Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP presionan para ampliar las nucleares con un plan que cumplirá las ‘líneas rojas’ que exige el Gobierno

Las cuatro grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas se mueven para conseguir retrasar el cierre de las plantas. Y pretenden hacerlo de manera coordinada y por consenso. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ultiman un pacto para conseguir una postura común y pedir juntas al Gobierno ampliar la vida de los reactores. Una posición consensuada que se traducirá en una propuesta formal común que, según las compañías, cumplirá con las tres ‘líneas rojas’ inamovibles que ha marcado el Ejecutivo para siquiera estudiar un posible aplazamiento, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes conocedoras de las negociaciones.

Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo piden las cuatro eléctricas propietarias -aunque en Moncloa no lo vean imprescindible para el país-, pero solo si la solicitud cumple tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de las centrales, que la ampliación de la vida sirva para asegurar la seguridad de suministro eléctrico y, sobre todo, que no implique una subida de la luz al trasladar a la factura parte de los costes que ahora asumen las propias compañías eléctricas.

Las eléctricas creen que el plan que preparan sortea las condiciones de veto preventivo del Ejecutivo y piden abrir un diálogo directo para abordar un nuevo calendario de cierres de las centrales. Las compañías energéticas reconocen que ya han mantenido reuniones bilaterales con el Ministerio para la Transición Ecológica para ir buscando puntos de acercamiento, pero reclaman abrir un diálogo permanente y con todas las empresas concernidas con la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para abordar la propuesta compartida por los grupos y demostrar que no incumple las exigencias gubernamentales.

El calendario de cierre de los reactores actualmente vigente fue pactado por las propias compañías eléctricas hace un lustro y contempla clausuras escalonadas de todas las plantas entre 2027 y 2035. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP trabajan en un plan compartido que debe satisfacer diferentes necesidades e intereses con distintos matices entre grupos, y sobre el que quedan algunos flecos por cerrar. Un plan que contemplará una petición de ampliación de la vida de las centrales frente al calendario actual, pero sobre las que las diferentes compañías aún negocian un acuerdo definitivo sobre si solicitar retrasar tres años el cierre de todas las centrales (lo que aplazaría el apagón total de 2035 a 2038) o solo la mayor parte de ellas (sin tocar el fin de la nuclear en 2035, pero moviendo las fechas de clausura para varias de las plantas).

Cuestión de impuestos

Las eléctricas defienden que resulta imprescindible reducir la carga fiscal que soportan las centrales nucleares para hacerlas viables e incluirán una reforma de las tasas y tributos que pagan las plantas en su propuesta. El Gobierno se ha mostrado durante los últimos meses tajantemente en contra de bajar los impuestos a las centrales para no trasladar a los consumidores parte de los costes del sector a través del recibo de la luz. Sin embargo, las compañías energéticas sostienen que hay vías para reformar la fiscalidad de las centrales nucleares sin hacer nuevos cargos al recibo de la luz.

“Existe un consenso entre todas las empresas [sobre el aplazamiento de los cierres] y somos conscientes de lo que se nos exige para el alargamiento de la vida de las centrales nucleares: que se garantice la seguridad, que no suponga un coste adicional para los ciudadanos y que contribuya a la estabilidad del sistema”, explicó este miércoles el consejero delegado de Endesa, José Bogas, en unas jornadas organizadas por El Economista. “Y creemos firmemente que la nuclear, incluso mejorando el esquema económico, puede cumplir estos requisitos”, subrayó el directivo tras la información adelantada por este diario sobre el pacto en ciernes entre las cuatro compañías para pedir juntas al Gobierno ampliar la vida de las centrales.

Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la carga fiscal que asumen y aseguran que la fiscalidad hace inviable la continuidad rentable de las instalaciones. De hecho, las compañías eléctricas han venido condicionando directamente presentar una propuesta de ampliación de la vida de las centrales a que se aplique una rebaja impositiva. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares actualmente paga 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas.

De este importe, unos 17 euros por MWh corresponden a impuestos y tasas tanto estatales como autonómicos, y a estos se suman otros 10,36 euros de la tasa que pagan las centrales en función de la electricidad que producen para financiar los costes de que el Estado gestione sus residuos radiactivos y ejecute su desmantelamiento futuro. En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025.

