El Gobierno refuerza su estrategia contra los oligarcas rusos contra los que se dirigen sanciones internacionales tras la invasión militar de Ucrania. Las autoridades españoles llevan casi dos meses volcadas en la identificación y la incautación de viviendas, locales y otros bienes (singularmente yates) a nombre de estos empresarios rusos o de sus empresas. Ahora el objetivo es ir más allá y lanzar las medidas contra los testaferros y las empresas fantasma que ocultan las propiedades de los oligarcas y dificultan su inmovilización.
Según fuentes gubernamentales, está previsto que el Consejo de Ministros de este martes aborde estas nuevas medidas, que se han preparado por el Ministerio de Justicia en base a dos informes solicitados al Consejo General del Notariado y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con el objetivo de allanar las vías para localizar a posibles testaferros y empresas pantalla que estarían ocultando la verdadera titularidad de los oligarcas señalados de los bienes a embargar en España.
Desde el Consejo del Notariado se ha señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, que Presidencia del Gobierno solicitó sus recomendaciones al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado en 2005, que ya han sido entregadas. Por su parte, Registradores de la Propiedad y Mercantiles enviaron también un documento al Gobierno con los bienes que han localizado en España pertenecientes a los oligarcas rusos incluidos en la 862 personas y 53 entidades elaborada por la Unión Europea. Este colectivo cuenta con un Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) desde el que se pueden analizar las identidades de los propietarios de los bienes susceptibles de embargo.
Durante las últimas semanas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía, registradores, notarías y bancos han estado colaborando para hacer posible la inmovilización de bienes a nombre de oligarcas afectados por las sanciones contra el entorno del Kremlin. Una labor que ha sido más complicada de lo habitual, entre otros aspectos, por la dificultad añadida en la comprobación de las identidades de los empresarios por la traslación de los nombres entre el alfabeto cirílico y el abecedario latino.
El Gobierno quiere ahora ir más allá y quiere impulsar las investigaciones del patrimonio oculto mediante sociedades pantalla y personas interpuestas. Se trata de dar continuidad a las medidas contenidas en el Real Decreto del pasado mes de marzo que ya permitieron actuaciones urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania.
Con ese primer paquete se realizaron ya algunos embargos de propiedades inmobiliarias y yates de oligarcas rusos atracados en nuestro país. Entre ellos, el megayate 'Valerie', cuya propiedad se atribuye al entorno familiar del oligarca ruso Serguéi Chemezov, el consejero delegado de la empresa tecnológica y militar Rostec. Este multimillonario está incluido desde 2014 en la lista negra de la Unión Europea por sus vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien según documentos de la policía secreta de la República Democrática de Alemania (RDA), la Stasi, habría coincidido como espía del KGB en la ciudad de Dresde. Otra embarcación embargada, a finales del pasado mes de marzo, fue el Lady Anastasia, el mismo que un marinero ucraniano intentó hundir en Port Adriano (Mallorca)por venganza ante la invasión de su país por parte de Rusia.
La acción de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado ha pasado a la acción en plena guerra de invasión militar de Vladímir Putin sobre Ucrania y ha recabado en Anticorrupción y en la Audiencia Nacional una lista con más de un centenar de ciudadanos rusos que están implicados en casos de corrupción y de crimen organizado en España.
La fiscal general, Dolores Delgado, pretende de esta forma tener una idea global de las actividades de estos oligarcas, capos de la mafia rusa y sus empleados que han logrado sus fortunas al amparo del Gobierno del Kremlin. Según destacan las mismas fuentes consultadas, una treintena de estos investigados habrían logrado el estatus de cabecillas o "Vor v Zakone" ("ladrones en ley"), el rango más alto dentro del crimen organizado ruso. Este listado se elabora días después de que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos ampliaran el número de oligarcas sancionados en represalia por la invasión de Ucrania.
