06 de noviembre de 2018
06.11.2018
Impuesto de las hipotecas

¿Y ahora qué? Los hipotecados podrán reclamar otros gastos

Adicae mantiene la esperanza en que sea la justicia europea quien decida finalmente quien paga las hipotecas

06.11.2018 | 21:39
Las asociaciones de consumidores ven la sentencia "aberrante".

La decisión adoptada por el Tribunal Supremo, que mantiene que el cliente debe asumir el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas y no el banco, deja de momento sin posibilidad de recuperar el importe abonado por este concepto a 1,5 millones de hipotecados. Sin embargo, se puede seguir reclamando.

Una sentencia fechada el pasado 16 de octubre por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que rectificaba la doctrina anterior y atribuía al banco el pago de esta tasa, provocaba una enorme controversia pero abría para un millón y medio de hipotecados la posibilidad de recuperarlo.

De haberse mantenido que era la banca la que debía hacerse cargo de la tasa, las comunidades autónomas, que son las que lo han recaudado porque se trata de un impuesto transferido, técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito.

Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal, y por tanto aquellas en las hubiera sido posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago de este impuesto.

En cualquier caso, independendientemente del fallo se puede seguir reclamando en lo contencioso administrativo. Para ello hay que presentar la solicitud de devolución de ingresos indebidos a Hacienda.

Gastos de notaría, tasación...


Pese a la decisión adoptada por el alto tribunal, los hipotecados pueden también reclamar otros gastos inherentes a la firma de una hipoteca, como la notaría, el registro de la propiedad, la gestoría o la tasación.

Para ello habrá que localizar la escritura de préstamo hipotecario cuyos gastos se pretendan reclamar, junto con las facturas de notaría, registro de la propiedad, tasación del inmueble y gestoría.

Entre julio de 2014 y julio de este año, último dato facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se firmaron en España cerca de 1,5 millones de préstamos hipotecarios para la compra de todo tipo de fincas, por un importe de unos 190.000 millones de euros.

Adicae no cierra la batalla judicial

Abogados y asociaciones de consumidores han lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo de cargar al cliente con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en una hipoteca en contra del criterio conocido el pasado 18 de octubre que se lo atribuía a la banca.

Tras hacerse pública la decisión adoptada esta tarde por el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo, algunas agrupaciones han mostrado su oposición ante el "aberrante" paso atrás de los magistrados, aunque mantienen su esperanza en que sea la justicia europea la que de nuevo dé un espaldarazo a España en materia hipotecaria.

Así lo sostiene el portavoz de Adicae, Fernando Herrero, que ha calificado la decisión de "extraña y anómala", si bien ha matizado que no cierra la batalla judicial ni la posibilidad de que los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos.

Y es que, ha apuntado, el Tribunal Supremo ya declaró nula una cláusula abusiva que atribuía al cliente, sin negociación previa, el pago de todos los gastos inherentes a la firma de una hipoteca.

Herrero ha explicado que, una vez se conozca íntegramente el contenido de la sentencia, lo que ocurrirá en unos días, Adicae impugnará su contenido "en España y en Europa", porque "hay que seguir discutiendo esta decisión".

Por ello, "no se ha perdido la batalla", ya que todos los que tengan una cláusula declarada nula pueden seguir reclamando; además, ha indicado que ahora será la sala de lo Civil la que se tenga que pronunciar, "y veremos también lo que dice Europa".

Facua ha afirmado que el Supremo no les ha sorprendido, pero remite al triunfo de los afectados por la comercialización de cláusulas suelo abusivas a los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2016 la total retroactividad y su derecho a percibir las cantidades abonadas de más desde la firma del contrato.

También ha lamentado el "bochorno" la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por su "gestión pésima" en una decisión "sin precedentes" que, aseguran, va en contra de la jurisprudencia del propio tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.

Sobre la polémica se han pronunciado además despachos de abogados como Navas & Cusí, que aunque "acata" el resultado de la votación, que ha finalizado con 15 votos a favor y 13 en contra, no lo comparte, pues "el interesado en la garantía hipotecaria" es la banca, la cual ha sido "invitada de piedra" en este problema "generado por los legisladores".

Al respecto, lamenta que "todo este embrollo", iniciado a partir de que se sometiera a revisión la modificación del criterio sobre el sujeto pasivo de esta tasa apenas 24 horas después de trascender, sólo ha servido para debilitar la imagen pública de la justicia.

En la misma línea se expresa la socia fundadora de Pelegrí Abogados, Amor Pelegrí, que en declaraciones a Efe reprocha que esta "barbaridad jurídica", la cual "no es conforme a derecho y va en contra de los consumidores", marque un "momento histórico en sentido muy negativo"; no obstante, entiende que Europa aún puede obligar al Supremo a volver a rectificar.

"Gana la banca y pierde la ciudadanía y la confianza en la justicia", sentencia el abogado de Sanahuja Miranda, Fernando Sanahuja, que manifiesta su "estupefacción" ante un "súbito cambio radical" que "como letrado resulta difícil de explicar jurídicamente".

Por su parte, UGT ha afeado, en una nota de prensa, un fallo que "genera incertidumbre" y supone un retroceso "en la consideración social de la vivienda como un valor social", reforzando "el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social".

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