En concreto, explicó que el real decreto aprobado en julio sobre formación no puede cumplirse porque supondría que 5.410 conductores tendrían que recibir unos cursos para los que no existe actualmente una infraestructura, y los cálculos de FROET es que su puesta en marcha supone una inversión de 8,6 millones de euros, que es más que lo que dedica en formación la Dirección General de Formación Ocupacional.
La norma exige 140 horas lectivas de formación específica a los candidatos a conductor de camión o autobús con más de 21 años, y 280 horas a los que tengan menos de esa edad, mientras que a los conductores que ya tengan el carné tendrán que hacer un curso de 35 horas cada cinco años.
De los 5.410 afectados por esta norma, 4.380 son conductores que deberán pasar un curso de 35 horas de formación continua y que es obligatorio pasarlo cada cinco años, mientras que el resto serán las personas que saquen el carné de camión o autobús por vez primera, al que tendrán que sumar un Curso de Actitud Profesional (CAP).
Pérez Carro consideró positiva la formación, advirtió que podría darse la situación de que "algún listillo cree un negociete para dar papeles", lo que, agregó, debería ser controlado por la inspección de Transportes.
Otro real decreto que preocupa a FROET es el que traspone una directiva comunitaria sobre la jornada laboral del transportista, pero en España se ha hecho en peores condiciones de lo que figuraba en la norma de la UE, lo que afectará a las competencia entre países al incluir reglas de juego distintas, indicó.
Esta norma de tiempos de trabajo, de disponibilidad y de descanso afectará especialmente al transporte internacional de productos del campo, incluso en el caso de conducción en equipo de dos conductores.
Los camiones llevarán un tacógrafo digital en el que los propios conductores diferenciarán qué tipo de función está realizando, si de trabajo o de disponibilidad, y en el caso de que haya una infracción la multa la paga en primera instancia la empresa, lo que para Pérez Carro es una equivocación, porque de ese modo el trabajador no pondrá el cuidado necesario para cumplir la normativa.
En este sentido, indicó que se trata de una medida recaudatoria de la administración.
Al respecto, FROET ha encargado un sistema que permite conocer al empresario por medio de GPS conectado a los citados tacógrafos cual es la actividad en cada momento del camión, ya que las multas pueden ser cuantiosas.
La rentabilidad del sector se reduce un 25 por ciento en aplicación de estas normas, según Pérez Carro, quién afirmó esta situación afectará especialmente a la agricultura.
FROET ha pedido al consejero del ramo, José Ballesta, que apoye al sector en las críticas a estas normativas, recurridas ante el Tribunal Supremo, y también le han reclamado que ponga en marcha cuanto antes el Plan Estratégico del Transporte.
