas técnicos que, según temen las compañías propietarias, podría derivar en una garoñización del proceso de cierre de Almaraz (en referencia a la situación de retrasos continuos que se han venido produciendo en el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña, en Burgos). Las eléctricas alertan de que, si se produce el cese de la central de Almaraz sin que Enresa tenga los medios necesarios, estarían durante un tiempo asumiendo unos costes millonarios similares a seguir operativa, pero sin los ingresos de producir y vender electricidad.

Además, las energéticas defienden la conveniencia de cerrar de manera simultánea los dos reactores de Almaraz (ahora está programado que se realice con un año de diferencia) por la complejidad operativa e incluso jurídica de realizar los trabajos de cese de actividad y de desmantelamiento en fechas diferentes.

Un aplazamiento de la clausura de Almaraz, aunque sea sólo hasta 2030, empujaría a una reordenación de las fechas de cierre de otras centrales nucleares para que no se solapen unas con otras en una suerte de ‘efecto dominó’. Desde el sector energético se da por hecho que atrasar hasta 2030 el fin de los dos reactores Almaraz forzará a aplazar los cierres de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) para que no coincidan el inicio del desmantelamiento y todas las fases posteriores de cuatro reactores simultáneamente. Y también se defiende como necesario el aplazamiento de la clausura de Ascó II, programada para 2032. De momento, las centrales de Trillo (la única en que comparten accionariado las cuatro compañías) y Vandellós II quedarían fuera de la discusión.

Cambios fiscales sin subir la luz

La intención de las compañías es centrar en un primer momento la negociación con el Gobierno en la necesidad de aplazar el cierre de la mayoría de las centrales por razones técnicas. Y más adelante, no necesariamente de manera inmediata, abordar cambios en la fiscalidad que pagan las centrales para garantizar su viabilidad económica. Las energéticas proponen la revisión de algunos impuestos y tasas mediante vías que, según sostienen, no implicará trasladar costes a todos los consumidores a través de una subida del recibo de la luz como exige el Gobierno.

Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la carga fiscal que asumen y aseguran que la fiscalidad hace inviable la continuidad rentable de las instalaciones. De hecho, las compañías eléctricas han venido condicionando directamente presentar una propuesta de ampliación de la vida de las centrales a que se aplique una rebaja impositiva, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza de plano y que ha provocado que el intento de estudiar un cambio en el calendario de cierre hasta ahora haya quedado hasta ahora bloqueado. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha advertido de que no tramitará ninguna propuesta de ampliar la vida de las nucleares si las empresas no garantizan antes que ninguno de los costes que ahora soportan será trasladados a los consumidores a través del recibo de luz.

Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas. De este importe, unos 17 o 18 euros por MWh (dependiendo de la región en que se encuentre la central) corresponden a impuestos y tasas tanto estatales como autonómicos, y a estos se suman otros 10,36 euros de la tasa que pagan las centrales en función de la electricidad que producen para financiar los costes de que el Estado gestione sus residuos radiactivos y ejecute su desmantelamiento futuro. En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros este 2025.

Las compañías eléctricas han trasladado al Gobierno que su propuesta de revisión fiscal cumple su ‘línea roja’ de no traspasar costes al recibo de luz. La ampliación de la vida de la gran parte de las centrales nucleares conllevará una rebaja casi automática de la tasa que pagan a Enresa por gestionar sus residuos radiactivos. La cuantía de la tasa se calcula en función de la electricidad que se calcula que producirán las centrales mientras estén en activo, así que si están operativas más años, la tasa puede recortarse sin cargarse nuevos costes al sistema eléctrico ni a la factura de los consumidores.

En paralelo, las empresas defienden revisar el impuesto al combustible nuclear gastado (290 millones el año pasado). Un tributo que fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el gran agujero del déficit de tarifa del sistema eléctrico y que aún se mantiene, con lo que las nucleares financian de manera adicional los costes de todo el sistema. Está previsto que los pagos de la deuda acumulada por el antiguo agujero del sistema eléctrico deje de pagarse en 2028, por lo que el impuesto perdería su justificación.

Las eléctricas piden la eliminación de este impuesto o que la recaudación se destine a engordar el fondo que financiará el desmantelamiento de las centrales (que ahora cuenta con unos 9.000 millones de euros acumulados), lo que permitiría reducir aún más la tasa que pagan las plantas específicamente para gestionar sus residuos nucleares y el futuro achatarramiento de los reactores. Con ello, según las eléctricas, podría volver a reducirse aún más la ‘tasa Enresa’ y también sin impacto en el recibo de luz de los clientes.

Las compañías eléctricas también reclaman la eliminación de las tasas autonómicas que aplican las comunidades en que se localizan las centrales (que supusieron un coste de 266 millones el año pasado), y que no suponen ingresos para el sistema eléctrico, solo para las arcas regionales-. Castilla-La Mancha no cobra tasa regional y la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que la eliminará, pero las empresas piden eliminar las que se aplican en Catalunya y en Extremadura. Una reclamación que las energéticas tendrán que pelear con las Administraciones regionales una a una, y no con el Gobierno central.

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