Contra la decisión de la jueza

El fiscal informa a favor del desbloqueo del préstamo a Plus Ultra

Sostiene que no hay motivo alguno que ampare la decisión adoptada por una jueza de Madrid

Ángeles Vázquez

La Fiscalía de Madrid considera que debe "desbloquearse la ayuda pública a la compañía Plus Ultra por "34 millones de euros como préstamo participativo concedido por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas". En su informe, al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, que procedió a su paralización cautelar, el ministerio público entiende que no haya razones para ello.

El ministerio público es categórico al afirmar que "no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".

Argumenta que el préstamo de 34 millones es imprescindible para garantizar la actividad de Plus Ultra. Su ceso de actividad, dice el informe, "generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2700 trabajadores" y ello tendría "un impacto económico sería de 365 millones de euros en términos de facturación".

De ahí que entienda que no concurren las circunstancias que pueden permitir paralizar los fondos cautelarmente, "pues el objeto de la ayuda consistió en dos préstamos, uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19, por lo que solo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución, se podría producir un daño real y efectivo susceptible de ser evitado con la medida cautelar cuya suspensión se insta".

Fiscalízación y garantías

No ve motivo para paralizarlo, porque "la disposición de fondos públicos se ha realizado a cargo del FASEE, que es un fondo sin personalidad jurídica, y sujeto a la fiscalización de la Intervención General de la Administración del Estado" y su gestión está fiscalizada. Pero, además, "en el propio contrato de otorgamiento de las ayudas se establecen una serie de garantías que se estiman adecuadas y suficientes para el adecuado cumplimiento de los objetivos de las mismas y preservación de los fondos públicos".

El informe recuerda también el criterio del Tribunal de Cuentas que archivó la acción pública iniciada a instancias de la líder de Ciudadanos, inés Arrimadas, para tratar de bloquear el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El órgano fiscalizador entiende que la concesión de un préstamo no supone ningún perjuicio contable a las arcas públicas, salvo que no sea devuelto, circunstancia que aún no se ha producido, por lo que no ve motivo para abrir la investigación pretendida por el partido liderado por Inés Arrimadas, que ya anunciado que recurrirá la decisión.