El Pacto de Toledo propone adelantar a 2023 la eliminación del déficit de la Seguridad Social con el fin de contribuir de forma decisiva a rebajar la alarma que las actuales dificultades financieras han generado y reforzar su sostenibilidad.

Según el texto al que ha tenido acceso EFE sobre la consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, los portavoces parlamentarios amplían las partidas de la Seguridad Social que el Estado debe financiar vía transferencias directas o vía impuestos.

Se trata de gastos impropios del sistema de la Seguridad Social como bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

El Pacto de Toledo aboga por que también el Estado contribuya a financiar los déficits de los regímenes especiales y los complementos a mínimos de pensión, así como los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin trabajo ni rentas.

Se trata de que el Estado asuma estos gastos de forma progresiva a través de un calendario que finalizaría en 2023, con la eliminación del actual déficit de la Seguridad Social, y para poder llevar esta financiación sería necesario modificar el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social.

El objetivo también es acabar con la política de préstamos antes de que acabe la legislatura y en este sentido el Pacto de Toledo señala que el Tribunal de Cuentas ya informa de que si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar prestaciones de naturaleza contributiva no habrían sido necesarios los préstamos del Estado al sistema.

Y para resolver los problemas de contabilidad derivados de los préstamos el Pacto de Toledo sigue proponiendo compensarlos con el traspaso de su patrimonio e inmuebles a las administraciones afectadas para que se hagan cargo de la gestión, si les resulta conveniente.

El documento, que será perfilado el viernes y aprobado el próximo martes, previsiblemente con una gran mayoría, señala que la financiación de las reducciones en la cotización, como políticas para incentivar el empleo, no debe correr por cuenta de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo mismo que las derivadas de la formación profesional de los trabajadores.

Las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades, el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales o en las actividades desarrolladas por jóvenes en formación, son otras partidas que se proponen para que sean asumidas por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social.

Esta recomendación supone la línea base de unas recomendaciones que contemplan revalorizar las pensiones según el IPC real, así como poder elegir los mejores 25 años de cotización para calcular la pensión o que el Gobierno analice durante 3 meses si ha habido inequidad generacional en determinados colectivos con carreras de cotización de más de 40 años para evitar penalizaciones en sus pensiones.

Fuentes cercanas al Pacto de Toledo han señalado a EFE que hay bastante consenso entre las formaciones políticas, pese a que posteriormente algunos partidos puedan elevar ciertos votos particulares durante el debate de las recomendaciones en el Pleno del Congreso.

De hecho, el texto será apoyado en comisión por más votos a favor que en contra y en esta ocasión ERC no tiene intención de desmarcarse con un voto negativo.