La Comisión Europea (CE) presentó este martes la nueva ley de mercados digitales que prevé la posibilidad de obligar a las grandes plataformas de internet a vender sus empresas, como medida extrema, para evitar su abuso de poder en el mercado. "Si es la única forma adecuada de resolver el problema, (...) la separación estructural o la desinversión puede ser una medida de último recurso", dijeron fuentes comunitarias.
La ley prevé antes la posibilidad de imponer a los gigantes de internet una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales a nivel global si incumplen las obligaciones que establece la ley para combatir su domino.
Bruselas también presentó este martes la ley de servicios digitales, que establece multas a estas empresas de hasta el 6% de sus ingresos anuales globales si no eliminan el contenido ilegal de sus páginas web, aunque provenga de terceros.
La CE entiende que las grandes plataformas son las que tienen más de 45 millones de usuarios activos al mes o las que alcanzan un volumen de negocios anual en el Espacio Económico Europeo (EEE) igual o superior a 6.500 millones de euros en los últimos tres ejercicios.
Con estas dos normativas -que aún tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE-, el Ejecutivo comunitario quiere actualizar la ley de comercio electrónico del año 2000 y dotarse de nuevas herramientas para combatir el poder de las grandes tecnológicas.
Según explicó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, a los periodistas, las normas que han estado en vigor en los últimos 20 o 30 años para evitar abusos "no son adecuadas" en un entorno digital que evoluciona muy rápido.
La ley de mercados digitales obligará a los gigantes de internet a notificar previamente al Ejecutivo comunitario la compra de otra empresa, de tal forma que la CE pueda ver "si la adquisición es para hacer algo prohibido", explicó el político francés. En concreto, Bruselas pretende disminuir el poder de las tecnológicas impidiéndoles usar los datos de sus clientes comerciales para mejorar su competencia o impidiéndoles que obliguen a los usuarios a instalar aplicaciones o servicios concretos.
La segunda de las leyes, la de servicios digitales, obligará a las tecnológicas a eliminar rápidamente el contenido ilegal de sus páginas web -aunque provenga de terceros-, a no ser que desconozcan que se trata de material prohibido. Por contenido ilegal Bruselas entiende por ejemplo la venta de productos fraudulentos o los discurso de odio. También les obligará a más transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que recomiendan contenido a los usuarios.
Bruselas dará libertad a los gigantes de internet para operar en el país de la UE que deseen, pero las normas se aplicarán por igual en todo el territorio comunitario. Además, las tecnológicas -principalmente estadounidenses- estarán obligadas a tener un representante legal en Europa con el que se puedan poner en contacto las autoridades.