“Ya hemos tenido oportunidad de sentarnos con el Ministerio para conversar. El Gobierno nos ha pedido cumplir determinadas condiciones, y creemos que tenemos esas condiciones cumplidas”, indicó el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. “El debate de la fiscalidad de la nuclear no trata de pasar al consumidor costes del desmantelamiento. El desmantelamiento lo pagamos con cada megavatio hora que genera una central nuclear. Pero podemos analizar cuestiones para revisar la carga fiscal”.

Una reforma profunda

Las grandes eléctricas plantearán varias vías para reducir la carga fiscal que, en principio, no implicarían cargar más costes al sistema eléctrico. Las empresas defienden revisar el impuesto al combustible nuclear gastado (290 millones el año pasado). Un tributo que fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el gran agujero del déficit de tarifa del sistema eléctrico y que aún se mantiene, con lo que las nucleares financian de manera adicional los costes de todo el sistema.

Las eléctricas piden su eliminación o que la recaudación se destine a engordar el fondo que financiará el desmantelamiento de las centrales (que ahora cuenta con unos 9.000 millones de euros acumulados), lo que permitiría reducir la tasa que pagan las plantas específicamente para gestionar sus residuos nucleares y el futuro achatarramiento de los reactores. "Tenemos un impuesto al combustible nuclear gastado que se destina a reducir los peajes del sistema. ¿Por qué las centrales nucleares tienen que rebajar los peajes del sistema? ¿Podemos estudiar a qué destinamos ese impuesto? ¿Por qué no se lo damos a Enresa para que lo utilice para gestionar los residuos y rebaja la tasa que pagamos?", subrayó Ruiz-Tagle.

Las compañías también esperan una rebaja de la tasa que pagan a la sociedad pública Enresa por gestionar sus residuos radiactivos y para el desmantelamiento. Las plantas abonan este gravamen en función de la electricidad que producen cada año y el cálculo de su cuantía se realiza en función del tiempo previsto de funcionamiento de las plantas. Así que si las centrales nucleares amplían su vida operativa y retrasan el cierre, el importe de la tasa bajaría de una manera semiautomática. Tras la subida del 30% aprobada por el Gobierno a mediados del año pasado, la previsión del sector es que las centrales pagarán este año en torno a 600 millones de euros por la ‘tasa Enresa’.

Las compañías también reclaman la eliminación de las tasas autonómicas que aplican las comunidades en que se localizan las centrales (que supusieron un coste de 266 millones el año pasado), y que no suponen ingresos para el sistema eléctrico, solo para las arcas regionales. Castilla-La Mancha no cobra tasa regional y la Comunidad Valenciana ya ha anunciado que la eliminará, pero las empresas piden eliminar las que se aplican en Cataluña y en Extremadura.

Un pacto a cuatro

Iberdrola y Endesa ya enviaron el pasado junio al Ministerio para la Transición Ecológica una primera propuesta para ampliar la vida de las centrales nucleares y postergar el calendario de cierres previsto. Pero esa carta solo estaba firmada por las dos mayores eléctricas españolas, no por Naturgy ni por EDP.

Una circunstancia que resulta relevante porque las decisiones estratégicas sobre las centrales nucleares han de adoptarse por unanimidad de todos los socios, con independencia del peso accionarial de cada uno. Por esta razón, el Gobierno ha venido advirtiendo desde entonces que para estudiar cualquier propuesta sobre el futuro de la nuclear era imprescindible un consenso entre las cuatro compañías eléctricas.

Fueron estas cuatro energéticas las que firmaron hace cinco años el acuerdo en el que se contempla el calendario de cierres de todas las centrales actualmente vigente, que establece las clausuras escalonadas de los reactores entre 2027 y 2035. Y el Ejecutivo exige que primero las cuatro se pongan de acuerdo entre ellas si quieren plantear una revisión de esas fechas. Las compañías se han propuesto hacerlo con un acuerdo a cuatro bandas.

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