Tras 20 años al frente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, deja vía libre a la CNC para abrir una nueva etapa. Lazcano, un veterano del sector que conoce la construcción como la palma de su mano, deja la presidencia tras haber lidiado con la peor pesadilla que podía sufrir la economía española en general y la construcción en particular: la Covid-19. La pandemia, además de la crisis sanitaria, ha dejado en coma a la economía española y en la UCI a la construcción. "Especialmente a los autónomos y pymes, que constituyen una gran parte del sector". Con 75 años no había vivido una crisis tan dura como esta. "Ha supuesto un duro golpe para el sector". Ha vivido la crisis de los 70, el colapso del "boom" inmobiliario "provocado por la crisis financiera de 2008". Si en 2008 el sector tuvo una salida en el exterior "en esta crisis sólo existía una manera de actuar. Sobre la demanda, como se ha realizado con los créditos del ICO, y sobre la oferta con la prórrogas de los ERTE. Ahí el gobierno ha actuado bien, le pondría un notable". Aunque matiza su valoración al Ejecutivo al firmar que "hay que esperar y ver como gestiona ahora los Fondos Europeos".

En ese sentido, Juan Lazcano advierte que "el sector necesita un esfuerzo en contratación. En este año, el próximo y en 2023 la construcción precisa de 25.000 millones contratados. Es decir, más de 8.000 millones por año para mantener una situación de normalidad". Y sostiene que esta cifra procede "sólo de las ayuda directas. Es decir, del aprovechamiento de los Fondos Europeos por la vía de las transferencias no reembolsables. Ahora bien, el Estado puede recurrir a los otros 70.000 millones en créditos". Y sentencia que "la colaboración publico-privada, es la única manera de salir de esta crisis y de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas".

Sobre su retirada de la presidencia de la CNC señala: "He cerrado un ciclo, tras 20 años al frente de la organización empresarial. Ha sido una etapa apasionante en la que he procurado armonizar los diferentes intereses de las asociaciones empresariales confederadas. Integrar en la CNC, todas las actividades constructivas y ejercer su legítima defensa ante terceros. Todo ello con un único afán: El progreso económico, social, tecnológico y sostenible de la industria de la construcción, con un denominador común: la paz sociable, estable y sin fisuras con los sindicatos". Ha decidido no presentarse a la reelección y que el próximo 18 de marzo, sea otro quien coja el relevo al frente de la organización para afrontar los nuevos retos. ¿Cuáles son? Lazcano los tiene definidos. "Alcanzar un Pacto Nacional sobre el Agua. Desarrollar el Plan de la Vivienda haciendo especial énfasis en la rehabilitación y regeneración urbana. Incrementar la inversión en mantenimiento y conservación en carreteras, así como potenciar el desarrollo de los ejes ferroviarios, en especial el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, así como la red de cercanías". Esas son, según su diagnóstico, "las asignaturas todavía pendientes".

Respecto a la incidencia de la pandemia en la construcción, Juan Lazcano recurre a los cifras para constar una realidad. "Los últimos datos económicos en España arrojan una cifra alarmante en el marco laboral, más de 4 millones de parados, en concreto, 4.008.789 en el mes de febrero. Cifra que supone un 1,12 respecto a enero, consecuencia de la crisis sanitaria que ha provocado la Covid-19 en nuestro país. El coronavirus ha asestado un duro golpe a la construcción. ¿Cómo está afectando al sector?". Y responde a ese interrogante con una respuesta que no deja duda. "La construcción está padeciendo una nueva recesión. En 2020 la producción en el sector, en el cuatro trimestre, cayó un 13,7% y hemos terminado 2020 con una producción respecto al PIB del país del 9,57%, cuando normalmente siempre estamos por encima del 10%". Como ingeniero y conocedor del sector rápidamente transfiere esos porcentajes en cifras. Los datos que aporta los proyecta en millones de euros. Son rotundos. "Traducido en cifras la producción en 2020 ha sido de 107.126 millones de euros cuando en 2019 fue 124.138 millones. Es decir, estamos hablando de una producción semejante a la de 2015, porque la de 2008 fue de 217.578 millones. Antes de la crisis financiera, el sector estaba en unas cifras del orden de 220.000 millones de euros. La crisis financiera redujo de golpe de los 220.000 a 104.000 millones en 2014, ahí tocamos fondo y posteriormente hemos ido subiendo paulatinamente a los 124.138 millones de 2019. Con la Covid-19 hemos vuelto a bajar a 107.126 millones. Esa tendencia a la baja ha dejado seriamente tocado de nuevo al sector".

