La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado este martes que ha dado a la banca de plazo "hasta final de la semana" para pactar el plan de ayuda a los hipotecados en problemas por la escalada del euribor que su ministerio y el sector llevan negociando desde hace semanas. Su objetivo, ha explicado, es poder aprobar las medidas "cuanto antes" y que entren en vigor el 1 de enero (el pacto tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y las entidades necesitan un tiempo para adaptar sus procedimientos).

"Estamos trabajando muy intensamente, con reuniones diarias con los representantes de la banca; yo espero que cuanto antes lleguemos a un acuerdo. De hecho, nos hemos dado... les hemos dado esta semana para poder cerrar un acuerdo porque queremos cuanto antes poder adoptar estas medidas, que estén en vigor el 1 de enero y que exista este catálogo de soluciones que puedan dar alivio a las familias españolas", ha afirmado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Como adelantó este diario, Calviño ha vuelto a confirmar que el Gobierno y las patronales AEB (bancos) y CECA (antiguas cajas de ahorro) están trabajando en un plan doble. Por un lado, en "ampliar y mejorar" el funcionamiento del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de hipotecas de clientes vulnerables. Y paralelamente, en establecer un "protocolo adicional para apoyar a aquellas familias de clase media que se puedan ver en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la acelerada subida de los tipos de interés".

"Nada más hay que referirse a los distintos anuncios que se han venido produciendo con respecto a los miles de millones de beneficios de los principales grupos bancarios de nuestro país para darse cuenta de que hay un margen para en este momento arrimar el hombro y aliviar la situación de las familias que son particularmente afectadas por la rápida subida de los tipos de interés", ha argumentado Calviño.

Alargamientos y carencias

El Ministerio de Economía ha trasladado al sector un planteamiento que incluye alargamientos de plazos y periodos de carencias en los pagos de las cuotas para hipotecados de clase media en apuros, como también adelantó este diario. Las medidas más contundentes -como limitaciones de los tipos de interés, condonaciones parciales de deuda y daciones del inmueble en pago del crédito- seguirán reservadas para las familias en situación más vulnerable, como viene sucediendo desde 2012. El objetivo es aliviar la carga financiera de los hogares en problemas, pero sin perjudicar la cultura de pago de las deudas ni la estabilidad financiera del país.

El Gobierno pretende que la banca ofrezca a los hipotecados de clase media en apuros unas cuotas hipotecarias "más asumibles", pero sin que ello les suponga un "aumento de los costes financieros". Se trata de un punto clave: los alargamientos de plazo y las carencias reducen los pagos mensuales que deben abonar las familias, pero suponen un encarecimiento del precio final de las hipotecas, salvo que se regule lo contrario. Así, se pagan más intereses por ser el plazo más largo o por ser el capital pendiente más alto una vez acabada la carencia, al tiempo que se debe hacer una novación del crédito con la consiguiente comisión (normalmente del 1% del capital pendiente).  

Este es uno de los puntos que más les está costando acordar a Economía y la banca. El otro son los requisitos que deberán cumplir los potenciales beneficiarios de las medidas. Las patronales propusieron hace unas semanas unos requisitos solo algo más flexibles que los del código de 2012, pero el ministerio los considera demasiado restrictivos tanto para las familias de clase media como para las vulnerables.