Los sindicatos que integran la Mesa de la Función Pública (CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG) han coincidido en que la congelación salarial de los empleados públicos para 2014 lastra la recuperación económica y la han calificado de "tomadura de pelo" a lo que la ley marca como proceso de negociación.

En declaraciones a los medios al término de la Mesa de la General de la Negociación de la Administración Pública y tras conocerse que los empleados públicos mantendrán sus retribuciones en 2014, el secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO, Raúl Olmos, ha reconocido que el anuncio no es una sorpresa y sí una "tomadura de pelo" a los empleados públicos, auténticos "paganos" de la crisis.

Olmos también ha criticado que la Mesa General se celebre 18 horas antes de que se reúna el Consejo de Ministros para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2014 y se ha preguntado qué entiende el Gobierno por negociación.

También ha avanzado que estudiarán jurídicamente denunciar al Gobierno por incumplimiento de la negociación del proyecto de ley de Presupuestos y la vulneración de la negociación colectiva.

"Aumentará las presiones para salir del túnel"

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente del CSIF, Miguel Borra, quien ha coincidido en que no hay sorpresas pero tampoco se ve el final del túnel como preconiza el Gobierno.

Borras ha avanzado que su sindicato "aumentará las presiones para salir del túnel" y ha instado al Gobierno a negociar.

Ha recordado que el anuncio de congelación salarial es "la gota que colma el vaso" para los empleados públicos, "los primeros que sufrieron los recortes y los últimos en salir de la crisis".

La secretaria de Acción Sindical de FPS-UGT, Carmen Barrera, ha coincidido en que esta decisión "lastra" la recuperación económica puesto que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos lo que hace es ralentizar el consumo.

Barrera ha instado al Gobierno a demostrar que "si de verdad hay una recuperación económica" devuelvan a los empleados públicos su poder adquisitivo pero también sus condiciones de empleo.

Por su parte, el secretario general de Servicios Públicos de ELA, Igor Izaguirre, ha denunciado que la congelación es una imposición más de "pobreza y miseria"·

El responsable de ELA ha asegurado que estas medidas suponen mayor destrucción de empleo y un ataque sin cuartel a los servicios públicos cuando son más necesarios que nunca. Por su parte los responsables de CIG han respaldado estas afirmaciones.