Cuando a finales de 2018 Mauricio García de la Vega aprovechaba cada oportunidad que le daban para apercibir del riesgo que suponía comprar acciones en una ampliación de capital que había sido convocada, según defendía el mexicano, de manera ilegal, nadie quiso escucharle. Como tampoco le escucharon unas semanas antes cuando el que, tras una sentencia del TAS, era el máximo accionista del Real Murcia denunciaba primero ante los medios y después en los tribunales que pese a ser el dueño del 84% del capital social del club grana no había podido votar en la Junta en la que se aprobó el proceso de venta de títulos. Tampoco había podido asistir a la reunión. Incluso fue atacado por acudir a la explanada del estadio.

Mientras el máximo accionista estaba plantado en la calle, Víctor Gálvez, presidente de la entidad por obra y gracia de Raúl Moro, votaba en nombre del extremeño, pese a que el exmandatario ya no tenía ni acciones ni cargos. Fue el oriolano el que sacó adelante una ampliación de capital limitada a la entrada de capital externo, de la que salió Francisco Tornel como máximo accionista con solo 200.000 euros y en la que se involucraron miles de aficionados y algunas empresas, permitiendo que se recaudasen 1,3 millones de euros.

Ese final de 2018 significó el comienzo de una nueva etapa en el Real Murcia. Una nueva etapa sin Raúl Moro y sin Víctor Gálvez. Una nueva etapa en la que tampoco estaba Mauricio García de la Vega. Ni la PARMU, que siguiendo los tejemanejes de Víctor Gálvez, reconoció al mexicano. Ni el KBusiness, con Francisco Tornel, inscribió al norteamericano pese a sus múltiples intentos y a la resolución del TAS. Una nueva etapa que pudo acabar ayer. Porque por fin Mauricio García de la Vega consiguió que alguien lo escuchase. Y no alguien cualquiera, ayer Mauricio García de la Vega logró que la Audiencia Provincial le diese la razón, anulando la ampliación de 2018 y todas las que se han ido haciendo posteriormente, dejando de nuevo el capital social en manos del mexicano, que tendría un 84% de las acciones.

Estacazo al consejo

Los tribunales se habían convertido en los mejores aliados de los actuales gestores murcianistas. Por un lado gracias a los procesos judiciales habían ido ganando tiempo. Por otro, gracias a un espaldarazo que para ellos parecía definitivo cuando la titular del Juzgado Mercantil número 1 de Murcia, María Dolores de las Heras, les dio la razón y tumbó la demanda en la que De la Vega pedía que se declarase nula la ampliación de capital que había devaluado sus acciones, que, además, todavía seguían sin ser inscritas en el libro de socios.

De un golpe María Dolores de las Heras cambiaba el guion y a partir de ahí todas las fichas empezaban a caer del lado del Real Murcia. Tras esa sentencia, escrita en apenas unas horas, la Federación Española pasó de dar la razón a De la Vega a ponerse del lado del consejo. También el Consejo Superior de Deportes.

A nadie le importaba ya qué ocurrió en aquella triste y vergonzosa Junta de 2018. Nadie se acordaba ya de las dudas en la ampliación de la que Tornel salió como máximo accionista. Las noticias iban por otro lado. El consejo de administración lograba sacar al Real Murcia de la UCI. Los actuales gestores rebajaban la deuda gracias a acuerdos con los acreedores concursales. Y el club dejaba de ocupar titulares por los impagos a los jugadores. Incluso Mauricio García de la Vega había renunciado a hacerse escuchar en el día a día, pasando al olvido para muchos.

Pero, ayer, de golpe, el mexicano consiguió una victoria después de muchas derrotas. Y no fue un triunfo cualquiera, porque la victoria que recibió ayer el norteamericano tiene mucho más valor que todas las logradas por el consejo de administración actual. Da igual que los aficionados no quieran a De la Vega. Tampoco importa ya que Tornel y su equipo se nieguen a inscribirle. O que el CSD y la RFEF cambiasen su criterio y dieran la espalda al representante. Por fin, el mexicano encontró alguien que le escuchase, y ese alguien es la Audiencia Provincial, que en el día de ayer emitió una sentencia que es una auténtica bomba y que pone en jaque al Real Murcia, posiblemente en el jaque más crítico de su ya complicada historia. No solo eso, también deja en mal lugar a todos los que han pasado por los despachos desde que en marzo de 2018 Deseado Flores y Miguel Martínez, en nombre de Raúl Moro, decidiesen secuestrar el club, poniendo de patitas en la calle al entonces ya dueño del 84% del capital social.

A mediodía de ayer saltaba la noticia. Al actual consejo de administración se le acababa la protección de María Dolores de las Heras. El actual consejo de administración, que no tuvo en cuenta que la ampliación de capital de 2018 estaba en un proceso judicial, convocando una segunda e incluso una tercera -la que a día de hoy está abierta-, recibió el golpe que nadie esperaba.

