La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este lunes que el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentado por el Gobierno es "garantista" y no invade competencias.

En una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Sánchez ha reconocido que la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de ley supone un "revés" para los planes del Ejecutivo, que esperaba aprobarlo este martes en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, la ministra cree que la norma es "escrupulosa" desde el punto de vista legal, y ha recordado que a pesar de que el informe del CGPJ no es vinculante, el Gobierno analizará las cuestiones planteadas por el poder judicial en el texto definitivo que se presentará previsiblemente el próximo 27 de enero.

"Nos gustaría aprobar la ley tal y como está ahora", ha asegurado Sánchez, a la vez que ha rechazado que la nueva norma vulnere el derecho a la propiedad privada, como recoge la propuesta de informe del poder judicial.

Sobre la posibilidad de aprobar la ley sin el informe favorable del Poder Judicial, la ministra ha declarado que la voluntad del Ejecutivo "no es confrontar con el CGPJ".

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Gobierno es continuar con la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley "lo antes posible", para lo cual esperan contar con los máximos consensos posibles.

Además, la ministra asegura que el Gobierno no está centrado ahora mismo en evitar la presentación de recursos contra la ley en un futuro, sino en sacar adelante una norma que no dé lugar a este tipo de conflictos, y ha recordado que durante la tramitación parlamentaria el resto de formaciones políticas podrán hacer sus consideraciones.

Ante la postura de los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), que ya han anunciado que no impondrán topes al precio del alquiler en las denominadas zonas tensionadas, Raquel Sánchez ha advertido de que ellos serán los que deberán rendir cuentas ante los ciudadanos por la no aplicación de unas medidas "que no van en contra de nadie".

Por ello, la ministra ha lamentado la actitud "negacionista y obstruccionista" del PP, que se opone a apoyar cualquier medida que adopte el Gobierno y le sitúan en una posición "absolutamente destructiva".

"Todo el mundo pagará" por las autopistas

Sobre el sistema de pago por uso de autopistas que prepara el Gobierno, ha asegurado que "todo el mundo pagará", pero habrá que buscar la fórmula para que el pago revierta en la mejora de la red viaria y se estudiarán las peculiares de cada territorio.

La ministra ha explicado que el Ejecutivo espera presentar una propuesta en los próximos meses, para lo cual quiere también contar con el máximo consenso posible, por lo que no estará incluida en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que aprobará el próximo 1 de febrero el Consejo de Ministros.

Raquel Sánchez ha defendido que este sistema es necesario para impulsar la movilidad del siglo XXI (segura, conectada y sostenible), y ha pedido llevar a cabo una reflexión y análisis por parte de todos los agentes implicados respecto al mantenimiento de las carreteras.

"Es una asignatura pendiente que no hemos resuelto, que no nos equipara al conjunto de países de la Unión Europea y que desde luego nosotros nos hemos decidido a plantear con total transparencia y lealtad", ha declarado.

Por último, la ministra ha cifrado en 1.400 millones de euros el coste que tendrá para el Estado el rescate de las autopistas de peaje que quebraron durante la última crisis económica.

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