Las tres principales empresas del sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC) -Vector Ronda, Moove Car y Auro- han anunciado el despido de más de 2.000 personas en Cataluña tras la entrada en vigor de la nueva regulación, y han acusado a la Generalitat de ofrecerles trabajar "irregularmente".

"Asistimos a uno de los mayores ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) de la historia de Cataluña", ha sentenciado el presidente de Unauto, Eduardo Martín, que estima que con la entrada en vigor del decreto de la Generalitat habrá 3.500 parados más de empresas de VTC que "son rentables", con la única finalidad de "beneficiar al taxi".

Además, advierten de que Cataluña verá mermada sus arcas públicas en alrededor de 120 millones de euros al año y unos 310 de aportación al producto interior bruto (PIB) de la región y tendrá que hacer frente a reclamaciones por más de 1.000 millones de euros por parte de los titulares de autorizaciones VTC.

La patronal catalana de VTC ha denunciado además que Isidre Gavín, secretario general de Infraestructuras y Movilidad del Departamento de Territorio, les ofreció, en nombre del conseller, Damià Calvet, trabajar "irregularmente" para poder seguir operando en Barcelona.

De hecho, según ha señalado el presidente de Unauto en Cataluña, Josep María Goñi, responsables de la Generalitat se comprometieron a que todas las sanciones de la Guardia Urbana de Barcelona que llegasen a las empresas de VTC por no cumplir la precontratación establecida con un mínimo de 15 minutos de antelación "irían al cajón".

Incluso, les reconocieron que si llevaban a los tribunales el futuro reglamento por el que la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) podrá aumentar a una hora de antelación la precontratación les iban a dar la razón.

En este contexto, la Generalitat estudia cómo recuperar las licencias de las empresas de VTC que han decidido dejar de operar desde este viernes en el área de Barcelona y buscar a otros operadores, alegando que "hay vida más allá de Uber y Cabify".

Mientras la tensión aumenta en Cataluña entre el sector de la VTC y la Generalitat, en Madrid los taxistas suman ya doce días de huelga indefinida.

El taxi ha presentado una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid en la que descarta fijar un tiempo mínimo de precontratación para la VTC, de modo que quede bajo criterio de la Comunidad o de los ayuntamientos, aunque el Gobierno regional no contactará con ellos hasta principios de la próxima semana para abordar el nuevo texto, que elimina la exigencia de una distancia mínima en trayectos de VTC, según avanzaron a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico.

El presidente regional, Ángel Garrido, ha reiterado que no van a aceptar las pretensiones del taxi que pretendan emular la "vía Colau" ni ninguna propuesta que suponga la desaparición de los VTC en la Comunidad de Madrid porque, ha apuntado, es positivo para la competencia y un servicio que demandan los ciudadanos.

Este mismo viernes, en el que la Audiencia Provincial de Madrid ha negado que Cabify ejerza competencia desleal frente al taxi, al funcionar únicamente como mediadora, más de 700 taxistas españoles han demandado a varias plataformas y empresas de VTC por competencia desleal.

Además, han avanzado que preparan una querella por blanqueo de capitales, estafa o manipulación del precio de las cosas.

Según los 753 demandantes, entre 2014 y 2018 sufrieron un perjuicio de 960,35 millones de euros, a razón de 13.699 euros cada uno, y estiman que en el lapso 2019-2022 el lucro cesante como consecuencia de la operativa de los VTC ascenderá a 455,73 millones de euros, lo que supone un mínimo de 6.513 euros por demandante.

En otros puntos de España, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que están abiertos a un cambio normativo para atender las reivindicaciones del sector del taxi, mientras que la Comunidad Valenciana ha anunciado para el próximo martes reuniones con los representantes del sector del taxi y de VTC.