Las aportaciones realizadas a organismos como la Fundación Francisco Franco encuentran su reflejo desgravatorio en la declaración de la renta, con beneficios fiscales similares a las de una ONG. Un total de 847 personas se verán beneficiadas este año por donaciones realizadas a la fundación que exalta la obra del dictador, según un informe publicado por 'El Periódico'.

En declaraciones efectuadas a este medio, el presidente de esta fundación, el general retirado Juan Chicharro, asegura que la normativa fiscal no requiere "que las fundaciones tengan que tener tal o cual ideología". Según la Fundación Francisco Franco, cada persona que les haga una aportación de 150 euros podrá recuperar hasta 112,50 euros mediante Hacienda, que "les financiará" dicha cantidad de manera acorde a los porcentajes recogidos en las exenciones fiscales por este tipo de conceptos.

Para Chicharro, es "lógico" que las donaciones tengan beneficios similares a los que se hacen a ONGs y organismos internacionales de ayuda. El presidente de la Fundación considera "inmensa" la obra del dictador y asegura que merece "una plaza o avenida en cada pueblo" de España.

Precisamente, el senador socialista balear Francesc Antich exigirá en el pleno del Senado de este martes la ilegalización de la Fundación Francisco Franco por "hacer apología del legado del dictador y de la multitud de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que perpetró".

Según ha informado hoy el PSOE en un comunicado, el expresidente autonómico defenderá una moción en la que se insta al Gobierno central a desarrollar la Ley de Memoria Histórica dotando de presupuesto las actuaciones que contempla.

"Desde 2013 el Gobierno Rajoy no destina ni un solo euro a la reparación y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, un hecho que seguirá durante este año, ya que los presupuestos generales del Estado para 2018 recientemente presentados tampoco contemplan ninguna partida para este ámbito", plantea Antich.

El PSOE apuesta además por reformar la Ley de Fundaciones, de manera que se declaren ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente " fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por su condición de tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo".