Tan solo mes y medio después de que el Congreso de los Diputados avalara el ‘hachazo’ a las eléctricas por la subida del precio del gas, estimado entonces en alrededor de 2.600 millones de euros entre los meses de septiembre a marzo, la Cámara Baja ha dado luz verde este jueves a suavizar ese recorte con los votos a favor de PSOE y Unidas Podemos, además de PNV, PDeCAT, Junts, Más Páis-Equo, Nueva Canarias y Coalición Canaria (189 votos a favor, un voto en contra y 158 abstenciones). Destaca el beneplácito del partido morado por dejar sin efecto una norma que llegó a calificar de "histórica" al no tener "el logotipo del oligopolio eléctrico", según afirmó tras su aprobación el pasado 14 de octubre el portavoz del grupo, Pablo Echenique, que no ha estado en el hemiciclo este jueves.

El 14 de septiembre, el Gobierno anunció un recorte de ingresos para las compañías eléctricas que se beneficiaran de la subida del precios del gas (básicamente, centrales hidráulicas, nucleares y algunas renovables que, según el Ejecutivo, recibían un precio de mercado superior a su coste), pero las grandes eléctricas se quejaron de que toda la energía que producen la tienen vendida a su propia comercializadora con contratos a precio fijo, por lo que no se benefician de los elevadísimos precios del mercado mayorista (alrededor de 200 euros el megavatio-hora).

Después de varias semanas de polémica, un día antes de que se aprobara esta minoración por el gas, el presidente del Gobierno anunció en el Congreso que matizaría su contenido, tras la reprimenda del PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, alertó de que podría "perjudicar a los consumidores eléctricos e industriales". Esa semana Sidenor anunció un parón por los altos precios eléctricos. Al día siguiente, la misma jornada en la que el Congreso la convalidó, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba que tenía previsto aprobar un nuevo real decreto para aclarar esa minoración de ingresos, lo que a efectos prácticos supone prácticamente eliminar el recorte.

Y así ha sido. Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo real decreto ley que eximía del recorte de ingresos a aquellas empresas que tuvieran firmados o firmasen contratos a plazo a precio fijo. "Creo que nos jugamos mucho y no se puede abusar de un mecanismo sin medir las consecuencias que tiene", le reprochó este jueves el diputado de ERC, Joan Capdevila.

Así, además, aumenta las exigencias de información a las empresas eléctricas, tanto de cara a los consumidores (tendrán que avisar un mes antes de cualquier modificación contractual), como al regulador (a quien debe informar continuamente sobre aquellos contratos a plazo, incluso los firmados intragrupo), y amplía las medidas de protección a los consumidores energéticos al elevar el descuento del bono social eléctrico del 25% al 60% y del 40% al 70% e incrementar en 100 millones el presupuesto para el bono social térmico

El recuerdo de Echenique

La diputada del grupo vasco, Idoia Sagastizabal, ha celebrado la decisión del Ejecutivo que, "además de continuar con el plan de choque para retener la escalada energética", el real decreto ley "fortalece los mercados eléctricos a plazo y la formación transparente de los precios, da un mayor conocimiento sobre el funcionamiento del mercado eléctrico e introduce nuevas obligaciones para generadores y comercializadores". En la misma línea, el diputado del PDeCat, Ferran Bel, recordó que su abstención en el real decreto anterior se debió a las "deficiencias y defectos respecto al mecanismo de minoración que en aquel momento no tuvieron a bien aclarar".

"Poco a poco hay que ir tomando medidas para hacer que el marcado a plazo tenga mayor liquidez y volumen porque lo cierto es que las grandes empresas al realizar coberturas de precio entre ellas no tienen incentivo en este mercado", ha asegurado Sagastizabal. La diputada también se acordó de Echenique que tras la abstención del PNV en la votación del real decreto ley anterior, según su palabras, "puso un tuit en el que decía que el PNV estaba a favor de las eléctricas”. “Qué titular va a aplicar después de este decreto?”, ha preguntado Sagastizabal a su colega. “¿Podemos se alinea con las eléctricas para rebajar el impacto de la minoración? ¿O el Gobierno no cumple con su promesa de decretazo contra las eléctricas?”, ha ironizado.  

La 'trampa' del bono social

Por su parte, el diputado Nestor Rego Candamil, del grupo plural, ha echado en cara al Ejecutivo que haya incluido "de forma oportuna" el descuento del bono social eléctrico y el incremento del bono social térmico. "Digo oportunamente porque la modificación del real decreto ley por esa injustificable cesión a las eléctricas merece el voto negativo. Buenas noticias para las eléctricas y malas para los consumidores y las mayorías sociales", ha asegurado Rego Candamil. Mientras desde Vox han asegurado que el Gobierno "coloca las variaciones del limite máximo del bono social" para "hacerlo más digerible". "Eso está bien, pero hasta que no mejoren la burocracia las familias no se van a beneficiar de ello", ha asegurado el diputado de la formación José María Figaredo Álvarez-Sala.

"Votaremos que sí no porque nos haya dejado de parecer mal que la energía que cuesta 3 euros el megavatio-hora, las empresas del oligopolio la estén cobrando a 200 euros o más, como está en el mercado mayorista, nos parece que es algo que no debe aceptarse sin mas y por eso abogamos por una reforma en profundidad del mercado eléctrico. La situación no puede sostenerse así, es francamente injusto (...) pero el decreto tiene otras cuestiones que valoramos muy positivamente", ha defendido Juantxo López de Uralde, en relación a las medidas que amplían la protección del consumidor y las que fomentan la transparencia de las empresas.