El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto del Becario, mientras la CEOE se descuelga del mismo. Yolanda Díaz deberá ahora decidir cuándo lleva al Consejo de Ministros la norma que pretende obligar a las empresas y universidades a que paguen unas cotizaciones mínimas por el tiempo que tienen a estudiantes en prácticas. Así lo confirman varias fuentes presentes en la reunión que el Ministerio de Trabajo ha mantenido con los agentes sociales en la tarde de este lunes. El 'no' de los empresarios al último texto remitido por el Ejecutivo empuja al departamento dirigido por la vicepresidenta segunda a pactar la reforma exclusivamente con los sindicatos, que tras este último encuentro remitirán el texto definitivo a sus máximos órganos de dirección para acabar de definir su voto. No obstante, fuentes tanto de CCOO y UGT hablan de preacuerdo y coinciden en que las condiciones negociadas hasta la fecha les sitúan en el 'sí'.

La entidad empresarial dirigida por Antonio Garamendi ha sido consecuente con las posiciones que ha venido defendiendo en los últimos meses y ha dicho 'no' a incrementar sus costes laborales. Ya se desmarcaron de la última subida del salario mínimo y del acuerdo en pensiones que incrementaba las cuotas empresariales. Ahora también han manifestado que no están de acuerdo con las últimas condiciones, que contemplan una bonificación del 90% sobre las cotizaciones por desempleo. La nueva norma también finiquitará con las prácticas extracurriculares a partir del 2025, fija un tope máximo de estudiantes en prácticas según el tamaño de las empresas y obliga a las compañías a costear el transporte de los becarios.

No obstante, desde la patronal han defendido durante el proceso negociador que la cuestión de las cotizaciones no era el principal problema y también lamentaban la eliminación de esa figura de las prácticas extracurriculares en el caso de los universitarios.

El Gobierno ha ido retrasando la aprobación de la reforma del Estatuto del Becario en aras de superar tanto sus diferencias internas como para tratar de atraer a la patronal a una entente. Desde el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores han sido reticentes a negociar la nueva norma, en tanto que las universidades son las principales empleadoras de estudiantes en prácticas del país. Ahí Seguridad Social, que también ha formado parte de las conversaciones, aumentó hasta el 90% las bonificaciones de cuotas para superar dicha oposición ante un previsible aumento de costes.

La patronal, por su parte, no ha acabado entrando al acuerdo, si bien se ha resistido en todo momento a dar por concluidas las conversaciones. Hasta el punto de que el lunes pasado declinaron asistir a la reunión programada alegando que habían recibido con poca antelación los documentos. Ninguno de los actores quiere ser el que de por concluidas unas conversaciones de las que no ha salido un consenso a tres bandas. Ni Trabajo quiere parecer que cierra sin haber intentado hasta el final captar a los empresarios, ni estos quieren figurar como los que rechazan toda propuesta presentada.