Igualmente Sánchez Vilar, que compareció hoy como testigo en la novena sesión del juicio oral por Gescartera, recordó que Gescartera sólo pudo certificar las posiciones de 144 clientes (143 en renta variable y uno de renta fija) pese a que, posteriormente, se constató judicialmente que tenía 4.004 inversores.

A preguntas del fiscal, el interventor relató las "razones peregrinas" que el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, y el número dos de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, antiguo trabajador de la CNMV, dieron, antes de la intervención del 14 de junio de 2001, para continuar con su actividad.

El interventor recordó las dos investigaciones realizadas por la CNMV en Gescartera en 1999 y 2000, después de que se constatase un desfase patrimonial de 4.500 millones de pesetas (27,04 millones de euros) en diciembre de 1998, tras una inspección del jefe de supervisión de la CNMV, David Vives.

En 1998, la investigación pasa a la Unidad de Vigilancia de Mercados (UVM) y los responsables de Gescartera aducen que el dinero de este desfase patrimonial está llegando a una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) constituida en Luxemburgo con la ayuda del HSBC, por unos 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros).

Por ello, presentaron un certificado de La Caixa, en noviembre de 1999, que constataba que la entidad había recibido tres cheques por un importe de 3.949.590.428 pesetas, y, en diciembre de 1999, otro documento que acreditaba que, en cuenta de Gescartera denominada "Clientes Liquidación Internacional", había 3.929.212.638 pesetas de los clientes "y no de Gescartera", según el interventor de la CNMV.

Posteriormente, según Carlos Sánchez-Vilar Burdiel, Ruiz de la Serna presentó otro certificado del Banco Santander, que constataba la existen de cuentas de 1.202 clientes por 2.607 millones de euros (15 millones de euros) que, junto al último documento de La Caixa, daban un saldo supuesto de clientes por 38,6 millones de euros.

Mientras en 1999 "las certificaciones aportadas nos parecieron suficientes" porque estaban "obtenidos de los apoderados" y parecieron "suficientes", en 2001, se intenta cotejar el documento del Banco Santander y, al pedir el director general de supervisión Antonio Botella, una lista "universal de clientes" y el saldo de los inversores, se constata que existe un problema con la validez de los documentos de noviembre de 1999 y abril de 2000.

Incluso en 2001, los responsables de Gescartera intentaron hacer creer a la CNMV que la "liquidez" de la agencia de valores estaba en una sociedad limitada constituida en Delaware (EEUU), con el nombre "Martin Investments", pero el organismo regulador SEC, homólogo de la CNMV en Estados Unidos, constata que esta empresa no tenía autorización para recoger estas inversiones.

De la documentación aportada durante la inspección a Gescartera, se desprendía que la agencia de valores sólo tenía invertidos 219 millones de pesetas en renta variable de 143 clientes y otros 151 millones de pesetas de un cliente en renta fija, lo que hacía un total de 370 millones de euros (2,22 millones de euros) pese a haber realizado compras en 2001 por 53.403 millones de pesetas (320 millones de euros).

En cualquier caso, el interventor de la CNMV comentó que sólo apareció liquidez cierta de los clientes por unos 24,6 millones de pesetas (147.000 euros), después de requerir a los bancos y agencias con los que trabajaba Gescartera, que también sufrió otra inspección de la CNMV por asignar minusvalías a sus clientes a través de operaciones en el mercado de futuros por los que Link Securities cobró 6 millones de euros en comisiones.