La misiva, elaborada por Industria y remitida por el Ministerio de Exteriores, ha sido enviada poco antes de que concluya el plazo establecido por Bruselas a comienzos de diciembre para que el Gobierno español eliminase varias condiciones cuyo contenido, a juicio de la Comisión, no se ajusta a la legislación comunitaria.
En su respuesta, el Gobierno insiste en que las condiciones son necesarias y proporcionales, se ajustan a Derecho y se adoptan en aras de la garantía de suministro energético.
El ministro de Industria, Joan Clos, confirmó el martes que su departamento mantendría su posición con respecto a las exigencias de Bruselas, que previsiblemente denunciará la posición española ante el Tribunal de Luxemburgo, donde también acabaron el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las condiciones del Gobierno a la fallida OPA de E.ON.
Para Bruselas, las condiciones impuestas a la operación vulneran los principios de libre derecho de establecimiento y circulación de capitales y mercancías. Entre los requisitos que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria figura el que obliga a la eléctrica italiana y Acciona a mantener Endesa como empresa independiente con centro de toma de decisiones en España.
Las condiciones que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado 4 de julio y modificadas en parte por el Ministerio de Industria el 19 de octubre.
El regulador energético impuso en julio de 2007 un total de 12 condiciones a Enel y Acciona, de las que Bruselas llegó a declarar en septiembre, antes de que el Gobierno las recortara y anulara cinco, la ilegalidad de 11 de ellas. Tras la revisión de Industria, la Comisión mantuvo su rechazo a cinco requisitos.
