Gobierno, patronal y sindicatos han ratificado este martes el acuerdo sobre el nuevo complemento para reducir la brecha de género en pensiones, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero, que supone sumar una cuantía fija de 378 euros anuales en la pensión del beneficiario por cada hijo.

El decreto ley que regula el complemento, que se aplicará desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro, será sometido a la convalidación del Congreso este jueves y supone una reformulación del anterior complemento de maternidad puesto en marcha por el anterior Gobierno del PP.

Ahora se pagará desde el primer hijo y contempla que el beneficiario pueda ser el padre si acredita un perjuicio en su carrera profesional vinculado al nacimiento del hijo. En el caso de no hacerlo, el complemento será para la mujer o para el progenitor con menor pensión si son del mismo sexo.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha subrayado la importancia de este consenso porque ha sido el primer acuerdo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño", según ha destacado el Ministerio en un comunicado tras la reunión a la que han asistido los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Los sindicatos han reclamado que la norma sea tramitada como proyecto de ley para corregir algunas insuficiencias, entre ellas lo que consideran una escasa cuantía, según han destacado en un comunicado conjunto. Además, reclaman que se permita el derecho de opción a quienes ya tenían reconocido el anterior complemento de maternidad, pero pudiera resultarles más beneficioso el nuevo complemento de brecha de género.

A juicio de UGT y CCOO, también ha de corregirse la limitación que se ha establecido para las pensiones de jubilación anticipada del sistema de clases pasivas, "una exclusión que debe ser un error, pues no hay justificación para que estas pensiones se queden fuera una vez que dicho complemento se ha extendido a la totalidad de modalidades de jubilación del sistema de Seguridad Social".

Tras la firma del acuerdo, Escrivá ha comentado con los agentes sociales el calendario para llevar las recomendaciones sobre las pensiones del Pacto de Toledo a la mesa de diálogo social y posteriormente al Parlamento. Al respecto, Sordo y Álvarez han reclamado al ministro más agilidad para derogar la reforma de pensiones de 2013, aprobar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y adoptar medidas de refuerzo de ingresos que garanticen la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones durante las próximas décadas.