El temor a que Rusia cierre de la noche a la mañana el suministro de gas a la Unión Europea ha llevado a la Comisión Europea a redoblar la presión para que los 27 Estados miembros reduzcan el consumo de este combustible fósil todo lo que puedan. El nuevo plan de emergencia propuesto este miércoles plantea un recorte del 15% durante los próximos ocho meses, desde el 1 de agosto al 31 de marzo de 2023, con medidas voluntarias en un primer momento. Para alcanzar el nuevo objetivo, avisa Bruselas, todos tendrán que poner su granito de arena: consumidores, administraciones públicas, hogares, propietarios de edificios, suministradores de gas e industria.

Si no hay suficientes progresos o la situación se deteriora, por una escasez grave de gas o un repunte excepcionalmente elevado de la demanda, por ejemplo, provocado por un corte repentino en el suministro de Rusia, la Comisión Europea plantea la posibilidad de dotarse de poderes para declarar una alerta europea, que le permita hacer obligatoria la reducción en todos los estados miembros, con objetivos vinculantes. Para calcular el recorte del 15% Bruselas tendría en cuenta el consumo medio en el mismo período durante el período 2016-2021.

La Comisión Europea aspira ahora a conseguir el aval de los Veintisiete en la reunión extraordinaria de ministros de energía convocada por la presidencia checa de la UE para el próximo 26 julio. "Ahora es la fase de recordar a los estados miembros lo fuertes que somos cuando somos solidarios", ha apuntado von der Leyen, anticipando posibles resistencias al reglamento de algunas capitales europeas que tienen la última palabra sobre las medidas a adoptar.

Bruselas pide a todos los estados miembros que reduzcan un 15% el consumo de gas para primavera de 2023.

Planes para septiembre

Según el nuevo plan, bautizado con el nombre Ahorrar gas para un invierno seguro, todos los estados miembros tendrán que actualizar antes de finales de septiembre sus planes nacionales de emergencia. En ellos, tendrán que detallar las medidas de reducción de la demanda que tienen previsto adoptar para cumplir con el recorte del 15% que, según las estimaciones de Bruselas, permitirán ahorrar 45.000 millones de metros cúbicos, la cifra que estiman necesaria para superar un invierno más frío de lo habitual en caso de que el Kremlin cierre la llave del gas.

Además, cada dos meses, los estados miembros tendrán que informar al Ejecutivo comunitario sobre los progresos. Aquellos países que soliciten al resto de estados miembros “solidaridad” de suministro, tendrán también que demostrar que han adoptado las medidas prometidas para reducir la demanda a nivel doméstico.

Frente a Putin

El objetivo central del plan es hacer frene a los intentos de Putin utilizar la energía contra el continente europeo. "Rusia nos está chantajeando. Utiliza la energía como arma. Por tanto, sea el corte parcial o total, Europa debe estar preparada", ha avisado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha insistido que los Veintisiete deben estar preparados para lo peor porque es el escenario probable, incluida la posibilidad de que Gazprom no reactive el gasoducto Nord Stream 1, en parada técnica por mantenimiento desde el pasado 11 de julio y que previsiblemente debería reactivarse este jueves.

"Hemos visto que Gazprom no tiene el menor interés en reequilibrar el mercado. Al contrario, mantuvo sus niveles de almacenamiento lo más bajos posible, y los suministros también, reduciendo la oferta, tensando el mercado y haciendo subir los precios", ha criticado Von der Leyen. Hasta ahora son ya una docena los países de a UE los que han visto cómo Moscú les ha cerrado el grifo o ha reducido el flujo, como Polonia, Finlandia, Bulgaria o Alemania.

La propuesta llega con los depósitos subterráneos de la UE llenos al 65%, lejos todavía del 80% que deberán alcanzar las reservas de gas para el 1 de noviembre y que será muy difícil de conseguir si Putin corta el suministro. La situación, en todo caso es dispar. En Bulgaria las reservas no llegan al 40% mientras que en España ya están al 74% y en Portugal al 100%. Como nota positiva, los envíos de gas natural licuado de terceros países que se han disparado en esta primera mitad de 2022 -hasta 35.000 millones de metros cúbicos adicionales- gracias a acuerdos con Noruega, Egipto, Azerbaiyán, Estados Unidos, Qatar o Argelia.

Para reducir la demanda de forma coordinada en toda la UE, el Ejecutivo comunitario apuesta por sustituir el gas por otros combustibles a través de incentivos y el ahorro energético global en todos los sectores con el objetivo de garantizar el suministro a los clientes protegidos u otras industrias claves para la economía así como las cadenas de suministro. “Si se sustituye el gas por otros combustibles y se ahorra energía este verano, se podrá almacenar más gas para el invierno. Actuar ahora reducirá el impacto negativo sobre el PIB, al evitar acciones imprevistas en una situación de crisis posterior”, defiende la Comisión Europea. Según sus estimaciones, la economía europea podría retroceder entre un 0,6% y un 1% si Moscú interrumpe completamente el suministro en el caso de un invierno medio, y entre un 0,9% y un 1,5% en el supuesto de un invierno más frío de lo habitual.

Sustitución de combustible

Antes de llegar a las medidas de racionamiento, que son el último recurso, Bruselas recomienda agotar todas las posibilidades de sustitución de combustibles, planes de ahorro no obligatorios y fuentes de energía alternativas. En la medida de lo posible, además, los Estados miembros deberán dar prioridad al cambio a energías renovables u opciones más limpias, menos intensivas en carbono o menos contaminantes como la biomasa, el biometano o la energía solar. Aunque Bruselas admite que el cambio al carbón, el petróleo o la energía nuclear puede ser necesario como medida temporal, siempre que se evite el bloqueo del carbono a largo plazo. 

Además de fomentar el uso de otros combustibles para generar el electricidad, Bruselas plantea sistemas de subasta o licitaciones para incentivar el cambio en la industria, a cambio de compensaciones o ayudas públicas , así como la reducción del consumo de calefacciones y aires acondicionados. En este terreno, la Comisión insta a todos los Estados miembros a que lancen campañas de concienciación pública para promover la reducción de la calefacción y la refrigeración a gran escala, y a dar ejemplo tomando estas medidas en los edificios gestionados por las autoridades públicas.

El plan también ofrece directrices a los Veintisiete para determinar la jerarquía de los clientes o industrias “no protegidas” -los clientes protegidos como hogares, hospitales o escuelas están exentos de cualquier medida de racionamiento- a la hora de planificar los recortes, en el caso de que tengan que racionar gas en un futuro. La propuesta, tiene en cuenta consideraciones económicas, si pertenecen a sectores de “criticidad social”, como la salud, la seguridad, las refinerías y la defensa, así como la prestación de servicios medioambientales, si forman parte de cadenas de suministro transfronterizas en servicios críticos así como el posible impacto a las instalaciones en caso de cortes y la capacidad de sustituir a componentes o productos importados.