Con un PP al alza en las encuestas (incluido el CIS) tras la coronación de Alberto Núñez Feijóo y el 'caso mascarillas' que cerca al Ayuntamiento de Madrid por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha destapado una presunta estafa de 11 millones de euros, Pedro Sánchez busca rearmarse. Endurecer el tono contra los populares, situarles frente al espejo, frente a los "tres problemas" que a su juicio su nuevo jefe de filas tiene sobre la mesa sin resolver: la "corrupción", la relación con Vox y una bajada de impuestos que reclama y que esconde un anuncio de "recortes" en el Estado del bienestar.

Ese fue uno de los ejes de la entrevista del presidente del Gobierno, este lunes, justo después de las vacaciones de Semana Santa, en 'Espejo público', en Antena 3. En ella, también dio por seguro que se revisarán a la baja las cifras de crecimiento de la economía española, aunque no quiso anticipar cuánto porque ya lo anunciará la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y corroboró que las pensiones se actualizarán, de cara al año que viene, conforme al IPC, porque así lo marca la ley y no depende de la voluntad política del Ejecutivo, mientras que la subida salarial de los empleados públicos dependerá del pacto de rentas que espera firmen los agentes sociales.

Feijóo propuso al presidente, durante la reunión que mantuvieron el pasado 7 de abril en la Moncloa —la primera que mantuvieron con el gallego ya como líder del PP— una reforma inmediata en el IRPF con efectos retroactivos desde enero y una deflactación de la tarifa de este impuesto para favorecer a las familias más necesitadas, y recordó que desde 2008 el gravamen de la renta no se adapta a los precios. Sánchez respondió que el PP "siempre" propone bajar impuestos cuando está en la oposición y que gobierne la lista más votada, "siempre" que esta sea la suya. Y, sin embargo, el "penúltimo plan fiscal" aprobado por el PP corrió a cargo de "un señor hoy condenado", Rodrigo Rato, mientras que Cristóbal Montoro, cuando era ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, impulsó una amnistía fiscal y "subió 50 impuestos".

"Seamos serios", reclamó. Y en ese punto lanzó su carga de profundidad, su aseveración de que el PP tiene "tres problemas que no ha resuelto". Uno, la "corrupción", y porque la dirección nacional no ha dicho "nada" ni de la presunta comisión que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas en 2020 ni tampoco de la investigación de la Fiscalía sobre los negocios de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina en el peor momento de la pandemia con el Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida. Ambos ganaron cerca de seis millones de euros vendiendo material sanitario al consistorio de la capital.

"Recortes" al Estado del bienestar

Segundo problema, la "ultraderecha". Su relación con ella. Y tres, que la bajada de impuestos que reclama insistentemente el PP "no es un proyecto de país", porque si alguna "lección" ha dejado la pandemia es que el Estado del bienestar es la "piedra angular de la cohesión social y territorial", porque los sueldos de los profesionales sanitarios o educadores se financian vía impuestos. "Todos aquellos que están diciendo que quieren bajar impuestos están anunciando recortes como hicieron después de la crisis financiera", avisó. Sánchez defendió que su Gobierno sí ha tocado ciertos gravámenes, como la bajada en un 60% de los impuestos de la factura de la luz o las tasas portuarias a los pescadores, y además ha aprobado ayudas directas en su plan de respuesta a la crisis, pero una rebaja "generalizada" de los impuestos, como exige el PP, "no es creíble y no la está haciendo nadie en Europa".

Así que es un "clásico" del PP que demande bajar la fiscalidad cuando está en la oposición, "y cuando llega al Gobierno lo que hace es aplicar amnistías fiscales, ahora prohibidas por ley, y subir hasta 50 impuestos a la clase media y trabajadora". Y "viendo lo que estamos viendo" en relación con la compra de mascarillas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, insistió, además de la apelación a la dirección nacional del PP de que "algo tendrá que decir y hacer", cabe recordar que "el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción". Era su manera de intentar frenar el 'efecto Feijóo' que apuntan las encuestas, advirtiendo de que la promesa de rebaja fiscal está vacía y es envenenada.

El presidente evitó afirmar que todos los contratos firmados por su Ejecutivo en el arranque de la pandemia estén libres de toda sospecha. Por lo que pueda ocurrir. "Desde luego lo que puedo decir es que si hubiera cualquier caso actuaríamos con la mayor de las contundencias", prometió, para después criticar que el PP cargue contra la Fiscalía o contra el abogado que ha denunciado a Almeida por no perseguir el 'pelotazo' de las mascarillas. La cúpula de los conservadores, recalcó, ha de ser consciente de que la corrupción "le desalojó de la Moncloa". "Los silencios, cuando no el mirar para el otro lado de la actual dirección del PP, no es precisamente el mejor de los ejercicios y la reivindicación de ejemplaridad que exigen los ciudadanos", continuó.

No habrá adelanto electoral: las generales se celebrarán "en tiempo y forma", en diciembre de 2023

Susanna Griso, conductora de 'Espejo público', le preguntó si, a la luz de la subida que experimenta el PP en las encuestas se plantea adelantar las elecciones. Sánchez reiteró que no, que los comicios serán "en tiempo y forma", porque España necesita "estabilidad" y reformas y volver al "hábito" de las legislaturas de cuatro años. Las generales, afinó, llegarán "en diciembre de 2023" —no serán ni el 24 ni el 31, Nochebuena y Nochevieja, garantizó—, y señaló que los datos que las encuestas pronostican para Feijóo son "los mismos" que en su día adjudicaron a su antecesor, Pablo Casado, y este finalmente se hundió, tumbado por su propio partido.

