La Federación de Municipios y Provincias (FEMP ha aprobado este lunes el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit y lo ha conseguido con el único voto a favor del PSOE que ha suscitado un empate, roto por el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero.

La propuesta de Hacienda no ha concitado consenso como es habitual en los acuerdos de la FEMP. La Junta de Gobierno ha logrado un empate: 12 votos socialistas a favor y 12 en contra (10 del PP, uno de Cs y otro del PdeCat); la abstención de IU-Podemos y el empate generado ha permitido recurrir al reglamento y el presidente y regidor socialista ha inclinado la balanza hacia el acuerdo.

En reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente.

Según fuentes de la negociación, el hecho de que el acuerdo no preste suficiente atención a los municipios sin remanentes ha llevado a votar en contra a PP, Cs y PdeCat, mientras que IU-Podemos ha optado por la abstención al entender que se habían introducido mejoras en el texto y esperaban seguir avanzando en la tramitación parlamentaria.

El acuerdo ha llegado tras semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP para aprobar un documento que permita a los ayuntamientos usar el superávit y salvar la legislación actual que les impide, con carácter general, usar sus remanentes de tesorería.

El texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Estado una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de euros a fondo perdido e incorpora una "resolución política" de última hora que atiende a las entidades locales sin liquidez, uno de los puntos de más reivindicados por las formaciones políticos.

Según esa resolución, se crea un grupo de trabajo en la Comisión de Hacienda de la FEMP encargado de proponer medidas y actuaciones dirigidas a los gobiernos locales sin remanentes y con problemas de financiación local, además de un "seguimiento detallado" en el ámbito local de la distribución de recursos procedentes de los fondos europeos.

El acuerdo mantiene la propuesta de transferir a los ayuntamientos 2.000 millones de sus remanentes este año y 3.000 millones el que viene, y se compromete a la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022.

El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

También contempla con cargo a los presupuestos un fondo extraordinario de 275 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante la pandemia. Ese fondo se podrá ampliar hasta los 400 millones de euros.

En este último documento se establecen mecanismos de apoyo a los municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.

Además, se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la Unión Europea y se constituya una mesa de trabajo para la futura reforma de la financiación local.

Las medidas recogidas en el acuerdo se deberán regular en una norma con rango de ley, en la que se establezcan plazos o procedimientos que permitan agilizar su aplicación.

Se aborda en el Consejo de Ministros

Abel Caballero ha informado de que la propuesta de Hacienda, aprobada este lunes será abordada mañana en el Consejo de Ministros.

En rueda de prensa para explicar la propuesta del Gobierno, que se ha aprobado sólo con el voto socialista y ha roto el consenso tradicional en la FEMP, Caballero ha recordado que hay que remontarse 12 años atrás, "al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para encontrar algo parecido. Y ahora es Pedro Sánchez, quien, de nuevo, inyecta recursos financieros a las corporaciones municipales".

Caballero ha explicado que las corporaciones locales dispondrán de 5.000 millones de euros que transferirá el Gobierno de España, "en proporción a los remanentes que los ayuntamientos entreguen", y, a partir del año 2022, el Estado devolverá el cien por cien de los remanentes que cedan las entidades locales.

"Estamos en un momento relevante", ha dicho el regidor socialista, que ha asegurado que la única forma de usar los remanentes con la ley actual es que "los coja el Estado y nos los devuelva libres de déficit".

Además de los 5.000 millones de los presupuestos a fondo perdido y de los remanentes que se reintegrarán en su totalidad, el acuerdo establece un fondo de transporte de 275 millones, extensible a 400 millones, si se demuestra que hay más déficit.

En este sentido, Caballero se ha dirigido a la oposición, que ha criticado el acuerdo por abandonar a su suerte a los ayuntamientos sin remanentes, y, a modo de ejemplo, les ha dicho que el fondo de transportes es para todos.

"Hay alcaldías con remanentes de todos los colores políticos y alcaldías sin remanentes de todos los colores políticos" y, por tanto, ha dicho, "este es un acuerdo horizontal que beneficia a las corporaciones en función de la situación en la que se encuentran".

Caballero también se ha referido a los fondos europeos y ha valorado que el acuerdo garantice la participación de los ayuntamientos.

Por tanto, ha insistido en que este es un acuerdo "singular, importante y muy positivo", y a los que dicen que hay vías alternativas para utilizar los remanentes les ha pedido que expliquen cómo, porque, hasta ahora, "nadie las ha puesto encima de la mesa".

En el mismo sentido, el PSOE ha hecho público un comunicado en el que celebra el "acuerdo histórico" alcanzado, que permitirá "superar el austericidio local impuesto por el PP de Mariano Rajoy".

Según este partido, con el acuerdo se inicia una hoja de ruta para impulsar la reforma local, se amplían competencias y se da un reconocimiento explícito al papel de Estado de los ayuntamientos.