La tabacalera Philip Morris pagará en un periodo de doce años alrededor de 1.250 millones de dólares (1.009 millones de euros) a la Unión Europea para poner en marcha "un sistema eficaz de lucha contra el contrabando y falsificación de cigarrillos " y al mismo tiempo dar fin "a todo litigio entre las partes en este campo".

Bajo la amenaza de ir a los tribunales por 'colaboración con el contrabando' y tras varios años de negociaciones, la Comisión Europea y 10 Estados miembros (España, Alemania, Bélgica, Finlandia, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal) lograron firmar ayer con Philip Morris International (PMI) este acuerdo, que calificaron "de futuro".

La comisaria responsable del Presupuesto, Michaele Schreyer, afirmó que con este pacto aumentará la capacidad de la Comisión Europea y de los Estados miembros para combatir el comercio ilegal de cigarrillos, que supone una sustancial pérdida anual de ingresos fiscales y arancelarios. "El contrabando y los productos falsificados son un fraude para todos: los Gobiernos, los consumidores y los negocios legales", manifestó.

Derechos de aduanas

No obstante, a nadie se le escapa que este acuerdo pone fin a todos los anteriores conflictos entre las partes relativos al contrabando de cigarrillos, incluido un recurso de la empresa contra la Comisión que se halla pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Así, a pesar de que antes aseguraba que la dimensión del contrabando de cigarrillos en Europa era de tal magnitud que era imposible que Philip Morris desconociera lo que estaba ocurriendo, la Comisión niega ahora que los pagos que hará Philip Morris sean restituciones por los daños sufridos por estos países en sus haciendas públicas en concepto de derechos de aduanas e impuestos.

El Ejecutivo comunitario y los Estados implicados tienen que decidir todavía cómo se realizará el reparto del dinero, aunque algunas fuentes apuntan a que éste debería ser proporcional a los perjuicios por la entrada de tabaco ilegal.

Esta empresa norteamericana vende en la Unión Europea ampliada 280.000 millones de cigarrillos por año y calcula que 1 ó 2 por ciento del mercado total es falsificado, por lo que también la tabaquera espera lograr un beneficio económico directo de un mayor control de las ventas.