Aviso del Gobierno a los españoles que viven de alquiler: estas son las condiciones para que el casero pueda subírtelo

Aunque las últimas elecciones municipales y autonómicas y a la reciente convocatoria de las generales han modificado el tablero, la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda ha llevado a que algunos interesados en alquilar una vivienda esperen para evitar los gastos de gestión previos. Sin embargo, aún no se ha establecido el índice de precios que se aplicará en los municipios tensionados y todavía no está claro qué ocurrirá exactamente cuando se resuelva el futuro político del país.

Hasta nuevo aviso, la oferta de viviendas sigue controlada por el mercado y los grandes tenedores de vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, o las zonas de la Costa del Sol y el litoral mediterráneo.

El objetivo de la nueva ley de vivienda aprobada el pasado 27 de abril de 2023 por el Congreso, el 18 de mayo en el Senado y publicada en el BOE el 24 de mayo es contener los precios del alquiler en las llamadas "zonas tensionadas" para desinflamar el 40% de media que los hogares españoles destinan de sus ingresos al alquiler.

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Además, la nueva ley ha consolidado algunas medidas que ya se habían ido aprobando en los reales decretos para contener las consecuencias de la crisis derivada de la invasión de Ucrania:

Respecto a la subida de los precios del alquiler, el Real Decreto aprobado en diciembre de 2022 para adoptar "medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad" ya establecía en el artículo 67 una subida máxima del 2% a los alquileres.

Ahora, la nueva Ley de vivienda ha incorporado a la Ley de Arrendamientos Urbanos (que regula los alquileres) determinadas mejoras de la regulación "para fortalecer el mayor equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario".

Las novedades de la Ley de Vivienda que tienen más impacto en el alquiler

Los cuatro puntos principales de la Ley de Vivienda que benefician a las personas que tienen un contrato de alquiler son:

• Prórroga extraordinaria de un año por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica en los contratos de arrendamiento de vivienda.
• Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador.
• Se introduce un mandato al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que defina antes del 31 de diciembre de 2024, un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda para evitar incrementos desproporcionados en la renta.
• Se establece un incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre.

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Por ejemplo, a partir de ahora el propietario de la vivienda no podrá repercutir los gatos de la inmobiliaria al inquilino (como se venía haciendo hasta la fecha) y prohibirá que los arrendadores suban el alquiler más de un 3% a partir del año 2024 (en 2023 ya está limitado al 2% por el Real Decreto de diciembre de 2022).

En cualquier caso, para que el propietario pueda realizar cualquier tipo de subida al inquilino, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece dos condiciones:

1. La renta solo podrá ser actualizada anualmente, cuando llegue la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato (a menos que ambas partes pacten lo contrario).
2. La parte interesada tendrá que notificar a la otra por escrito, "expresando el porcentaje de alteración aplicado" y a partir del mes siguiente podrá empezar a exigirle la renta actualizada.

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