La crisis del sector agroganadero no ha surgido ahora, sino que se viene arrastrando desde hace varios años al confluir una serie de factores que han cuestionado la viabilidad de las explotaciones, a lo que se ha unido la sequía, la reforma de la PAC o el incremento de los costes directos e indirectos de las producciones. Bajo el lema de '20M Rural. Juntos por el campo', las cooperativas, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y la Federación de Caza prevén que solo de Córdoba se desplacen unos 80 autobuses a la manifestación que tendrá lugar el próximo domingo en Madrid. Los convocantes consideran que el medio rural está en riesgo de despoblamiento, consideran que la legislación ambiental es excluyente o que existe un ataque a la caza despreciando una actividad "generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales". Pero, ¿qué ha ocurrido para llegar a esta situación y cuáles han sido las causas que han llevado al campo a movilizarse como lo hicieron unos meses antes de declararse la pandemia del covid?

Los precios agrarios

La invasión de Ucrania ha acentuado los problemas latentes, ocasionando, además, una subida significativa de algunas producciones, como el cereal o el aceite de oliva, de orujo y de girasol, pero existen algunas que arrastran una gran crisis de cotizaciones, como sucede con la naranja, que acumula una caída de precios superior al 45% respecto al año anterior. Detrás de esta situación se encuentra, según denuncian, el descontrol existente en las importaciones de naranja de países como Sudáfrica. No obstante, la agresión a Ucrania ha dejado las cotizaciones en otras producciones por encima de los valores que se percibían hace un año. En la ganadería, bajan los huevos y la leche de vaca, mientras que hay también mejoras importantes en el porcino ibérico o en los corderos. Eso sí, a esa subida hay que unir un incremento importantes de los costes de producción.

La subida de costes

Las organizaciones agrarias reclamen un plan de choque tras la elevación de los costes de producción agrarios y que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los precios cubran los costes de producción. Los precios pagados por los agricultores no han dejado de subir en el último año. Con datos hasta octubre del índice de precios elaborado por el Ministerio de Agricultura, se ha producido una subida del 22,4%. Lo que más se ha elevado es el sector energético (+73,9%), con la electricidad registrando un aumento del 118,9% respecto a octubre del 2020 y un 44,5% en el caso de los carburantes. Significativa también ha sido la variación de los fertilizantes (+58,1%) o los alimentos del ganado (+18,2%). Lejos de detenerse, con la invasión de Ucrania, todas estas variables han seguido hacia arriba. A esto hay que unir la elevación de los costes laborales, que ya subieron en 2021 por la actualización del salario mínimo interprofesional y que lo harán también con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 un 3,63% en Córdoba. Además, las organizaciones agrarias rechazan aspectos de la reforma laboral, exigiendo que se tenga en cuenta la temporalidad y estacionalidad de las campañas agrícolas en los distintos tipos de contratos.  

Una PAC que no convence

Las organizaciones agrarias consideran que la reforma de la PAC será insuficiente para resolver los problemas del campo, entre los que destacan la caída de la renta de los agricultores, la reducción de agricultores y ganaderos, unos precios que no cubren los costes y la dificultad que existe para incorporar a jóvenes agricultores. Por ello reclaman que en la PAC y en el plan estratégico nacional se aborde la pérdida de renta.

Agricultura y sostenibilidad

Las organizaciones agrarias consideran que se ha promovido una legislación ambiental "excluyente" y cuestionan la ley de bienestar animal, que califican de "desorientada", los problemas que no se resuelven en materia de gestión de regadíos o el "desprecio" a la ganadería extensiva y a la calidad al tratar de imponerse el sistema Nutriscore. Asimismo, critican el ataque que se está produciendo a la caza, olvidando la labor que hace de control de las poblaciones animales. Por ello, exigen la retirada del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, de la iniciativa legislativa de la Ley de Protección y Derechos de los Animales y que se apliquen políticas de bienestar animal que no impidan el desarrollo de actividades en el mundo rural. Del mismo modo, reclaman la retirada del Real Decreto de Núcleos Zoológicos y la modificación del código penal que pretende hacer extensible el maltrato animal a todos los animales vertebrados. Por último, las organizaciones plantean la recuperación de la caza sostenible de especies migratorias, el silvestrismo y la caza en los parques nacionales.