Caída de contratación y licitación

Así de claro lo expresa Lazcano, y lo hace nuevamente con cifras y datos. "La pandemia ha supuesto un serio revés. La construcción está en regresión, y esa situación se refleja en los afiliados al régimen general de la seguridad social. A finales de 2019 estábamos en 861.287 afiliados. Con la Covid-19 hemos terminado 2020 en 852.681. Es un descenso 1,9%, pero esa tendencia a la baja se confirma en enero de 2021 con 836.444 afiliados", y señala que "tenemos una tendencia a la baja y nos preocupa que va a suceder este año". Por ello, al preguntarle cuándo estima el regreso del sector a indicadores, como mínimo de 2019, no duda y se muestra tajante: "Siendo realista la construcción no se habrá recuperado hasta el segundo semestre de 2023".

¿En qué basa su pronóstico? El presidente de la CNC lo explica así: "Es de una lógica aplastante. La licitación pública ha caído un 22,88 % en 2020, con una disminución superior al 50% sólo en la Administración General del Estado. La contratación ha bajado un 43%, con más del 60% imputable también a la Administración General del Estado. Por otra parte, los dos ministerios más vinculados directamente al sector, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ambos han presentado para 2021 una inversión real de 11.039 millones de euros, que de alguna manera queda deslucida por el hecho de que ya el presupuesto fallido de 2019 contemplaba una inversión de 10.738 millones de euros, muy próxima por tanto a la que se ha establecido ahora".

2021 un año de "sequía inversora real"

Cuando se le pregunta por qué compara los actuales presupuestos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el presupuesto de 2019, Juan Lazcano es explícito. "Sencillamente -afirma- porque el Gobierno ha estado funcionando desde 2018, 2019 y 2020 con un presupuesto prorrogado e insuficiente. Los 11.039 millones del presupuesto de ambos ministerios, el MITMA 10.079, 78 millones y el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 958,87 millones, con la reducción de la licitación y contratación de 2020, los contratos que se suscriban en 2021 no van a contar con anualidades que garanticen un nivel de producción satisfactorio y acorde a la dimensión del sector. Es decir, si en 2020 no se ha licitado ni contratado, todo indica que 2021 va a ser un año de sequía inversora real, y por tanto, muy complicado para el sector. Por ello, desde la CNC consideramos que no vamos a volver a vivir los indicadores de inversión real previos a la pandemia hasta 2023". Así de rotundo se muestra.

Lazcano reflexiona. Se detiene en su análisis sobre el presente y futuro del sector. Y echa la marcha atrás volviendo su mirada a marzo de 2020. Recuerda los primeros tres meses del confinamiento. Aquel cese de la actividad total fue un serio mazazo para el sector, que tuvo unas pérdidas de 10.000 millones de euros. "Ahora volvemos al presente. Marzo de 2021. ¿En qué situación se encuentra la construcción?", se pregunta Lazcano. Su respuesta vuelve a descansar en las cifras. Los números son tozudos y dan una vista realista del coma en el que se encuentra sumido el sector. "De aquellos 10.000 millones de pérdidas del confinamiento, sólo hemos recuperado 3.000 millones. Todavía estamos en unas pérdidas de 7.000 millones de euros".

