Naviera Armas, propietaria de Trasmediterránea negocia un plan de restructuración de la deuda de 800 millones de euros que mantiene con sus acreedores, pero no está "en quiebra", ha afirmado su director de Relaciones Institucionales, Paulino Rivero, ante las numerosas informaciones sobre la suspensión de pagos de la compañía.
En declaraciones a la Agencia Efe, Rivero ha señalado que, al igual que otras empresas vinculadas a sectores estratégicos como el del transporte, trabajan en un plan de restructuración de deuda para hacer frente a sus compromisos y poder superar la situación adversa provocada por la pandemia de coronavirus.
"Estamos en un proceso de restructuración de deuda para garantizar que la empresa siga prestando ese servicio esencial que ofrece", ha recalcado Rivero, quien ha informado de que la compañía emitirá un comunicado a largo del hoy para informar al respecto. Sobre la posibilidad de acudir al Gobierno para que les ayude a financiar sus deudas, ha manifestado que "de momento no hay ninguna decisión más allá del proceso de restructuración".
Naviera Armas, el principal operador marítimo español y empresa propietaria de la histórica Trasmediterránea, fundada por Juan March en 1917, no puede hacer frente a sus deudas como consecuencia de la crisis turística provocada por la pandemia. La compañía, que une Baleares y Canarias con la península, tiene un pasivo que supera los 800 millones de euros.
El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Marc Pons, ha admitido su preocupación por este hecho y afirmado que la situación de la compañía "supone un riesgo" para las conexiones marítimas de Baleares con la península. Pons espera que los posibles inconvenientes ocasionados "puedan ser solucionados a través de posibilidades diferentes".
El grupo canario Naviera Armas se hizo con la mayoría accionarial de Trasmediterránea muy recientemente, en el año 2018, tras pagar 260 millones de euros a Acciona, de la familia Entrecanales, que había gestionado la compañía desde 2002, cuando fue privatizada. Pero los problemas del grupo empresarial canario se han agravado desde entonces considerablemente, sobre todo con la expansión de la Covid-19, comprometiendo con su delicada situación financiera el transporte marítimo regular de Baleares con la península.
Para intentar salvarse, consiguió una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 55 millones millones de euros y un préstamo de los fondos APS y Apolo de otros 75 millones. Sin embargo, sus graves problemas continuaron.
Ligada al puerto de Palma y a la historia de Mallorca desde su fundación, Trasmediterránea es la primera compañía naviera española y una de las más grandes de Europa. En 1978, tras su primera gran crisis, se convirtió en empresa pública, al concentrar el Estado el 93,15% del capital social, una situación que se mantuvo hasta 2002, con la adquisición de la compañía por parte de Acciona, en el marco del proceso que entonces abrió el holding público SEPI para privatizar la compañía de transporte marítimo.
En 2016, el año de su centenario, Trasmediterránea se había convertido en una empresa de transportes intermodal, en la que se integraban diversas sociedades, aunque el negocio naviero suponía aún un 70% de su actividad, con veintiún buques que prestaban servicio en 31 líneas marítimas. En ese momento facturaba 440 millones de euros y tenía 1.200 empleados. El principal accionista de la compañía era Acciona, propiedad de la familia Entrecanales, que adquirió la empresa cuando fue privatizada en el año 2002, después de haber estado en manos públicas durante veinticinco años.