En una sentencia de 45 páginas, los magistrados de la sección 4 de la Audiencia Provincial desmontan uno por uno todos los puntos del escrito del Mercantil que daba la razón a los granas en detrimento del mexicano. Nada más conocerse el fallo, un terremoto se sucedió en las paredes de Nueva Condomina y en el murcianismo. Y es que la justicia, a la que siempre se habían agarrado en el club, esta vez les era esquiva. «Declaramos la nulidad de los acuerdos de ampliación de capital adoptados en la Junta General del Real Murcia de fecha del 4 de septiembre de 2018, dejándose sin efecto los adoptados en su ejecución sin imposición de las costas de ambas instancias», indica el texto, en el que también da una oportunidad a la entidad grana para revertir la situación. «Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta sala en el plazo de 20 días».

Una bomba de 45 páginas

Los magistrados de la Sección 4 de la Audiencia Provincial pusieron patas arriba el Real Murcia con solo 45 páginas. No solo anulan la ampliación de 2018. También todo lo que ha ido pasando después de ese proceso de venta de títulos que cambió el accionariado del Real Murcia, que a partir de ese momento quedó en manos de miles de aficionados, con Francisco Tornel en lo más alto del Libro de Socios, lista a la que también entraron distintas empresas. Y es que la AP considera que la Junta en la que se aprobó la ampliación no puede ser válida al no estar presente Mauricio García de la Vega. Pese a lo que han defendido desde el club en los últimos años, y a lo que dijo el propio Juzgado de lo Mercantil, ahora lo tribunales consideran que el mexicano debería haber sido inscrito desde el primer momento, porque el TAS solo hacía validar un contrato de compra y venta que se ejecutó a principios de marzo. Además defienden que no era necesario el famoso exequátur, indicando que las actuaciones del consejo de administración de Gálvez «carecían de objetividad» y califica de abusiva la limitaciones a la entrada de capital en la tercera fase de la ampliación de capital.

Mauricio García de la Vega recibió la noticia en México. El accionista del Real Murcia prefirió no hacer declaraciones a la espera de acontecimientos. Fue su abogado, Agustín Amorós, el que opinó tras conocer una sentencia que da la razón a su cliente. En declaraciones a Voces del Deporte, el letrado indicaba que «la consecuencia directa de la sentencia es la nulidad de aquellas acciones que fueron fruto de la ampliación de capital». No sabe hasta dónde llegarán los efectos de la nulidad, pero «sí directamente a aquellas personas que compraron aquellas acciones que se adquirieron durante aquella ampliación de capital». A la espera de ver cómo se van sucediendo los acontecimientos y de cómo reacciona el consejo de administración del club, que hoy ofrecerá una rueda de prensa, Amorós iba directo al grano y señalaba que lo primero que tienen que hacer los responsables de la entidad es «actualizar el Libro de Socios conforme a esta sentencia. Y pide que se haga incluso antes de que se ejecute, ya que, en su momento, el CSD se basó en resoluciones provisionales para denegar el expediente de actualización del Libro Registro. Amorós ha advertido de que «si no se acomoda la actuación del Real Murcia a esta sentencia, tendremos que iniciar otros procedimientos», como exigir al CSD que se proceda con la actualización del Libro.

¿Qué ocurrirá en el Real Murcia después de la sentencia de la Audiencia Provincial? Poco o nadie podría responder a esta pregunta ahora mismo. Los magistrados declaran nula la ampliación de 2018 y todo lo que ha ido ocurriendo posteriormente, pero cómo se aplica lo exigido por los tribunales. Y, si hay opción de recurso, ¿la sentencia actual tendría valor desde ya o habría que esperar al recurso? Todo son interrogantes sin respuesta. Porque nadie en el Real Murcia tenía previsto perder esta batalla en la Audiencia Provincial. A la espera de que hoy comparezca el consejo de administración y se conozcan sus reacciones, lo que está claro es que sobre el papel, la sentencia mete al Real Murcia en un auténtico caos. Desde hoy, el Real Murcia ya no contaría con 30.000 accionistas. Desde hoy, el Real Murcia contaría con 30.000 acreedores. Y es que, tras anularse las últimas dos ampliaciones de capital, el club murcianista tendrían que devolver todo el dinero recaudado durante ese proceso. Los 2,5 millones que se consiguieron deberían volver al bolsillo de cada uno de los que en los últimos años compraron acciones del Real Murcia. El capital social regresaría a 180.000 euros, entrando la entidad en causa de disolución. Además, el consejo actual debería abandonar el club para que De la Vega ocupase el despacho principal.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha abierto una crisis sin precedentes, una crisis que no es culpa ni de los tribunales ni del demandante, una crisis que se ha producido por la decisión de los últimos consejos de administración de tomarse la justicia por su mano y, en vez de buscar soluciones al despropósito provocado por Raúl Moro, llegando a un acuerdo con De la Vega, prefirieron ignorar al mexicano, llegando incluso a ridiculizarlo, pese a saber que era el dueño de un paquete de acciones por valor de 178.000 euros, estando en el Top 5 de máximos accionistas.