España está impulsando una declaración conjunta de los ministros de economía de la Unión Europea para sortear el veto húngaro a la introducción de un tipo mínimo del impuesto de sociedades y apoyará adoptar la propuesta a través de una cooperación reforzada que no requiera unanimidad de los Veintisiete. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta Nadia Calviño, en referencia al tipo mínimo efectivo del 15% en el tributo que grava los beneficios empresariales impulsado por la OCDE y el G-20.

"Estamos apoyando e impulsando una declaración conjunta con otros estados miembros en el día de hoy que pueda servir para impulsar una acción, incluyendo por supuesto la cooperación reforzada. Creo que cualquier instrumento puede sernos útil en este contexto, sobre todo para evitar el bloqueo derivado de las reglas de unanimidad en el contexto fiscal", ha afirmado a su llegada al consejo informal que celebran los ministros comunitarios en Praga.

Calviño no ha precisado cuántos países se habrían sumado ya a la misma ni el contenido de esta declaración, que buscaría sortear el veto que mantiene Hungría a la propuesta para aplicar en la UE el acuerdo logrado el año pasado en la OCDE para fijar el tipo mínimo efectivo del 15 % para las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Entre las opciones para ello estaría avanzar con una cooperación reforzada, un mecanismo que permite sacar adelante iniciativas que no cuentan con el apoyo de los 27 socios siempre y cuando las respalden un mínimo de nueve estados miembros y que ya se ha usado en otras áreas, como política Interior.

Acelerar el trabajo

Se calcula que este tipo mínimo podría generar 150.000 millones de euros adicionales de recaudación cada año a nivel global. "Tenemos que acelerar el trabajo para que en la UE tengamos reglas apropiadas y, en particular, un tipo mínimo del impuesto para las grandes empresas porque tenemos que tener una justa distribución de los costes de la guerra y del impacto de los altos precios de la energía y esto requiere un sistema adecuado también por el lado fiscal", ha defendido la vicepresidenta.

La intención de la UE era tener en marcha la medida en 2023, objetivo que parecía alcanzable en junio después de que Polonia levantase sus reservas a la propuesta. Sin embargo, el dossier quedó bloqueado ese mismo día por el veto de último minuto de Hungría, que meses antes había anunciado que retiraba su oposición a la medida tras conseguir algunas modificaciones en la misma.

Apoyo alemán y francés

Alemania y Francia, por su parte, han anunciado que contemplan adoptar el tipo mínimo del 15% para las grandes empresas en sus países, como ya hizo España el año pasado, si no es posible aprobarlo en toda la UE por el veto de Hungría. "Apoyamos fuertemente un enfoque europeo, intentaremos convencer a todos los Estados miembros, especialmente a uno, pero hemos tomado la decisión de aplicar el tipo mínimo para empresas en Alemania si no hay consenso europeo sobre esto. Y creo que otros estarán abiertos a un enfoque similar", ha afirmado el ministro de finanzas alemán, Christian Lindner.

Su homólogo francés, Bruno Le Maire, ha defendido que es una cuestión de "justicia", sobre todo en "tiempos de dificultades económicas e inflación" y ha asegurado que Berlín y París están trabajando con otros socios "en muchas opciones" para asegurar que sea aplicada en 2023. "La cooperación reforzada podría ser una solución, pero si no fuera posible entonces tendríamos que contemplar todas las opciones, incluyendo las nacionales", dijo Le Maire.

Los ministros europeos tienen previsto debatir sobre política tributaria este sábado, tras una primera sesión de trabajo este viernes centrada en evaluar la situación económica, la subida de tipos aprobada el jueves por el Banco Central Europeo (BCE) y la coordinación de las políticas de los socios para amortiguar el impacto de la inflación en hogares y empresas.