20 de octubre de 2020
20.10.2020
La Opinión de Murcia
Comparecencia tras el Consejo de Ministros

Montero minimiza los escollos con Podemos en la recta final de la negociación de Presupuestos

La ministra de Hacienda sostiene que apenas quedan "flecos" para cerrar el proyecto de ley, que entrará en el Congreso antes de fin de octubre

20.10.2020 | 15:26
María Jesús Montero.

En una rueda de prensa dominada de nuevo por la situación sanitaria y la posibilidad de un nuevo estado de alarma más generalizado para poder decretar el toque de queda en los territorios con mayor incidencia del coronavirus, apenas descolló un tema más puramente político. Y el que determinará la continuidad de la legislatura: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021. El Gobierno ultima ya el proyecto de ley, espera poder llevarlo al Congreso antes de que acabe octubre, y minimiza las diferencias entre los dos socios de la coalición. No hay "escollos" entre PSOE y Unidas Podemos, sino "flecos pendientes" que se confían cerrar en estos días, en una semana "decisiva" para el futuro del texto.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, salía así al paso de las diversas informaciones publicadas este martes, también por 'El Periódico', que indicaban el choque entre los dos miembros del Ejecutivo a cuenta de los alquileres y de los impuestos a las rentas más altas. En concreto, la dificultad estriba, de un lado, en la limitación de los precios del alquiler, una bandera del programa de gobierno conjunto. Los morados quieren ligarlo a los PGE pero este lunes el titular de Transportes, José Luis Ábalos, apuntaba que había que esperar a que el mercado inmobiliario se normalizase y se "despejasen las incertidumbres" para poder incorporar esa medida. Además, el también número tres del PSOE señalaba que el encaje jurídico sería la ley estatal de vivienda que prepara su departamento.

Las discrepancias entre los socios afectaban también a la fiscalidad de las rentas más altas -gravar en el IRPF aquellas por encima de los 200.000 euros- y de los grandes patrimonios y a una subida decidida del IPREM, que sirve de guía para la concesión de prestaciones sociales.

Acuerdo "prácticamente ultimado"

Montero, la negociadora socialista y titular de Hacienda, descartó que pueda hablarse de "escollos". El acuerdo dentro del Ejecutivo está "practicamente ultimado", señaló tras el Consejo de Ministros, a falta de "algún fleco pendiente", por lo que se aprovecharán los próximos "días" para cerrar el texto. Si los equipos de los dos socios no consiguen rematar esas cuestiones a debate, serán los dos líderes quienes abrocharán el proyecto por arriba, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. La intención del Ejecutivo es llevar al Congreso el proyecto de ley antes del 31 de octubre. O sea, en apenas diez días. De hecho, se calculaba que la presentación pública de las cuentas del 2021 se haría a mediados de la próxima semana, tras la moción de censura de Vox que discutirá la Cámara este miércoles y jueves y tras la conferencia de presidentes del próximo lunes.

Respecto a alquileres, Montero hizo hincapié en que no hay un problema de divergencias de fondo. Es decir, que PSOE y Unidas Podemos comparten la necesidad de limitar precios. Lo que les separa es el "cuándo", reconoció. Los morados quieren ir más deprisa. La ministra no supo precisar si dará tiempo a acompasar la tramitación de los Presupuestos y de la ley estatal de vivienda, porque dependerá de los ritmos que fije Transportes. Los ritmos, dijo, quedarán marcados por los "trabajos técnicos" del ministerio que dirige Ábalos. No obstante, y para tranquilizar a los de Pablo Iglesias, sí garantizó que los PGE contemplarán partidas específicas que sufragarán "las primeras acciones" sobre vivienda que despliegue el Ejecutivo.

En cuanto a impuestos, Montero no quiso avanzar umbrales de renta ni si habrá alzas en IRPF. Insistió en que el proyecto de ley habrá de contemplarse en su conjunto, no a través de medidas "aisladas". No obstante, sí dio por descontada una subida del IPREM, aunque queda por perfilar la cuantía de ese incremento. Hacienda, además, siempre ha sido reacia a una reforma fiscal progresiva en este momento: cree que hay que primar la recuperación para, una vez estabilizada la situación económica, introducir los cambios impositivos en el sistema. Pero sí habrá algunas medidas de justicia fiscal en los nuevos PGE.

Diálogo "intenso" con los grupos

La ministra añadió que en esta semana "decisiva" mantendrá un "diálogo intenso" con las formaciones políticas que se han mostrado dispuestas a negociar. El Gobierno, de puertas para fuera, sigue insistiendo en que se dirige a todos los grupos, desde Ciudadanos hasta la mayoría de la investidura. A día de hoy, todo indica que será más posible el acuerdo con aquellos partidos que apoyaron la elección de Pedro Sánchez como presidente, pero de momento la Moncloa es reticente a dar pasos que le cierren por completo la puerta del diálogo con los naranjas.

El objetivo, en cualquier caso, es que las cuentas del 2021 lleguen en apenas semana y media al Congreso y a partir de ahí empiece su debate, lo que conduciría a que su aprobación definitiva por las dos Cámaras llegara a principios de año. El proyecto incluirá más de 27.000 millones de transferencias europeas.

Precisamente los fondos de la UE centrarán la reunión de la próxima conferencia de presidentes, que se celebrará el próximo lunes, 26 de octubre. No será presencial y en el Senado, como se había planeado. Por la situación epidemiológica y las restricciones de movilidad, indicó Montero, se celebrará de manera telemática. Pero se mantiene la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella departirá, con Sánchez y con los mandatarios autonómicos, acerca de las líneas básicas de los recursos que llegarán de Bruselas, hasta 140.000 millones de euros, entre ayudas a fondo perdido y préstamos, en seis años.

La ministra precisó que, de manera consecutiva, en la misma jornada del lunes, se desarrollará un encuentro más técnico entre miembros de la Comisión, del Gobierno y de los ejecutivos autonómicos.

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