El Defensor del Pueblo anuncia una auditoría del parque de vivienda pública de la mano del Gobierno y las comunidades

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado que la institución iniciará una actuación de oficio de la mano del Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas para conocer el número de viviendas públicas existentes en España, el volumen de personas en lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial (VPO) y el estado de ejecución de los diferentes planes para activar la construcción de inmuebles a precios asequibles puestos en marcha por la administración estatal.

"Vamos a iniciar una actuación de oficio para las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de vivienda, porque queremos conocer el número de viviendas públicas en el parque de cada comunidad autónoma, el número de personas en espera para la adjudicación de una vivienda pública en cada uno de los grupos previstos en cada comunidad autónoma, las medidas previstas para aumentar el parque de la vivienda protegida y del alquiler asequible", ha señalado Gabilondo durante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El Defensor del Pueblo va a analizar también el estado de ejecución de los diferentes planes de construcción de vivienda pública impulsados por el Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana de la socialista Isabel Rodríguez y consultará a las comunidades autónomas si van a aplicar las diferentes medidas contempladas en la ley de vivienda, como los 'topes' de precios incluidos en la declaración de zonas tensionadas, y van a poner cotos de alguna forma al auge de pisos turísticos.

Mayor preocupación por los desahucios

Gabilondo, que comparecía en el Congreso para "informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el problema de la vivienda en España, con especial atención a la okupación", señaló durante su intervención que la okupación no es un problema generalizado en la ciudadanía. "Recibimos más quejas, por ejemplo, sobre los desahucios, unas 200 en 2024, que sobre la okupación, que fueron 45 de vecinos que refieren molestias y problemas de convivencia y vandalismos y 41 quejas de propietarios o arrendadores que han visto suspendido el desahucio de inquilinos", aseguró.

El Defensor del Pueblo reconoció en las Cortes que "en ocasiones" recibe quejas de propietarios y arrendadores que manifiestan su disconformidad con la regulación legal existente desde 2020 de prohibición de lanzamientos en casos en los que exista vulnerabilidad económica. "Esta institución no es ajena a la que manifiestan estas personas", advirtió. Gabilondo mostró su plena confianza en el sistema judicial para analizar las diferentes casuísticas y descartó que exista un fraude de ley a la hora de fingir vulnerabilidad.