Ante esa coyuntura, la cuestión que planea sobre el sector es la siguiente: ¿Prevé cierre de empresas? Y la respuesta al interrogante queda despejada, pero es demoledora. "Sí, especialmente en pymes y autónomos. Muchas de las cuales van ser motivadas por criterios de solvencia".

Entonces ante esa posible oleada de cierre de empresas, en su mayoría pymes, micropymes y autónomos, al preguntarle sobre el balón de oxígeno que ha podido suponer para la supervivencia de empresas en la construcción, Lazcano reconoce que "la prórroga de los ERTES han sido una ayuda". Pero matiza y enfatiza. "La construcción no es uno de los sectores con más ERTES. Hemos conseguido mantener la afiliación puesto que desde los 15 días posteriores al confinamiento conseguimos restablecer la Reforma y Rehabilitación, y ese conjunto de obras, ha ayudado mucho a mantener la actividad en pymes y autónomos".

Saneamiento y depuración, nula inversión en 2021

Sobre los 72.000 millones de ayudas directas del Plan de Reconstrucción de la Unión Europea, ya en agosto de 2020, Juan Lazcano afirmaba que el Gobierno debía destinar entre 2020-2021, 42.000 millones en inversión pública para reactivar la economía y 18.000 millones en 2023. Un año después del estallido de la pandemia, Lazcano vuelve a realizar un balance. "¿En qué situación nos encontramos actualmente?", se pregunta. Su respuesta, siempre bajo el argumento de las cifras. "El mecanismo de Recuperación y Relisencia tenía 59.168 millones de euros en transferencias no reembolsables, y 12.436 millones del REACT EU. De estos últimos, equivalentes a los Fondos de Cohesión, el Gobierno ha transferido 10.000 millones de euros a las comunidades autónomas para reactivar la economía y blindar lo servicios públicos. Las comunidades autónomas recibirán 8.000 millones en este año y 2.000 millones en 2022, procedentes del Fondo REACT-EU. La construcción no va percibir ninguna cantidad porque los recursos deben destinarse de forma prioritaria a reforzar la educación, sanidad, servicios sociales, así como el apoyo a pymes y autónomos. Algo lógico y sensato dada las circunstancias sanitarias y sociales en las que vivimos". Y continua. De los 59.168 millones contemplados y transferidos por Bruselas como ayudas directas "en los Presupuestos Generales del Estado de este año, el Gobierno ya ha dispuesto 26.634 millones de euros, de los cuales 24.198 son del Mecanismo de Recuperación y Resilencia y 2.436 del REACT-EU que van a ser gestionados por el ministerio de Sanidad, a través del Programa Operativo Pluri-regional de España, para la adquisición de vacunas que serán repartidas entre las comunidades autónomas".

Respecto a los 24.198 del Mecanismo de Recuperación y Resilencia, "el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene 6.805 millones de euros que van destinados a inversiones en el parque de regeneración renovable, infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y el despliegue de almacenamiento, así como la participación en proyectos horizontales de digitalización, comunicaciones, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Y algunas partidas, aunque con escasa dotación destinadas a la preservación de recursos hídricos y costas. Es decir, todo lo vinculado con saneamiento y depuración en 2021 no contempla ninguna inversión procedente de Fondos Europeos. Por tanto, todas la multas impuestas por Bruselas y las carencias que tenemos como país en infraestructuras de saneamiento y depuración no hay contemplada ninguna inversión. Sólo el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) absorbe 5.300 millones para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible".

