La presidencia española de la UE, celebrada en el primer semestre de 2010, tuvo un coste final de 41,8 millones de euros, ha informado hoy el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.

La partida sumada entre todos los Ministerios para la organización y coordinación de las actividades durante los seis meses que duró el mandato -41.869.159,94 euros- no incluye los gastos de seguridad.

El Gobierno había presupuestado inicialmente 61,8 millones de euros, pero la aplicación de medidas de austeridad permitió un ahorro de 20 millones de euros a la conclusión de la presidencia de turno, ha explicado López Garrido en un encuentro con periodistas.

A la reducción de costes también contribuyó la cancelación de la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, que estaba programada en la recta final del semestre.

España fue sede de un total de 52 reuniones de alto nivel, incluidas varias cumbres, como la de la UE-América Latina, México (en Santander) y Marruecos (Granada), y catorce foros ministeriales.

En la redacción de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, se programó una partida global de unos 90 millones de euros para el semestre que sí incluía las partidas de seguridad: Ministerio de la Presidencia (55 millones); Asuntos Exteriores (15,9 millones) e Interior (19 millones).

Finalmente, esta cantidad se redujo a 61,8 millones porque antes del comienzo de la presidencia ya se cancelaron algunas citas destacadas, como la cumbre UE-Estados Unidos, para la que se contaba con la asistencia del presidente estadounidense, Barack Obama.

En la anterior ocasión en la que España presidió la UE en 2002, durante la etapa de José María Aznar, el coste fue de 59 millones de euros, ha recordado López Garrido.

En aquella ocasión, el número de países miembros era de quince (en la actualidad es de 27), si bien todas las cumbres y consejos ministeriales se celebraron en España, mientras que ahora, el grueso de las reuniones importantes tiene lugar en Bruselas.

Los gastos de la última presidencia española serán ahora fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.