No hay lugar para las buenas noticias en el Real Murcia. Si el club grana descendía a Segunda RFEF el pasado mes de mayo, fuera de los terrenos de juego las cosas no van mucho mejor. Los juzgados, donde los murcianistas pelean para deshacerse de Mauricio García de la Vega, se empeñan en dar la espalda al consejo de administración en cada uno de sus movimientos. Si en el mes de febrero los granas recibían una auténtica estocada por parte de la Audiencia Provincial, que daba la razón al mexicano al anular la ampliación de capital de finales de 2018; ahora el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha frenado un intento del club murcianista de dejar sin validez las acciones de De la Vega. Según ha podido saber esta redacción, la juez María del Mar Azuar Fernández ha rechazado la petición de medidas cautelares solicitadas por el Real Murcia en la querella que presentó contra el mexicano el pasado mes de octubre y en la que se le acusa de presuntos delitos continuados de administración desleal y apropiación indebida.

La querella fue presentada el 8 de octubre de 2020, sin embargo fue tras la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se da la razón a De la Vega, cuando los responsables del Real Murcia pusieron toda la carne en el asador en este proceso. Sabedores de que poco o nada tienen que hacer ya pese al recurso en el Supremo, el objetivo ahora es conseguir anular esas acciones en manos del mexicano por otra vía. Fue por ello que el 5 de marzo, justo un mes después de que se pronunciase la AP, el Real Murcia ampliaba esa querella, pidiendo una fianza de 1,1 millones de euros y pidiendo que se adoptasen medidas cautelares. El objeto de deseo del consejo grana era el paquete accionarial en manos de García de la Vega. Por ello no dudaban en pedir «el embargo sobre bienes de los querellados, y, a falta de otros, de las acciones que la mercantil querellada posee del Real Murcia, para responder de ese importe». Además, se solicitaba «la prohibición de disponer de esas acciones» y que se comunicase al Consejo Superior de Deportes de dicho proceso.

Para convencer a la jueza, el Real Murcia presentaba un informe pericial cuantificando los perjuicios por el club debido a la «desleal actuación» de De la Vega.

De momento, el consejo de administración del Real Murcia no ha logrado lo que pretendía. Aunque el proceso judicial sigue adelante, a la espera de que declaren más testigos, la jueza ha desestimado las medidas cautelares, por lo que García de la Vega mantiene su paquete accionarial para disgusto de los responsables de Nueva Condomina.

El Ministerio Fiscal se había opuesto a la petición del Murcia entendiendo que «la restricción de derechos no estaba justificada y que después podrían estimarse las que en su caso resultasen necesarias».

La juez, por su parte, considera que «la estimación total o parcial de las medidas interesadas requiere una mayor seguridad en la probabilidad de acusación del hecho denunciado y en su consideración de delictivo, constatando las facultades reales que el poder le otorgaba (de verdadera gestión del club como se afirma en la querella o tan solo de los derivados de su condición de socio), su intervención en los nuevos contratos y despidos de futbolistas, en la forma de efectuarse y de las indemnizaciones generadas, en la contratación del Director Técnico Sr. Gómez Carmona, en impagos de deudas a la Hacienda Pública, en el uso del mobiliario o del dinero del que se pudo apropiarse, y todo de forma intencionada, dolosa y por tanto delictiva, según el relato de la querella; o por el contrario, serían cuestiones debatibles en la Jurisdicción mercantil, donde querellante y querellado ya tienen pleito pendiente, en relación a la titularidad de las acciones que el Sr. Moro Martín vendió con una opción de compra que el querellado ejercitó (el 84 %).