25.000 millones de contratación en 2021-2023, más de 8.000 millones para recuperar la normalidad

Pero la pregunta que se hace es sustantiva. "¿Qué necesita el sector para mantenerse a flote?". Esta es su respuesta. "El sector necesita un esfuerzo en contratación. En este año, el próximo y en 2023 la construcción precisa de 25.000 millones contratados. Es decir, más de 8.000 millones por año para mantener una situación de normalidad. Pero eso sólo contando con las ayuda directas, es decir, del aprovechamiento de los Fondos Europeos por la vía de las transferencias no reembolsables. Ahora bien, el Estado puede recurrir a los otros 70.000 millones en créditos. ¿Cómo? A través de la colaboración publico-privada, la única manera de salir de esta crisis y de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas".

En su opinión las prioridades inversoras que precisa la construcción son: "En el ámbito de las infraestructuras del transporte, mantenimiento y conservación de la existentes y en especial de la red de carreteras, que arrastran un déficit de 7.500 millones de euros. Otra prioridad es potenciar la inversión en la red ferroviaria de mercancías y cercanías, así como el acceso ferroviario a los puertos de interés general".

Los presupuestos del MITMA: "Reales, alcanzables, pero insuficientes"

Sobre los presupuestos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en la presentación de los mismos, el ministro José Luis Ábalos, subrayó su importancia al afirmar que representaban la inversión más alta en los últimos 10 años. Lazcano comparte la valoración del ministro, pero recuerda la carencia inversora que desde 2010 lleva padeciendo el sector. "Es cierto que el presupuesto del Ministerio contempla la mayor inversión en los diez últimos años" y matiza. "Su afirmación, por tanto, evidencia el déficit en inversiones que venimos arrastrando. En 2009 la inversión pública de los dos ministerios inversores, Fomento y Medio Ambiente, ha sido del 2,5% y en los últimos años, no hemos pasado del 0,9%. Esto evidencia que hemos perdido un stock de capital público y que las infraestructuras que tanto esfuerzo nos llevó construir, tienen un déficit de conservación y mantenimiento muy notable".

En ese sentido, afirma que el presupuesto del MITMA "son reales porque son alcanzables, pero insuficientes. La inversión en carretera, aunque hay que significar que por primera vez ha superado la cifra de 1.000 millones de euros para la conservación de la red estatal, ha quedado fuera del aprovechamiento de los Fondos Europeos al igual que el Ciclo Integral del Agua, en las inversiones en saneamiento y depuración que deberán consignarlos en 2022 y 2023". En insiste en reivindicar la inversión en carreteras. "La carretera es básica para la movilidad, como quedó patente con el temporal "Filomena" que vivimos en enero. De hecho, la carretera es el primer servicio básico de toda sociedad moderna. Por tanto, en carreteras sólo para conservación y explotación se debería invertir 1.600 millones de euros anuales para recuperar el déficit de conservación y mantenimiento de los últimos 10 años y abordar las necesarias actuaciones en seguridad vial que exige el denominado sistema seguro y avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir a la mitad de las victimas mortales en 2030".

Sobre la creación del Observatorio de la Inversión en Obra Pública, a iniciativa del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, para una mayor rentabilidad social y económica en inversiones realizadas en infraestructuras, Juan Lazcano subraya el papel que ha desempeñado la CNC y destaca la finalidad del mismo. "Su objetivo es destacar cuáles son las infraestructuras necesarias siempre bajo una análisis coste-beneficio". Respecto a la actuación del gobierno desde el confinamiento hasta hoy afirma que "le daría un notable. Porque los créditos ICO han funcionado, los ERTE también con las sucesivas prórrogas. Ha existido una sensibilidad notable por parte del Gobierno. Ahora nos queda el capítulo de las inversiones procedentes de los Fondos Europeos que desconocemos cual va a ser su aprovechamiento. En este sentido quiero destacar que la Confederación Nacional de la Construcción hemos sido muy activa en las 21 estrategias de país presentadas por CEOE para la recuperación y transformación de la economía española de la agenda 2021-2026. De las 21 iniciativas, la CNC ha liderado tres: Transformación del Ciclo Integral del Agua, el desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidades logísticas y transporte, con una mención especial a la carretera segura, sostenible y conectada. Además, también hemos impulsado la reforma y rehabilitación integral de edificios, regeneración urbana. Estas iniciativas están apoyadas por tres proyectos macrotractores cuyos objetivo es impulsar el despliegue de una estrategia inversora para la modernización de las infraestructuras así como de sus desarrollo y mantenimiento futuro".

