El Gobierno aprobará la la ley de vivienda. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha dejado claro este lunes que la normativa saldrá adelante pese a los recelos que mostró la pasada semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La dirigente socialista ha apuntado que el informe que emitirá este órgano -caducado desde hace tres años- es "preceptivo, pero no vinculante". Sus socios en el Ejecutivo se han mostrado mucho más duro, llegan a poner en duda la "imparcialidad" del CGPJ.

La ley de Vivienda que pactaron PSOE y Unidas Podemos tras meses de tiranteces tendría que haber sido aprobada en el Consejo de Ministros antes de que terminara 2021. Sin embargo, un error burocrático retrasó su tramitación. Y ahora se vuelve a encontrar una nueva piedra en su camino. El pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó la pasada semana aprobar el informe sobre el anteproyecto y elaborar un nuevo texto. Además, criticaron la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el texto.

"Es una ley compleja y es lógico que haya dudas", ha admitido Rodríguez en una entrevista en LaSexta. En este sentido, la también ministra de Política Territorial y Función Pública ha asegurado que "respeta" la posición esgrimida por el CGPJ y que "estudiarán" sus recomendaciones. Aunque sean solo eso, recomendación. Rodríguez ha subrayado que el informe es "preceptivo, pero no vinculante". Es decir, es obligatorio solicitarlo, pero no obliga a nada.

"Lo vamos a aplazar, pero saldrá adelante", ha recalcado Rodríguez antes de señalas que "lo importante es dar seguridad de que hay determinación" de sacar adelante la norma. "Tenemos un compromiso claro como el derecho de acceso a la vivienda y vamos a dar respuesta", ha concluido.

El lobby del ladrillo

La ministra portavoz ha evitado en todo momento señalar que la decisión del CGPJ puede responder a un sesgo ideológico, dado la mayoría conservadora que se da en este órgano. Los morados han hecho todo lo contrario. La coportavoz estatal de Podemos, Alejandra Jacinto, ha asegurado que la decisión que adoptó este órgano hace "dudar de su imparcialidad". Incluso, ha dejado caer que las "élites del ladrillo" podrían haber estado detrás de este movimiento.

Para los morados, el CGPJ se ha "extralimitado" en sus funciones con el único objetivo de provocar un retraso "injustificable" de la ley de Vivienda. Según ha dicho Jacinto están "francamente preocupados" por el giro de "180 grados" que ha protagonizado el órgano de gobierno de los jueces.