Enresa defiende un solo cementerio nuclear y que se construya junto a una de las centrales

Enresa, la empresa pública encargada de gestionar todos esos trabajos de gestión de los residuos nucleares, defiende abiertamente que la opción más ventajosa en todos los ámbitos es la de construir un único cementerio nuclear para todos los desechos radiactivos producidos en España. Una opción que también es la que defienden las propias compañías eléctricas que operan las centrales nucleares.

“La opción de un almacén temporal centralizado (ATC) sigue siendo económica, ambiental y socialmente la mejor solución”, ha sentenciado el presidente de Enresa, José Luis Navarro este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. “Y la mejor solución sería que el ATC estuviera ubicado en un entorno que ya sea nuclear”, ha apuntado. Esto es, en las proximidades de una de las centrales nucleares actuales.

El problema para elegir la ubicación es la necesidad de conseguir un consenso social, político e institucional y cómo vencer las reticencias de la población a convivir con los desechos nucleares. “Un ATC no se puede hacer contra el territorio. Hay municipios candidatos que muestran su voluntad de acogerlo si hay consenso”, ha indicado el presidente de Enresa, que, no obstante, señala el problema con el “eslabón intermedio” que son los gobiernos de las comunidades autónomas para alcanzar ese consenso por su rechazo o al menos sus reservas a acoger una instalación de este tipo.

“Es un asunto de Estado y ha de ser una decisión de Estado”, ha subrayado Navarro en relación a cuántos almacenes utilizar para guardar durante las próximas décadas los residuos radiactivos. “Si no somos capaces de tener una visión de Estado, habrá que tener siete almacenes. Pero en Enresa pensamos que sería mejor un ATC”. En cualquier caso, el presidente de la empresa pública subraya que tanto construir un solo cementerio nuclear o siete almacenes “son opciones igualmente seguras”.

2.100 millones de diferencia

Desde el Gobierno se apela a la búsqueda de consenso social, político y dentro del sector energético y, por eso, deja abiertas ambas opciones: un solo cementerio (almacén temporal centralizado o ATC) que debería estar listo en 2030 o un almacén en cada central (almacenes temporales descentralizados o ATD). Se mantienen las dos alternativas, a pesar de que crear una red de siete almacenes costaría 2.100 millones de euros más, según las propias estimaciones del Ejecutivo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un proceso de consulta pública sobre el borrador del PGRR en busca precisamente de ese consenso.

Las estimaciones del Gobierno contemplan que lo que costará desmantelar todas las centrales nucleares y la gestión a largo plazo de todos los desechos ascenderá hasta el año 2100 a 24.435 millones (si se construye un solo cementerio central) o 26.560 millones (si se opta por los siete almacenes repartidos por España). Unos importes que financian los propios operadores con aportaciones a un fondo mediante el pago de tasas específicas por la producción de energía nuclear o por gestionar material radiactivo.

Las compañías con intereses en el sector nuclear (las grandes eléctricas y decenas de empresas industriales vinculadas) reclaman un único cementerio de residuos en España, que es el plan que se había mantenido durante años desde los sucesivos gobiernos. Y además piden al Gobierno que la localización del cementerio centralizado se elija buscando que esté cerca a la ubicación donde finalmente tendrá que construirse un almacén geológico profundo (AGP), que guardará para siempre los desechos y que el plan del Gobierno aspira a tener operativo en 2073.

Enresa ya elaboró en 2020 una primera propuesta para aprobar un nuevo PGRR. Entonces la compañía apostaba preferentemente por construir un solo almacén centralizado que debería estar operativo en 2028 (un plazo ya imposible de cumplir), aunque dejaba abierta la puerta a levantar varios almacenes en distintas localizaciones. Su previsión entonces era que el coste de la gestión de los residuos sería de 23.044 millones de euros durante todo el siglo.

España ha de afrontar una decisión sobre el almacenamiento de los residuos con tiempo suficiente de cara al apagón de todas las centrales. “Enresa no puede avanzar con soluciones hipotéticas o deseables, sino con soluciones reales”, ha alertado Navarro. El Gobierno pactó con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035 que conducirá al apagón nuclear total en el país. Los planes del Gobierno son mantener el cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles ahora operativos acordado en 2019 con Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.

El proyecto de Villa de Cañas

El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, paralizó el proyecto de construir un almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca, y da por descartado retomarlo. Si la opción elegida finalmente es levantar un solo almacén para los residuos de todas las centrales, el Ejecutivo tendría que buscar otra localización alternativa.

El Ejecutivo renunció a continuar con la opción de Villar de Cañas por los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y estudios independientes.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018. Pero más de una década después de que el Consejo de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas para instalar el cementerio nuclear sigue sin haber un almacén.  El Ayuntamiento de Villar de Cañas sigue mostrándose dispuesto a acoger un ATC para todos los residuos de España, mientras que la Junta de Castilla-La Mancha rechaza de plano el proyecto.