No obstante, vuelve a subrayar sobre la nula inversión en este año destinada a saneamiento y depuración. "No existe asignación presupuestaria y ha quedado fuera del aprovechamiento de los Fondos Europeos para los presupuestos de 2021, deberán asignarlos en 2022".

El Plan de rehabilitación de Vivienda, de 30.000 a 120.000 en 2021

Sobre el Plan de Vivienda, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana tiene previsto en su presupuesto de este año una inversión de 2.250 millones de euros en Vivienda y Agenda Urbana, con una inversión de 1.651 millones destinados al Plan de Rehabilitación y renovación de la vivienda. Lazcano también es claro y conciso. "Me parece positivo y muy valorable. Porque el horizonte del ministerio es pasar de las 30.000 viviendas que se rehabilitan anualmente a 120.000 al año, un objetivo posible, real y muy deseable".

No obstante, sobre el anteproyecto de ley de vivienda "determina que el problema fundamental que se ha de solucionar es el acceso a la vivienda a precio asequible, a través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones legales". Y asegura que "la ley debe someterse a consulta pública para establecer las bases y garantías del ejercicio de el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada".

En este sentido, Juan Lazcano recuerda que la Confederación Nacional de la Construcción "se ha mostrado favorable al impulso de dicha Ley de Vivienda. Entendemos que desde la perspectiva del subsector industrial de la vivienda que CNC representa que resulta inexcusable la participación de la Confederación a lo largo de todo el proceso de elaboración de la norma, puesto que los asociados de las organizaciones empresariales que la integran disponen de parte de la experiencia en la gestión de promociones y la capacidad operativa y tecnológica para contribuir a resolver los problemas que el ejecutivo pone de relieve".

Y en se sentido, apunta los objetivos que se ha de desarrollar. "El posicionamiento de CNC es favorable a la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general. Dicha consideración es necesaria para instrumentar e incentivar, en el marco regulatorio europeo, las políticas de colaboración público‐privada. No obstante, se debe hacer hincapié que dicha regulación, recogida ya en algunas legislaciones autonómicas, resulta estéril sino va acompañada de los vehículos instrumentales y las medidas presupuestarias adecuadas para el despliegue de sus potencialidades en la prestación de un servicio esencial como es la provisión de vivienda a la ciudadanía.

Lazcano afirma que el gasto público destinado a la vivienda "ha de equipararse a la media europea. Para ello, entendemos que debería haberse traspasado a las políticas públicas activas de vivienda los fondos del importante ahorro presupuestario derivado de la retirada progresiva de las deducciones fiscales relacionadas con el acceso a la vivienda, recursos cuyo coste para las arcas públicas llegaron a estimarse en su día en unos 6.000 millones de euros".

Por todo ello, y ante el actual contexto de urgencia sanitaria que requiere de considerables esfuerzos presupuestarios en otros ámbitos sectoriales, Juan Lazcano indica que "es conveniente establecer un mecanismo de preasignación presupuestaria a políticas de vivienda que permita destinar un porcentaje determinado del gasto público a dicha materia, o que el presupuesto previsto para este año sea considerada la aportación mínima a partir de la cual los presupuestos destinados a vivienda en los próximos años crezcan hasta alcanzar objetivos ‐entre todas las administraciones‐ del 1% del PIB".

Y finaliza añadiendo que "es necesario establecer preasignaciones presupuestarias a las políticas públicas de vivienda, para garantizar que en un dilatado periodo de tiempo se pueda mantener una estrategia progresiva de incremento de recursos para las políticas de vivienda".