El Juzgado Mercantil número 6 de Madrid ordenó el "embargo preventivo" de 1.823 millones de euros contra los consejeros de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña, por haber "indicios" de que puedan ser declarados "culpables" en la insolvencia de la sociedad filatélica.

Así lo indica un auto de la juez Purificación Pujol, en el que se indica que este proceso concursal "acabará presumiblemente" con la liquidación de los activos de la empresa que, según la administración concursal, suponen sólo 613 millones de euros por unas deudas de 2.436 millones de euros.

Dado que los activos no "resultan suficientes" para pagar la totalidad de los créditos concursales, la juez Pujol adoptó estas medidas cautelares sobre los bienes y cuentas corrientes del antiguo presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, también propietario del 50 por ciento de la compañía; el consejero-delegado Vicente Martín Peña, y el consejero de Afinsa, Carlos de Figueiredo, también ejecutivo de Escala Group, filial en EE UU de la sociedad filatélica.

De acuerdo con el auto del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid, la situación de déficit patrimonial de Afinsa, donde invirtieron más de 190.000 clientes, pudo ser provocada por la mala gestión de sus administradores, que serían considerados "culpables" por "irregularidades contables", "descapitalización", "agravamiento" del mal estado económico de la empresa o dejación a la hora de solicitar el concurso de acreedores. También el escrito de la juez habla de "una apariencia de operaciones irregulares" entre distintas sociedades del grupo, "a las que (Afinsa) dotaba de fondos, hacía préstamos y avalaba de forma casi continua".

Asimismo recuerda las transacciones realizadas entre Afinsa y su filial inmobiliaria "Oikia Real Estate SLU", "a la que se aportaron importantes y numerosos inmuebles hasta entonces propiedad" de la sociedad filatélica, para que, después, la compañía inmobiliaria se los arrendase a Afinsa, como una posible manera de "descapitalización injustificada" del dinero que los clientes depositaban mediante sus contratos de compraventa de sellos.

De todo ello, según el auto, "se derivan irregularidades presuntamente suficientes para fundamentar la obligación de los administradores de Afinsa de solicitar la declaración de concurso".