De paso, eso sí, preparó el terreno de la argumentación: lo que estará en juego en esas futuras elecciones será la disyuntiva entre un Gobierno de coalición progresista liderado por el PSOE "con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz" —no citó a Unidas Podemos— o un Ejecutivo "del PP con la ultraderecha". Y advirtió de que en este último caso, quien marcaría el rumbo sería Vox, como ocurrirá, vaticina, en Castilla y León, o seguramente en Andalucía, cuya convocatoria electoral está al caer. "Se lo tiene que hacer mirar el PP: este Gobierno de coalición en Castilla y León puede replicarse en otras partes de España y en el conjunto del país". Es el aviso que repetirán mucho los socialistas en los sucesivos comicios.

Otra fecha, más próxima, es la del debate del estado de la nación. Sánchez se comprometió a celebrarlo en el primer periodo de sesiones de 2022, que concluye el 30 de junio, de modo que lo cuadrará "entre mayo y junio", aunque defendió que él mismo y su Ejecutivo han rendido cuentas ante el Parlamento "en multitud de ocasiones".

El conflicto en Ucrania

El líder socialista confirmó que el Gobierno rebajará la previsión de crecimiento prevista para este año (7%) por el impacto de la guerra en Ucrania. "Es evidente", dijo, que el conflicto daña la economía europea y global, y que por tanto "va a haber una revisión a la baja de las cifras de crecimiento del PIB en España, Europa y el mundo", pero eso no significa que no vaya a haber un crecimiento "robusto" en España y que se siga creando empleo. De hecho, ahí están los buenos datos del sector turístico en Semana Santa, recordó, y el hecho de que España sea uno de los cuatro países del mundo más buscados.

El Gobierno reabrirá "en pocos días" la embajada española en Kiev, como muestra de "compromiso" del país con Ucrania

El Ejecutivo, alegó, no se "escuda" ni pone "paños calientes" a la situación económica, pero remarca que el 70% de la subida del IPC se debe al alza del coste de la energía y eso "tiene mucho que ver con el conflicto en Ucrania". Y por eso, para bajar el precio de la luz, el Gobierno está ahora mismo en "plena negociación" con Bruselas para que autorice la excepción ibérica, que España y Portugal puedan imponer temporalmente un precio de referencia del gas para que no contamine a todo el mercado. No adelantó cuál será ese tope y si distará mucho de los 30 euros el megavatio que plantearon Madrid y Lisboa. También consideró "evidente" que las eléctricas se están llevando beneficios caídos del cielo, aunque ellas lo nieguen: "Si produces a precio de energía renovable y cobras al precio del gas es evidente que algún beneficio te estás llevando".

Sánchez espera que el repunte del IPC sea "coyuntural", puesto que las previsiones de los organismos internacionales, incluido el Banco de España, indican una bajada de la inflación en 2023, y confía en que sea de manera "brusca y abrupta", hasta el entorno del 2%. De cualquier modo, aseveró, la revalorización de las pensiones está garantizada, porque así figura en la ley, y "no depende de la voluntad política de ningún Gobierno". Preguntado si la subida salarial se aplicaría a los funcionarios, recordó que empresarios y sindicatos están negociando un pacto de rentas, donde no se tiene que hablar solo de sueldos, "sino también de reparto de dividendos y beneficios por parte de las grandes empresas", y en función de ese acuerdo "se verá cuál es la evolución y negociación que se articula" respecto a los empleados públicos.

Defiende como "estratégica" la relación con Marruecos y Argelia y califica de "debate superfluo" el que mantiene la oposición respecto al número de ministerios y asesores

Respecto a la guerra en Ucrania, el presidente confirmó que España, como muestra de su "compromiso" con el país, "en breve, en pocos días", se reabrirá la embajada española en Kiev. Y con relación al cambio de posición sobre el Sáhara, defendió de nuevo que para España la relación con Marruecos es "estratégica" en muchos ámbitos: en la política migratoria, por descontado, pero también a nivel de cooperación policial, lucha contra el terrorismo o el narcotráfico o la relación comercial. Alegó que de entre las dos propuestas que hay encima de la mesa, la del derecho a la autodeterminación de la excolonia española y la de la autonomía, el Gobierno cree que es "interesante" explorar esta segunda alternativa, a favor de la que se han posicionado otros países de manera más o menos clara. Agregó que el Gobierno sigue considerando también "estratégica" la relación con Argelia, y que espera que se pueda resolver el conflicto diplomático pronto.

Por último, defendió que es un debate "superfluo" el que plantea el PP sobre el número de ministerios (22) y asesores, porque el grueso de las partidas del gasto público se destina a pensiones, sanidad o educación. Y entiende además que hay que reflexionar sobre la necesidad de contar con un Ministerio de Ciencia cuando se trata de potenciar, por ejemplo, la investigación en vacunas, o con el de Cultura y Deporte para dar apoyo a esa industria.