Monje Carrillo, absuelto en el 'Caso Soule'

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado respecto a 18 personas el archivo de la causa sobre presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la época en la que la presidía Ángel María Villar, el denominado caso Soule. Una de esas personas es José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación Murciana y que desde 2017 estaba siendo investigado por posibles irregularidades en su gestión de la Policlínica Murciana de Fútbol, dependiente de la propia FFRM.

El propio organismo territorial ha emitido este mismo lunes un comunicado destacando el sobreseimiento de la causa. "Queda demostrado que José Miguel Monje Carrillo nunca ha cometido delito de ningún tipo, ni como presidente de la Murciana ni por la actuación en la Policlínica". En un primer momento de la investigación había escuchas en las que se indicaba que Monje Carrillo estaría percibiendo unos 24.000 euros al año de la Policlínica, algo que finalmente no ha podido ser demostrado, quedando archivada la causa.

Así lo establece el magistrado en un auto en el que decreta el sobreseimiento de las actuaciones para 18 personas físicas, entre ellos exdirigentes federativos y empresarios, y cuatro jurídicas que se encontraban investigadas, a la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal al no haber quedado debidamente acreditada su participación en los hechos.

Sigue la investigación contra Ángel María Villar

En otro auto el juez divide la investigación en siete piezas separadas relativas a cada una de las federaciones de fútbol, la primera la relativa a la RFEF, en la que se encuentran investigados Ángel María Villar, su hijo Gorka, el exvicepresidente Juan Antonio Padrón, y otras cinco personas.

Entre los investigados también estaba el expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio, ya fallecido, a quien el juez imputó junto al exsecretario general de dicho organismo Raúl Massó, para quien ahora se ha archivado la causa.

También se archiva para la exdirectora de la selección española de fútbol María José Claramunt, así como para los presidentes en la época de los hechos investigados en las federaciones de Madrid, Vicente Temprado; Comunidad Valenciana, Vicente Muñoz Castelló; Extremadura, Juan Espino; Murcia, José Miguel Monje; Ceuta, Antonio García Gaona, y Melilla, Diego Martínez Gómez.

A solicitud también del Ministerio Público el juez accede a dividir la causa por hechos y acusados en distintas piezas para simplificar el enjuiciamiento "evitando un juicio con una multiplicidad compleja" de los mismos.

Así la causa se divide en piezas separadas, la relativa a la RFEF, así como la tinerfeña (con cuatro personas investigadas), la cántabra (con dos), la Interinsular de Las Palmas (con cinco), la catalana (con cinco) y las delegaciones territoriales andaluza y balear de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles (MUPRESFE), una cada una.

Desde 2017

El caso Soule salió a la luz el 18 de julio de 2017, aunque se inició por orden de otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a principios de 2016, por una denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) por supuesta administración desleal contra Ángel María Villar, presidente del organismo de 1988 a 2017.

Se investiga por posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares a anteriores responsables de la RFEF, ya que el juez Pedraz consideró que Villar presumiblemente tejió un "entramado" y una red de "clientelismo" que permitió "el desvío de millones de fondos, tanto públicos como privados, del ente federativo".

También se investiga una "presunta desviación de fondos aportados por la Liga Nacional de Fútbol Profesional a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos", según indicó la Fiscalía en un escrito.

Los informes periciales revelan, añadía el ministerio público, que "las aportaciones realizadas por LaLiga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la Federación en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos" y dicha diferencia no está "justificada".